Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este lunes los planes del presidente Donald Trump de enviar 300 miembros de la Guardia Nacional de California al estado de Oregón, donde el mandatario buscaba reforzar la presencia militar frente a las protestas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La jueza Karin Immergut, del Distrito de Oregón, emitió el fallo en respuesta a una moción presentada por el gobierno de California, encabezado por el demócrata Gavin Newsom. La decisión llega apenas días después de que la misma magistrada impusiera una orden temporal de 14 días que bloqueaba un despliegue similar de tropas del propio estado de Oregón hacia Portland.
De acuerdo con el escrito judicial, la nueva medida de la administración Trump “pretendía eludir el fallo anterior” mediante el envío de efectivos de otro estado. “El Estado de derecho ha prevalecido y la Guardia Nacional de California pronto volverá a casa. Este fallo es más que una victoria legal, es una victoria para la democracia estadounidense”, expresó Newsom tras conocerse la decisión judicial.
El fallido intento de intervención federal
El presidente Trump, que en las últimas semanas ha insistido en utilizar a la Guardia Nacional para “restaurar el orden interno”, había autorizado el despliegue de tropas hacia Portland con el argumento de que las protestas recientes se habían tornado “violentas” y estaban obstruyendo el trabajo de los agentes de inmigración.
Durante su administración, el mandatario ha defendido el uso de soldados en las calles para enfrentar lo que califica como “enemigos internos”. Sin embargo, su decisión volvió a chocar con las autoridades estatales, que acusan al Gobierno federal de sobrepasar sus límites constitucionales.
Trump sostiene que el envío de tropas a Oregón busca proteger infraestructuras federales y garantizar la seguridad de los agentes del ICE frente a las manifestaciones que se han multiplicado en el país tras la intensificación de las redadas migratorias. Pese a ello, tanto líderes locales como organizaciones civiles denuncian que esas medidas responden más a una estrategia política que a necesidades de seguridad reales.
Reacciones de los gobernadores
El gobernador Gavin Newsom calificó de “ilegal e irresponsable” el intento de usar fuerzas estatales sin autorización. En su declaración, aseguró que el presidente “intentó convertir a los soldados de California en instrumentos de su voluntad política” y advirtió que continuará acudiendo a los tribunales para defender la autonomía del estado.
Por su parte, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, celebró el fallo y reiteró que no existe justificación para un despliegue militar en Portland. “No hay ninguna insurrección ni amenaza que requiera la intervención de tropas federales. Lo que necesitamos son soluciones pacíficas, no soldados en nuestras calles”, afirmó durante una conferencia de prensa.
Kotek ya había denunciado anteriormente que la presencia de efectivos federales había contribuido a agravar la violencia durante las manifestaciones. En su opinión, el Gobierno federal “debería estar apoyando procesos de diálogo con los líderes comunitarios, no introduciendo más armas en las ciudades estadounidenses”.
La historia legal detrás del conflicto
El caso se suma a una serie de enfrentamientos legales entre las administraciones estatales y la Casa Blanca. En junio, otro tribunal declaró ilegal el intento de Trump de disponer de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional de California sin la aprobación del gobierno estatal, una acción que no se veía en Estados Unidos desde hacía más de seis décadas.
Aunque aquella decisión limitó sus poderes, el presidente conservó temporalmente la autoridad sobre unos 300 soldados aún desplegados en Los Ángeles, argumentando que eran necesarios para proteger edificios federales ante las protestas por los operativos migratorios.
La revisión judicial de ese caso marcó un precedente en materia de control federal sobre fuerzas estatales, dejando en claro que el presidente no puede reubicar unidades de la Guardia Nacional sin la autorización expresa de los gobernadores.
Nuevas tensiones por el uso de tropas
Este nuevo episodio profundiza las tensiones entre la Casa Blanca y los estados demócratas que se oponen a las redadas masivas y a la militarización de las ciudades. Desde inicios del año, Oregón y California se han convertido en los principales focos de resistencia a las políticas migratorias y de seguridad impulsadas por Trump.
El mandatario también ha ordenado recientemente trasladar 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Oregón e Illinois, una medida criticada por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien afirmó que “nunca fue consultado” sobre la decisión.
El Departamento de Seguridad Nacional mantiene su postura de que estos despliegues son necesarios para “salvaguardar la infraestructura crítica y restaurar la ley y el orden”. No obstante, expertos en derecho constitucional advierten que extender la autoridad federal sobre los cuerpos militares estatales sin el consentimiento de los gobernadores podría sentar un precedente peligroso.
Por el momento, la orden judicial de Immergut impide cualquier movilización adicional y reitera la necesidad de cooperación entre gobiernos estatales y federales. Las autoridades californianas esperan que el fallo siente las bases para frenar futuros intentos de intervención unilateral por parte de la administración Trump.
