Cientos de manifestantes se reunieron el domingo 17 de agosto de 2025 en varias tiendas Home Depot del sur de California para protestar contra las recientes redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado temor entre los jornaleros que buscan trabajo en los estacionamientos de estas tiendas. La indignación creció tras la muerte de Carlos Montoya, un trabajador de 52 años atropellado en la autopista 210 en Monrovia mientras, según testigos, huía de una redada de ICE. Las protestas piden que se detengan estas operaciones. También exigen un boicot nacional a Home Depot. Denuncian violaciones a los derechos de los inmigrantes. Además, critican un fallo judicial que prohíbe detenciones por raza o etnia.
Una tragedia que aviva la indignación
El fallecimiento de Carlos Montoya el 10 de agosto marcó un punto de inflexión para las comunidades inmigrantes de Los Ángeles. Según testigos, Montoya corría para escapar de agentes de ICE en el estacionamiento de un Home Depot en Monrovia cuando un vehículo lo arrolló.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que agentes lo estuvieran persiguiendo, los manifestantes consideran su muerte un símbolo de la brutalidad de las redadas. En 2025, ICE ha detenido a 1,200 personas en operativos en California, con 118 arrestos solo en Los Ángeles en junio, según datos del DHS. Estas acciones han generado pánico, especialmente en comunidades latinas, donde el 80% de los residentes de áreas como Paramount son hispanos, según el Censo de EE.UU.
Por lo tanto, los manifestantes han intensificado sus esfuerzos. En el Home Depot de Westlake, cerca del centro de Los Ángeles, y en Upland, muchas personas marcharon el domingo. Llevaban pancartas con frases como “ICE fuera de LA” y “No al miedo”. Los organizadores, liderados por la Coalición para el Boicot a Home Depot, que agrupa a 50 organizaciones, exigen que la compañía deje de ser un “escenario” para las redadas de ICE. “Home Depot no puede seguir siendo cómplice de estas políticas crueles”, afirmó Nathalie Dixon, activista local.
Acusaciones de violaciones judiciales
Los manifestantes dicen que las redadas de ICE rompen una orden de restricción temporal de un juez federal. Esta orden fue emitida en julio de 2025. Prohíbe detenciones basadas en raza, etnia o idioma en el Distrito Central de California. La orden, parte del caso Vasquez Perdomo v. Noem, responde a demandas de la ACLU y otras organizaciones que acusan a ICE de realizar “patrullas itinerantes” inconstitucionales. En Van Nuys, por ejemplo, agentes detuvieron a siete personas el 8 de agosto, cuatro con antecedentes penales, según el DHS. Sin embargo, Lindsey Horvath, supervisora del condado de Los Ángeles, acusó a ICE de ignorar la orden al realizar arrestos sin warrants y romper ventanas de autos.
En consecuencia, las protestas han ganado apoyo. Ciudades como Pasadena, Santa Monica y Oxnard se unieron a una demanda liderada por Los Ángeles contra el gobierno federal por prácticas de perfilamiento racial. La Corte Suprema de EE.UU. evalúa actualmente si levantará la restricción, con una audiencia programada para el 24 de septiembre. Mientras tanto, los activistas piden a los clientes que confronten a los gerentes de Home Depot y exijan el fin de la colaboración tácita con ICE.
Respuesta de Home Depot y tensiones locales
Home Depot, con 2,300 tiendas en EE.UU., asegura que no recibe notificaciones previas sobre las redadas y que cumple con todas las leyes federales y locales. “No sabemos de los arrestos hasta que terminan”, afirmó la portavoz Beth Marlowe. Sin embargo, los manifestantes critican a la cadena por permitir que sus estacionamientos sean utilizados como puntos de operación de ICE, afectando a jornaleros que buscan empleo diario. En el último mes, al menos 16 detenciones ocurrieron en Home Depot de Westlake, según el DHS.
Pese a todo, las protestas han escalado tensiones. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles en junio, tras enfrentamientos que dejaron 851 arrestos, según la policía local. La alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom calificaron la acción de “ilegal” y demandaron al gobierno federal por no coordinar con las autoridades estatales. Bass impuso un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad, vigente hasta el 13 de agosto, para frenar la violencia, aunque aseguró que la mayoría de las protestas han sido pacíficas.
Impacto en las comunidades inmigrantes
Las redadas han generado miedo generalizado. En áreas como Compton, donde el 70% de los residentes son latinos, muchos jornaleros evitan trabajar por temor a que las autoridades los detengan. Organizaciones como CHIRLA reportan un aumento del 40% en solicitudes de asistencia legal desde junio. “Las familias tienen miedo de ir al trabajo o a la escuela”, dijo Angelica Salas, directora de CHIRLA. Los activistas también advierten sobre estafas de inmigración, con reportes de falsos agentes exigiendo pagos a cambio de evitar deportaciones. Mientras las protestas continúan, Los Ángeles sigue siendo un epicentro de resistencia contra las políticas migratorias de la administración Trump, con un llamado a proteger los derechos constitucionales de todos los residentes.
