Un juez federal de Nueva York permitió que las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 continúen su demanda contra Arabia Saudita, acusada de proporcionar apoyo material al grupo terrorista Al Qaeda. El fallo, emitido el 28 de agosto de 2025, rechaza la solicitud del reino para desestimar el caso, marcando un hito en una batalla legal que busca justicia por las casi 3,000 personas fallecidas en los atentados. Las familias señalan vínculos entre funcionarios saudíes y los secuestradores, desatando un debate sobre la responsabilidad de un aliado clave de EE.UU.
Un fallo crucial en Nueva York
El juez George Daniels, del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, denegó la moción de Arabia Saudita para desestimar la demanda, según un fallo de 45 páginas. Los demandantes, en su mayoría familiares de las víctimas, alegan que el gobierno saudí “conspiró, patrocinó y apoyó materialmente” a Al Qaeda antes de los ataques del 11S. Daniels destacó que las pruebas presentadas, especialmente sobre el papel de dos agentes saudíes, Omar al-Bayoumi y Fahad al-Thumairy, son suficientes para justificar que el caso avance a juicio. Arabia Saudita, por su parte, niega las acusaciones y argumenta que no hay jurisdicción bajo la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA).
Por ejemplo, la decisión refuerza la esperanza de las familias, que han luchado por casi dos décadas para esclarecer los hechos. “Acogemos con satisfacción este fallo exhaustivo que nos acerca a la verdad”, afirmó Sean P. Carter, abogado de los demandantes, en un comunicado.
La Ley JASTA y su impacto
En 2016, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley JASTA, que permite a víctimas de ataques terroristas demandar a gobiernos extranjeros por apoyo material a terroristas, incluso si no están en la lista oficial de estados patrocinadores del terrorismo. Esta legislación abrió la puerta a la demanda presentada en 2017 por familiares de 800 víctimas del 11S, quienes buscan compensación económica y respuestas sobre la presunta complicidad saudí. Aunque Arabia Saudita logró desestimar una demanda similar en 2015, una apelación reabrió el caso, fortalecida por JASTA.
Además, el fallo de Daniels desestima los argumentos saudíes de que las acciones de sus agentes, como al-Bayoumi, fueron “coincidencias inocentes”. El juez señaló que las explicaciones del reino, como un dibujo de un avión hallado en la casa de al-Bayoumi atribuido a tareas escolares de su hijo, carecen de solidez frente a las pruebas presentadas.
El rol de los agentes saudíes
La controversia se centra en Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, dos secuestradores del vuelo que impactó el Pentágono. En 2000, ambos recibieron ayuda de Omar al-Bayoumi, un saudí con presuntos lazos con el gobierno, quien les facilitó un apartamento en Los Ángeles. Los demandantes alegan que al-Bayoumi y Fahad al-Thumairy, un imán ligado a la embajada saudí, actuaron como enlaces para apoyar a los terroristas. El bufete Kreindler & Kreindler, que representa a las familias, afirmó que el fallo “garantiza la búsqueda de justicia y allana el camino para un juicio completo”.
Pese a todo, Arabia Saudita insiste en su inocencia, destacando su alianza con EE.UU. en la lucha contra el terrorismo. Un portavoz de la embajada saudí en Washington reiteró que “no hay evidencia” de apoyo institucional a Al Qaeda, citando informes de la Comisión del 11S de 2004 y del FBI de 2005.
Voces de las víctimas
Las familias han expresado frustración por la falta de transparencia. En 2021, cerca de 1,800 demandantes pidieron al presidente Joe Biden que desclasificara documentos secretos, argumentando que podrían probar la complicidad saudí. “Llevamos 24 años buscando respuestas”, dijo Brett Eagleson, hijo de una víctima. Para asistencia legal, las familias pueden contactar a firmas como Kreindler & Kreindler al 1-800-331-2782. Mientras el caso avanza, las víctimas mantienen su lucha por rendición de cuentas en uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense.
