El uso de drones Predator por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para vigilar protestas pacíficas en Los Ángeles ha desatado una ola de críticas por parte de senadores demócratas, quienes advierten sobre graves violaciones a la privacidad y los derechos constitucionales. En una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los senadores Alex Padilla, Adam Schiff y Edward J. Markey denunciaron el despliegue de estos drones durante las manifestaciones de junio de 2025 contra las redadas de ICE, calificando la vigilancia como una amenaza a las libertades fundamentales. Con tensiones crecientes por la militarización de la ciudad, el debate sobre el uso de tecnología avanzada en protestas ciudadanas está en el centro de la controversia.
Vigilancia aérea en protestas pacíficas
El 8 de junio, durante las protestas en Paramount y Los Ángeles contra las redadas de inmigración, el DHS empleó drones Predator equipados con cámaras de alta resolución capaces de identificar rostros en multitudes, según un comunicado de los senadores Padilla, Schiff y Markey. Estas manifestaciones, desencadenadas por operativos de ICE que detuvieron a 319 personas en una granja de cannabis, según CBS News, fueron mayoritariamente pacíficas. Sin embargo, el DHS publicó un video en X el 10 de junio, mostrando imágenes de los drones con un mensaje que calificaba a los manifestantes de “alborotadores” y exigía a los políticos de California “controlar a su turba”. Los senadores, junto con Bernie Sanders y Chris Van Hollen, argumentaron que esta acción busca intimidar a quienes ejercen su derecho a la protesta, protegido por la Primera Enmienda.
Por su parte, los legisladores denunciaron que el DHS no ha justificado el uso de drones ni aclarado qué datos recopiló. En 2023, el 70% de las ciudades estadounidenses con más de 100,000 habitantes usaron vigilancia aérea en protestas, según un informe de la ACLU, lo que intensifica las preocupaciones sobre la privacidad. La carta de los senadores exige respuestas para el 21 de agosto sobre los equipos de vigilancia utilizados, si se identificaron individuos mediante reconocimiento facial y los protocolos de manejo de datos.
Un eco de regímenes autoritarios
La vigilancia aérea, según los senadores, recuerda tácticas de regímenes autoritarios que usan tecnología para reprimir la disidencia. “Incluso si la tecnología fuera precisa, podría disuadir a los ciudadanos de ejercer sus derechos de reunión y expresión”, escribieron. En 2024, el uso de reconocimiento facial en protestas llevó a detenciones erróneas en el 15% de los casos, según la Electronic Frontier Foundation, afectando desproporcionadamente a comunidades minoritarias. La publicación del video del DHS, que viola sus propias políticas de divulgación de imágenes, según los senadores, parece diseñada para generar temor, desalentando la participación en manifestaciones.
Además, el incidente con el senador Padilla, quien fue esposado y retirado a la fuerza de una conferencia de prensa de Noem el 12 de junio tras intentar hacer una pregunta, ha avivado las críticas. “Si así tratan a un senador, imagina lo que hacen con los trabajadores inmigrantes”, dijo Padilla a NBC News. Este episodio, ampliamente difundido, ha intensificado las acusaciones de abuso de poder contra la administración de Trump, que desplegó 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, según Reuters.
Llamado a la transparencia y desmilitarización
Pese a todo, los senadores han tomado medidas para frenar estas tácticas. Padilla, líder en la oposición a la militarización, bloqueó el nombramiento del teniente general Thomas Carden como subdirector de la Oficina de la Guardia Nacional hasta que se retiren todas las fuerzas militares de Los Ángeles, según su declaración del 17 de julio. También presentó la Ley VISIBLE, que exige a los agentes de ICE mostrar identificación visible durante operativos públicos. En junio, el juez Charles Breyer falló que la federalización de la Guardia Nacional de California fue ilegal, aunque una apelación mantiene a 2,000 soldados y 700 marines en la ciudad, según Reuters.
La presión crece para que el DHS revele cómo maneja los datos de vigilancia y si utiliza reconocimiento facial, una práctica que en 2024 generó 20 demandas por violaciones de privacidad, según la ACLU. Mientras tanto, la administración de Trump defiende su enfoque, afirmando que protege propiedades federales. Con más protestas previstas y una ciudad bajo tensión, los senadores exigen respuestas claras para garantizar que los derechos constitucionales no sean sacrificados en nombre de la seguridad.
