Funcionarios militares de Estados Unidos están evaluando opciones para lanzar ataques contra narcotraficantes dentro del territorio venezolano en las próximas semanas. Estas operaciones se centrarían en golpes precisos con drones dirigidos a líderes de grupos delictivos y laboratorios de procesamiento de drogas. El presidente Donald Trump aún no ha dado luz verde a ninguna acción, pero el despliegue reciente de fuerzas en el Caribe sugiere una escalada en la lucha contra el tráfico desde Venezuela. Esta movida responde a acusaciones de Washington de que el gobierno de Nicolás Maduro tolera o incluso dirige redes de narcotráfico que envían cargamentos hacia territorio estadounidense.
El anuncio llega en medio de tensiones crecientes entre ambos países, donde EE.UU. ha intensificado patrullas marítimas y operaciones en el sur del Caribe desde el verano pasado. Fuentes cercanas al Pentágono indican que los planes buscan disruptir rutas clave de contrabando sin involucrar tropas terrestres. Al menos cuatro narcolanchas vinculadas a Venezuela han sido destruidas en aguas del Caribe por el contingente estadounidense, compuesto por destructores, buques anfibios y aviones de combate. Estas acciones preliminares marcan el inicio de una campaña más amplia contra lo que la Casa Blanca llama el Cartel de los Soles, una supuesta organización ligada a altos funcionarios venezolanos.
Despliegue militar y acusaciones contra Maduro
Desde julio, EE.UU. ha posicionado un submarino de propulsión nuclear y más de una docena de aeronaves en la región para monitorear flujos de drogas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que el gobierno de Maduro no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico, lo que justifica una respuesta más agresiva. «El régimen venezolano protege a estos criminales, permitiendo que veneno llegue a nuestras calles», declaró Rubio en un comunicado reciente del Departamento de Estado.
Venezuela, por su parte, ve este movimiento como una maniobra política para presionar un cambio de régimen. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Caracas denunció ante la ONU una «amenaza militar ilegal» que viola la soberanía nacional. Maduro ha acusado a Washington de usar el pretexto del narco para justificar intervenciones, similar a tácticas pasadas en la región. En respuesta, el presidente venezolano envió una carta a Trump solicitando reanudar diálogos con el enviado especial Richard Grenell, excluyendo a Rubio por considerarlo un obstáculo.
Grenell, designado para manejar asuntos con Venezuela, confirmó en una rueda de prensa que mantiene canales abiertos con Caracas pese a las fricciones. «Estamos enfocados en soluciones diplomáticas, pero la seguridad regional no puede ignorar el flujo de drogas», dijo el enviado. Estas declaraciones contrastan con la ambigüedad de Trump, quien al ser consultado sobre posibles ataques respondió: «Bueno, ya lo descubrirán». Esta frase, pronunciada en la Casa Blanca, alimenta especulaciones sobre el timing de cualquier ofensiva.
El Cartel de los Soles, según informes del Departamento de Justicia de EE.UU., opera con complicidad estatal y envía toneladas de cocaína anualmente hacia el norte. En 2024, autoridades federales incautaron más de 1.200 toneladas de drogas procedentes de rutas venezolanas, un récord que subraya la magnitud del problema. Expertos en seguridad estiman que estos ataques con drones podrían neutralizar hasta el 20% de la capacidad de producción en laboratorios clave, sin riesgo directo para personal estadounidense.
Diálogo congelado y posibles consecuencias
El intercambio epistolar entre Maduro y Trump resalta el estancamiento en las relaciones bilaterales. Caracas propone mesas de negociación centradas en cooperación antidrogas, pero insiste en que EE.UU. levante sanciones económicas impuestas desde 2017. Trump, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU esta semana, arremetió contra «matones terroristas que trafican veneno» hacia América, apuntando implícitamente a Venezuela sin nombrarla.
Desde el punto de vista militar, los planes priorizan precisión para evitar bajas civiles. Drones como el MQ-9 Reaper, desplegados en bases caribeñas, permitirían strikes quirúrgicos basados en inteligencia satelital y de aliados regionales. El Comando Sur de EE.UU. ha coordinado ejercicios conjuntos con Colombia y Panamá para compartir datos sobre movimientos de narcotraficantes. En Venezuela, la movilización ha llevado a alertas en zonas fronterizas como Apure y Táchira, donde grupos como el ELN y disidencias de las FARC operan laboratorios. Autoridades locales reportan un aumento en patrullas internas, temiendo incursiones aéreas. Maduro ordenó ejercicios defensivos con sistemas antiaéreos rusos, elevando el riesgo de confrontación accidental.
Analistas en Washington advierten que una acción unilateral podría complicar esfuerzos multilaterales en la OEA, donde aliados como Brasil y México piden cautela. Sin embargo, encuestas internas del gobierno Trump muestran apoyo bipartidista a medidas firmes contra el narco, con el 68% de estadounidenses favoreciendo intervenciones selectivas. Mientras el Pentágono refina opciones, el foco permanece en inteligencia humana para identificar blancos de alto valor. Grenell reiteró que cualquier decisión priorizará la diplomacia, pero la ventana para un acuerdo se cierra con el avance de los planes operativos. En el Caribe, buques estadounidenses patrullan rutas clave, recordando a todos que la batalla contra los narcotraficantes de Venezuela está lejos de terminar.
