Una demanda federal acusa al gobierno de Estados Unidos de aplicar tácticas inconstitucionales contra inmigrantes durante redadas en el sur de California. La denuncia busca frenar un “estado de asedio” en Los Ángeles.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han presentado una demanda federal contra el gobierno del presidente Donald Trump por lo que describen como un “estado de asedio” en Los Ángeles. La querella, interpuesta el miércoles ante un tribunal del distrito sur de California, busca una orden de restricción temporal que prohíba el uso de tácticas consideradas inconstitucionales por parte de las autoridades federales de inmigración.
Según los demandantes, las redadas han escalado hasta convertirse en operativos violentos y discriminatorios que han aterrorizado a comunidades enteras. La demanda denuncia que las autoridades han detenido a personas sin orden judicial ni causa probable, y que ellas han privado a muchas de acceso a representación legal mientras las retienen en condiciones precarias.
“Estado de asedio” en Los Ángeles por redadas masivas
Los abogados que representan a los afectados alegan que la ciudad de Los Ángeles y otras zonas del sur de California se encuentran bajo una especie de “estado de asedio” debido a la intensidad de las operaciones federales. Denuncian que agentes armados, muchos enmascarados y en vehículos sin identificación, han realizado detenciones indiscriminadas en sitios públicos como paradas de autobús, estacionamientos, calles y hasta túneles de negocios privados.
Un testigo captó un video que muestra a un residente de Los Ángeles, Brian Gavidia. En él, los agentes empujan a Gavidia contra una cerca mientras él grita que nació en Estados Unidos, en el este de Los Ángeles. A pesar de que él mostró su identificación, los agentes lo retuvieron brevemente. Según la demanda, ellos no le ofrecieron explicación ni se identificaron como funcionarios públicos.
Brian Gavidia told us he was stopped by a Border Patrol agent in Montebello and despite telling him he was American, was pushed against this fence. He said he gave his real ID to the agent and never got it back. CBP did not explain what happened here. Here’s video his friend took pic.twitter.com/CJh640p5Qj
— Brittny Mejia (@brittny_mejia) June 13, 2025
La situación ha generado miedo entre los trabajadores, empresarios y residentes. Emmanuel Karim, gerente de un lavado de autos en el condado de Los Ángeles, relató que agentes encapuchados ingresaron a su negocio sin anunciarse ni identificarse. “Pensamos que estábamos siendo asaltados”, dijo. Dos de sus empleados fueron detenidos durante el operativo.
Condiciones inhumanas en centros de detención
La denuncia también expone condiciones de detención que la han calificado como inhumanas. Familiares de detenidos han reportado que, en algunas instalaciones federales del centro de Los Ángeles, las autoridades mantienen a las personas incomunicadas, hacen que duerman en el suelo y solo les dan comidas limitadas que consisten en papas fritas o galletas. Según los testimonios recogidos, algunos incluso han tenido que beber agua directamente de los inodoros.
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Los abogados denuncian que presionan a los detenidos, en su mayoría inmigrantes latinos, para que firmen documentos de salida voluntaria sin saber qué están aceptando. Muchos de ellos ni siquiera han podido comunicarse con sus familias ni contactar con un abogado para defenderse.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en el Capitolio. EFE/EPA/Win Mcnamee/ POOL
Este escenario ha provocado protestas masivas en varias ciudades de California. Miles de personas han salido a las calles para manifestarse contra las redadas, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y las detenciones arbitrarias. Más de 40 personas han sido arrestadas en los disturbios posteriores, incluyendo jóvenes acusados de violencia contra la policía y daños a la propiedad.
“Estado de asedio” en Los Ángeles y demandas legales
El caso que presentaron centra su atención en tres inmigrantes detenidos, varios ciudadanos estadounidenses que afectaron los operativos y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), las cuales han calificado las redadas como una “caza masiva” en comunidades vulnerables. El abogado Mohammad Tajsar, de ACLU, afirmó que “han atacado a la comunidad de forma sistemática, muchas veces a punta de pistola y sin justificación alguna”.
La demanda también incluye a ciudadanos estadounidenses. Las autoridades han detenido a estos ciudadanos por error y sin justificación legal. Ellos retuvieron a uno de ellos pese a que él mostró su identificación válida. Los abogados aseguran que este tipo de acciones demuestran que el enfoque del gobierno federal se basa en el perfil racial más que en fundamentos legales sólidos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional negó todas las acusaciones. Tricia McLaughlin, vocera adjunta de la agencia, calificó las acusaciones como “repugnantes y categóricamente falsas”. Aseguró que las operaciones son “altamente específicas” y que todos los detenidos reciben comida, atención médica y acceso a sus abogados.
A pesar de estas declaraciones, los demandantes buscan una orden judicial que limite las operaciones de los agentes federales en siete condados del sur de California. El objetivo es evitar nuevas violaciones de derechos humanos en medio de un clima creciente de tensión política y social en torno a la inmigración.
Las redadas, además, coinciden con una demanda que el propio gobierno de Trump presentó recientemente contra la ciudad de Los Ángeles, buscando invalidar una ley local que protege a inmigrantes indocumentados. Esta confrontación legal podría escalar en los próximos días, en un contexto ya marcado por las protestas y la indignación ciudadana.
