El anuncio de incrementos en las tarifas de electricidad y gas natural para más de un millón de hogares en Nueva York ha despertado enojo y preocupación entre residentes y autoridades locales. Las compañías Rochester Gas & Electric (RG&E) y New York State Electric & Gas (NYSEG), ambas bajo la matriz Avangrid, han solicitado a los reguladores estatales aumentos de hasta 26% en la electricidad y 22,2% en el gas, lo que para muchos clientes podría traducirse en facturas hasta 600 dólares más caras al año.
De acuerdo con la propuesta, el alza de tarifas se reflejaría en pagos mensuales 33 dólares más altos en electricidad y casi 19 dólares adicionales en gas para los usuarios de RG&E, mientras que NYSEG plantea aumentos de más de 33 dólares en ambos servicios. Los representantes de las empresas argumentan que los fondos servirán para modernizar la infraestructura energética y atender la creciente demanda en la red del estado.
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La respuesta de la comunidad
En audiencias públicas realizadas en Rochester, decenas de vecinos expresaron su oposición a lo que consideran un golpe inadmisible al bolsillo de las familias trabajadoras. La reunión en el Rochester Public Hall se convirtió en un espacio de protesta, donde ciudadanos y organizaciones sociales denunciaron que el alza impondría una carga desproporcionada en comunidades que ya enfrentan altos costos de vida.
Uno de los participantes, Kyle Rosenthal, advirtió que este tipo de medidas parecen más un beneficio para los accionistas que una solución para los residentes. “Si queremos seguir siendo un estado de oportunidades, con energía limpia y tarifas asequibles, estas subidas deben ser rechazadas”, declaró.
A su vez, grupos comunitarios han hecho un llamado a explorar alternativas sustentables que permitan equilibrar la necesidad de modernizar la red con la obligación de proteger a los consumidores más vulnerables.
Argumentos de las compañías
Según Avangrid, el incremento tiene como objetivo financiar inversiones estratégicas para la red eléctrica, mejorar la confiabilidad del servicio y crear alrededor de 1.100 empleos en Nueva York. Además, la empresa busca que su retorno de capital autorizado pase del 9,2% al 10%, lo que representaría un adicional de 16,2 millones de dólares en ingresos para la compañía.
Los representantes corporativos remarcan que este es apenas un punto de partida en la negociación con la Comisión de Servicios Públicos del Estado (PSC, por sus siglas en inglés). “La cifra final dependerá del acuerdo al que se llegue, y el alza podría implementarse en un plazo de dos a cinco años”, explicó Alexis Arnold, portavoz de Avangrid.
Sin embargo, los escépticos subrayan que la compañía enfrenta un déficit de confianza con los usuarios, luego de que RG&E y NYSEG recibieran este mismo año una sanción de 20 millones de dólares por fallas recurrentes en la atención al cliente.
Autoridades locales alzan la voz
El rechazo a los aumentos no solo ha provenido de los residentes, sino también de líderes locales. Miguel Melendez, presidente del Concejo Municipal de Rochester, sostuvo ante el juez encargado que los planes de las empresas deben examinarse con cautela. “Es evidente que nuestra red está obsoleta y hay una mayor demanda por servicios estables, pero debemos encontrar modos más inteligentes y sostenibles de generar y distribuir la energía, en lugar de modelos costosos”, señaló el edil.
De igual forma, Suzanne Shady, representante de la Asociación de Trabajadores de Servicios del Este, criticó la propuesta asegurando que las tarifas deben mantenerse asequibles y que imponer incrementos de esta magnitud perjudicaría a miles de familias. “Quienes vivimos en esta comunidad y en el estado tenemos la obligación de buscar opciones para que la vida sea más sostenible y positiva para todos”, puntualizó.
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La decisión final en manos del estado
La Comisión de Servicios Públicos de Nueva York será la encargada de evaluar el pedido de Avangrid y su filial. El organismo ya ha programado nuevas audiencias, incluida una prevista para el 8 de octubre en el Ithaca Town Hall, donde se espera otra gran participación ciudadana.
Por lo tanto, aunque las empresas insisten en que el proyecto busca garantizar mejoras en la infraestructura energética y fomentar empleos, el debate sigue abierto. Entre tanto, los hogares neoyorquinos mantienen la incertidumbre sobre si en los próximos años sus facturas podrían elevarse hasta 600 dólares adicionales al año, poniendo más presión en los presupuestos familiares.
