La administración del presidente Donald Trump ha vuelto a llevar el debate sobre la ciudadanía por nacimiento ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Este viernes, el equipo legal del Ejecutivo solicitó a los nueve magistrados que examinen la constitucionalidad de una orden ejecutiva firmada por Trump. La medida busca poner fin al derecho automático de ciudadanía para niños nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visados temporales. Esta apelación representa el segundo intento de la Casa Blanca por involucrar al alto tribunal en un tema que toca el corazón de la Enmienda 14 de la Constitución.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumenta en el documento presentado que los fallos de tribunales inferiores debilitan la seguridad en las fronteras del país. Sauer enfatiza que esas decisiones judiciales extienden indebidamente la ciudadanía a personas que no reúnen los criterios establecidos. “Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen los requisitos”, declaró Sauer en la apelación.
La Enmienda 14 establece claramente que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana del país. Durante más de un siglo, esta disposición ha garantizado la ciudadanía automática al nacer para la mayoría de los bebés en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, Trump ha cuestionado repetidamente esta interpretación, argumentando que originalmente se diseñó para proteger a los hijos de esclavos liberados y no para cubrir a los descendientes de inmigrantes modernos. Su orden ejecutiva intenta limitar el alcance de esa enmienda a casos donde al menos un progenitor sea ciudadano o residente permanente legal.
Antecedentes de la orden ejecutiva
Durante su primer período presidencial, en 2018, ya había propuesto una orden similar, pero enfrentó bloqueos inmediatos de cortes federales que la declararon inconstitucional. Aquella vez, el presidente la describió como una forma de detener lo que llamó “turismo de nacimiento”, un término que usa para referirse a viajes planeados con el fin de obtener ciudadanía para los hijos. Ahora, con un control renovado sobre el Ejecutivo, Trump firmó la orden al segundo día de asumir el cargo en enero de 2025.
Esta acción ejecutiva ha generado una oleada de litigios en todo el país. Al menos tres jueces federales han emitido fallos en contra, suspendiendo su aplicación y argumentando que viola directamente la redacción clara de la Enmienda 14. Uno de esos casos surgió en New Hampshire, donde un tribunal distrital determinó que la orden excede las poderes presidenciales y amenaza con crear un sistema de clases de ciudadanía basado en el origen familiar. Otro fallo clave proviene del Noveno Circuito de Apelaciones en California, emitido en julio de 2025, que rechazó la medida por considerarla un intento de reescribir la Constitución mediante decreto administrativo.
En junio de 2025, el alto tribunal falló a favor de la administración en un aspecto relacionado, aunque no sobre los méritos de la orden en sí. Aquella decisión se limitó a la jurisdicción de los jueces menores, declarando que no podían imponer bloqueos universales sin evidencia suficiente de daño inminente. Ese revés parcial para los opositores impulsó a Trump a persistir, viéndolo como una señal de que la Corte, con su mayoría conservadora, podría inclinarse hacia una reinterpretación más restrictiva de la enmienda constitucional. El presidente ha reiterado en discursos públicos que la provisión actual atrae a “miles de personas que entran ilegalmente solo para asegurar ciudadanía a sus hijos”.
Argumentos legales
Desde la perspectiva de la administración, reinterpretar la Enmienda 14 no solo fortalecería el control migratorio, sino que alinearía las políticas estadounidenses con las de naciones europeas que exigen lazos parentales para otorgar ciudadanía al nacer. Sauer, en su rol como principal defensor legal del gobierno, ha invocado precedentes históricos para respaldar esta visión. Él argumenta que la frase “sujeta a la jurisdicción” en la enmienda excluye a hijos de diplomáticos o invasores extranjeros, y por extensión, a los de indocumentados. Esta lectura gana tracción en círculos conservadores que ven en ella una herramienta para reducir la presión sobre servicios públicos en comunidades con alta población inmigrante.
Críticos dentro del sistema judicial advierten que esta movida erosiona un pilar de la identidad americana: el sueño de igualdad de oportunidades desde el nacimiento. El fallo del Noveno Circuito, por ejemplo, citó decisiones históricas como United States v. Wong Kim Ark de 1898, que confirmó la ciudadanía por nacimiento incluso para hijos de inmigrantes chinos no ciudadanos. Ese precedente, ignorado en la apelación de Sauer, subraya la dificultad que enfrenta Trump para convencer a la Corte de un cambio tan radical.
Impacto en la inmigración
Mientras la apelación avanza, la ciudadanía por nacimiento permanece como un derecho intacto. Familias en ciudades como Los Ángeles y Miami esperan con ansiedad, sabiendo que el veredicto de la Corte Suprema podría redefinir generaciones enteras. La administración, por su parte, prepara argumentos adicionales para audiencias orales, apostando a que esta segunda ronda incluya un examen de fondo sobre la enmienda. Sauer ha prometido defender la posición del Ejecutivo con vigor, convencido de que el fallo inclinará la balanza hacia una frontera más segura.
En el contexto más amplio de la política migratoria de Trump, esta batalla legal forma parte de una serie de medidas agresivas, incluyendo expansiones en detenciones y revisiones de asilo. El presidente ha vinculado explícitamente la ciudadanía por nacimiento a su promesa de “América primero”. Mientras tanto, el reloj corre: la Corte Suprema podría aceptar el caso en las próximas semanas, potencialmente para el término de primavera de 2026.
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El impacto potencial de una victoria para Trump sería profundo. Anualmente, se estima que alrededor de 300.000 niños nacen en Estados Unidos de padres no ciudadanos, según datos del Centro de Estudios de Inmigración. Si la Corte Suprema avala la orden, estos infantes podrían enfrentar un limbo legal, creciendo sin ciudadanía plena y con riesgos de deportación familiar. Organizaciones como el Departamento de Estado han comenzado a ajustar protocolos preliminares, aunque nada se aplica hasta una resolución final. En la frontera sur, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza reportan un leve descenso en cruces irregulares desde la firma de la orden, atribuido en parte al temor a sus consecuencias futuras.
