El 14 de agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, firmó una orden que otorga al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el control total del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington, D.C. Esta medida, parte de una intervención federal liderada por el presidente Donald Trump, busca abordar una supuesta “crisis de seguridad” en la capital, aunque datos oficiales muestran que los delitos violentos están en su nivel más bajo en 30 años. La acción ha desatado críticas por su impacto en la autonomía local y las políticas migratorias.
Federalización del MPD y rol de Terry Cole
El lunes, Trump invocó la Ley de Autonomía (Home Rule Act) de 1973 para asumir el control del MPD durante 30 días, delegando la supervisión a Bondi. La orden del jueves designó a Cole como “comisario de policía de emergencia”, otorgándole plenos poderes sobre el MPD, incluyendo la aprobación de todas las directivas policiales. Cole, quien asumió como jefe de la DEA el 24 de julio, tiene experiencia previa como secretario de Seguridad Pública de Virginia y 22 años en la DEA, con asignaciones en Colombia, Afganistán y México.
Por lo tanto, esta decisión relega a la jefa del MPD, Pamela Smith, y a la alcaldesa Muriel Bowser, generando tensiones con las autoridades locales. El fiscal general de D.C., Brian Schwalb, presentó una demanda el viernes, calificando la intervención como “ilegal” y una violación de la autonomía de los 700,000 residentes de la ciudad. Schwalb argumentó que la ley no permite al presidente destituir al jefe de policía ni alterar su cadena de mando.
Operativos y presencia federal
La intervención incluye el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional, activados bajo la autoridad del Departamento de Defensa, y 500 agentes federales de agencias como el FBI, ICE, la ATF y el Servicio de Alguaciles. Estos efectivos patrullan áreas clave como Union Station, The Wharf y Foggy Bottom, con puntos de control en zonas turísticas y de alta actividad. El Pentágono indicó que los guardias, entrenados en tácticas de desescalada, se enfocarán en seguridad de monumentos, control de multitudes y “embellecimiento” de la ciudad, aunque no realizarán arrestos directos.
En consecuencia, la presencia federal ha transformado la capital. El miércoles, se reportaron 45 arrestos, incluyendo 29 por motivos migratorios, según la Casa Blanca. Los operativos también buscan desmantelar campamentos de personas sin hogar, con 12 sitios despejados en áreas como McPherson Square. Organizaciones como Bread for the City denuncian que estas acciones desplazan a poblaciones vulnerables sin ofrecer alternativas claras.
Fin de las políticas de ciudad santuario
Un objetivo central de la intervención es eliminar las políticas de ciudad santuario de D.C., que desde 2019 limitan la cooperación del MPD con ICE. Bondi anuló directivas que prohibían a los agentes indagar sobre el estatus migratorio o arrestar basándose únicamente en órdenes migratorias federales. Esto ha generado preocupación en comunidades migrantes, que temen un aumento en las deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que en 2025 se han detenido a 56,600 indocumentados a nivel nacional, con un enfoque en ciudades santuario como D.C.
Pese a todo, la alcaldesa Bowser y Schwalb rechazaron la orden de Bondi, afirmando que carece de base legal. Bowser destacó que el MPD ya colabora con agencias federales en “fines federales”, pero no cederá el control de su policía. La concejal Christina Henderson respaldó esta postura, señalando que “ningún funcionario federal puede revocar leyes locales”.
Críticas y contexto de la “crisis”
Trump justificó la intervención como una respuesta a una “emergencia criminal”, citando un aumento del 35% en delitos violentos en 2023. Sin embargo, datos del MPD y un informe del Departamento de Justicia de 2024 muestran una caída del 26% en crímenes violentos en 2025, con homicidios reducidos en 32% y robos de autos en 53% desde el pico de 2023. Críticos, como el congresista Jamie Raskin, acusan a Trump de fabricar una crisis para justificar su agenda de “ley y orden”.
Además, la intervención se enmarca en el plan de Trump para extender medidas similares a ciudades como Nueva York y Los Ángeles, según el zar de inmigración Tom Homan. La ACLU y grupos de derechos civiles planean unirse a la demanda de Schwalb, argumentando que la federalización amenaza los derechos de los residentes y podría “sembrar caos” en el MPD, que cuenta con 3,100 agentes.
Reacciones y perspectivas
La presencia de Humvees, agentes federales y puntos de control ha generado malestar entre los residentes. Protestas espontáneas han surgido en áreas como U Street, donde el 10 de agosto se reportaron enfrentamientos menores. Mientras tanto, la Unión de Policías del MPD expresó un apoyo tentativo, afirmando que “algo debe hacerse” ante el crimen, aunque sin respaldar explícitamente a Cole. El exjefe de operaciones de la DEA, Michael Braun, defendió la capacidad de Cole para manejar ambos roles, pero reconoció que enfrentará “desafíos monumentales”.
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