Una jueza federal detuvo este viernes el intento del Gobierno de Donald Trump de acelerar la deportación de inmigrantes que entraron legalmente a Estados Unidos mediante programas de parole, una decisión que ha sido considerada una victoria por defensores de los derechos de los inmigrantes. La medida impide temporalmente que personas con parole, que ya están en el país, sean deportadas. Esto ocurre mientras se resuelve su caso en los tribunales.
Pausa a las deportaciones con parole beneficia a inmigrantes con documentos vigentes
El fallo fue emitido por la jueza Jia Cobb, quien fue nombrada por el presidente Joe Biden. En su decisión, la magistrada dijo que el Gobierno cerró las vías legales para nuevos solicitantes de parole. También cambió las reglas para quienes ya habían ingresado legalmente. Esto afectó a quienes tenían documentos válidos, empleos o procesos migratorios en curso.
La jueza preguntó si estas personas, que huyen de la violencia y la persecución, podrían defenderse en el sistema legal de EE. UU. O si, en cambio, serían deportadas rápidamente. Cobb calificó la política de “arbitraria y caprichosa” y señaló que probablemente violaba el estatuto que regula las deportaciones aceleradas.
Varias personas se reúnen para protestar ante una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. EFE/EPA/Sarah Yenesel
Deportaciones con parole bajo revisión por los tribunales federales
La decisión del juez detiene tres políticas que se hicieron durante el mandato de Trump. Estas son las tres cosas importantes:
- Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de enero.
- Una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de febrero.
- La cancelación en marzo de los programas de parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El fallo beneficia a personas que ya habían recibido parole en los puertos de entrada a EE.UU. y que enfrentaban detenciones sorpresivas incluso después de presentarse ante jueces de inmigración o cumplir con los requisitos legales. La medida de la jueza se mantendrá vigente mientras se resuelve la demanda presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes.
Este caso es uno de los primeros desafíos legales importantes a la política migratoria en el nuevo mandato de Donald Trump. También prueba cómo los tribunales federales verán el poder ejecutivo. Esto es después del fallo de la Corte Suprema en el caso Trump v. CASA. Ese fallo limitó el alcance de las órdenes judiciales en todo el país.
Deportaciones con parole ponen en riesgo a más de dos millones de personas
La administración Trump quería usar la “expulsión acelerada”. Este mecanismo fue creado para migrantes que cruzan la frontera sin permiso. Sin embargo, se aplicó a personas que entraron con parole. Estas personas siguieron las instrucciones oficiales y vivían legalmente en el país.
Fotografía proporcionada por la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA). En la imagen, una persona muestra una ‘Tarjeta de Derechos’. EFE/CHIRLA
Abogados y activistas dijeron que esta política podría afectar a más de dos millones de personas. La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), CASA y UndocuBlack lideran la demanda. Estas organizaciones sostienen que el DHS viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad al tratar a los beneficiarios de parole como si hubieran entrado al país de forma ilegal. También denuncian una falta de debido proceso que afecta especialmente a comunidades vulnerables.
Pausa a las deportaciones
Hillary Li, abogada de los demandantes, dijo que los grupos están comprometidos. Quieren proteger a las comunidades migrantes de la amenaza de la deportación rápida. Además, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal, al considerarla un reconocimiento de que la política promovida por Trump carece de base legal.
El caso se enmarca en una disputa más amplia sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria.
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La demanda y la orden judicial son importantes en el clima político migratorio actual. Los cambios del Ejecutivo pueden cambiar el acceso a protecciones humanitarias, como el parole, para miles de personas en el futuro.
