El panorama para los inmigrantes que luchan por permanecer en Estados Unidos se vuelve significativamente más complejo y costoso bajo la actual administración. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este jueves en el Registro Federal una propuesta para ajustar los costos de ciertos trámites migratorios. El cambio más drástico recae sobre el Formulario I-246, utilizado para solicitar la suspensión temporal de una deportación. La propuesta busca elevar la tarifa actual de 155 dólares a la suma de 755 dólares.
Este incremento del 387% representa una barrera económica sustancial para familias que ya atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Según el documento oficial, los costos de este formulario no se han actualizado desde el año 1989. El Gobierno justifica esta medida bajo la necesidad de cubrir los gastos operativos directos e indirectos que conlleva el procesamiento de cada solicitud. Entre estos gastos se incluyen la detección de fraudes, la verificación de antecedentes y la atención personalizada al cliente.
La figura legal solicitada mediante el I-246 se conoce como “stay of removal”. Este recurso permite que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aplace temporalmente la expulsión de un individuo. Aunque no otorga un estatus migratorio permanente, ofrece un tiempo vital para que el afectado continúe batallando por sus derechos en las cortes. Sin este freno, miles de personas enfrentarían una salida inmediata del país sin agotar sus opciones en el marco del debido proceso.
¿Para qué se utiliza exactamente el formulario I-246 en procesos migratorios?
El Formulario I-246 funciona como una herramienta de emergencia para quienes tienen una orden final de deportación. El abogado Héctor Quiroga explica que este documento permite pedir un aplazamiento temporal de la ejecución de dicha orden. Es una pieza clave para personas con circunstancias humanitarias apremiantes o problemas médicos graves. También es fundamental cuando existen situaciones familiares complejas que requieren la presencia del individuo en suelo estadounidense mientras se resuelven otros trámites.
Es importante destacar que el “stay of removal” no elimina la orden de expulsión original ni garantiza una estancia legal definitiva. Sin embargo, detiene el reloj de la deportación por un periodo determinado. Durante ese tiempo, los abogados pueden intentar reabrir casos o solicitar otros beneficios migratorios que antes no estaban disponibles. El aumento de precio propuesto por el DHS podría impedir que muchas personas de bajos recursos accedan a este alivio temporal.
José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, advierte que este incremento pondrá “todavía más cuesta arriba” la defensa de los inmigrantes. Muchos afectados ya enfrentan deudas legales considerables y carecen de permisos de trabajo vigentes. Un salto de 155 a 755 dólares obliga a las familias a elegir entre pagar el trámite o cubrir necesidades básicas. Esta medida se percibe como una forma de limitar el acceso a la justicia mediante barreras económicas infranqueables.
¿Qué argumentos utiliza el DHS para justificar este incremento tarifario?
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la tarifa de 755 dólares es necesaria para que el sistema sea autosuficiente. El argumento central es que los contribuyentes estadounidenses no deberían soportar la carga financiera de procesar estas solicitudes. Según el ministerio, el nuevo costo reasignaría los gastos de adjudicación directamente a quienes reciben el servicio. Esto incluye la infraestructura necesaria para realizar revisiones exhaustivas y tareas administrativas complejas que realiza el gobierno federal.
El DHS también mencionó que este ajuste se alinea con la Orden Ejecutiva 14218 para garantizar la eficiencia administrativa. Además, señalaron que la convocatoria al comentario público es un paso obligatorio según la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Si el gobierno omitiera este proceso de 60 días para recibir opiniones ciudadanas, la norma podría ser demandada y bloqueada en tribunales. Por ello, el ministerio alienta a las partes interesadas a enviar datos y argumentos técnicos sobre la propuesta.
A pesar de estas justificaciones técnicas, el anuncio llega en un momento de crisis operativa para el sistema migratorio. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) registra actualmente un atasco que supera los 12 millones de solicitudes. La implementación de revisiones de seguridad más estrictas ha ralentizado todos los procesos. Muchos abogados temen que el encarecimiento de los formularios no resuelva la lentitud, sino que añada más burocracia y tiempos de espera.
¿Qué impacto tendrá esta medida en el futuro de la comunidad inmigrante?
La propuesta del gobierno de Trump genera una gran incertidumbre entre los grupos defensores de los derechos humanos. Expertos legales aseguran que el aumento del 387% en el I-246 podría saturar aún más las oficinas migratorias. Al ser un trámite de último recurso, el desespero de las familias podría llevar a errores en las presentaciones. Esto, sumado a las nuevas medidas de seguridad, obligaría a los oficiales a realizar revisiones mucho más lentas y exhaustivas de cada expediente pendiente.
¿Aún hay reembolsos COVID? Cómo solicitar tu dinero pendiente
Millones de contribuyentes pueden reclamar reembolsos por multas del covid-19 tras un fallo judicial clave....
¿Votas en California? Respondemos tus dudas sobre cómo votar
Guía completa para las primarias de California 2026: plazos, registro y cómo asegurar que tu...
Además, el incremento tarifario se suma a leyes estatales restrictivas, como la SB 4 en Texas, que también buscan acelerar las expulsiones. El entorno legal se vuelve hostil para quienes intentan regularizar su situación de forma legítima. Los abogados advierten que elevar los precios no detendrá el flujo de solicitudes, pero sí aumentará la desigualdad en el acceso a la defensa. Solo quienes tengan recursos económicos suficientes podrán comprar el tiempo necesario para evitar ser separados de sus familias.
El plazo de 60 días para el comentario público será decisivo para determinar el futuro de esta tarifa. Los comentarios más útiles serán aquellos que hagan referencia específica a partes técnicas de la norma propuesta. Al terminar este periodo, el DHS publicará la regla final que determinará cuándo entrará en vigor el nuevo precio. Mientras tanto, la comunidad inmigrante se prepara para un escenario donde la justicia migratoria será cada vez más un privilegio de pocos.
