La Ciudad de los Vientos palpita con una mezcla de miedo e indignación mientras se confirma el despliegue de 100 efectivos de la Guardia Nacional en Illinois. Esta medida, solicitada por el Departamento de Seguridad Nacional para proteger a agentes del ICE durante la Operación Midway Blitz, ha encendido alarmas en comunidades inmigrantes y generado un pulso de protestas callejeras. El gobernador JB Pritzker, un demócrata vocal contra las políticas del presidente Donald Trump, califica la acción como un “ataque a la Constitución” que busca intimidar en lugar de combatir el crimen.
La operación, lanzada el 8 de septiembre en honor a Katie Abraham –una víctima de un accidente causado por un inmigrante indocumentado–, ha resultado en más de 700 detenciones en tres semanas. Agentes federales, equipados con chalecos tácticos y armas largas, han irrumpido en barrios como Pilsen y Little Village, deteniendo a vendedores ambulantes, jornaleros en Home Depot y transeúntes en el Loop. Sin embargo, críticos alegan que muchas capturas carecen de órdenes judiciales, incluyendo al menos tres ciudadanos estadounidenses en redadas como la de Elgin el 16 de septiembre.
Pese a todo, el Departamento de Seguridad Nacional defiende la blitz como un esfuerzo contra “criminales ilegales” como miembros de la pandilla Tren de Aragua, violadores y traficantes de drogas. El portavoz Sean Parnell del Pentágono confirmó que la solicitud de asistencia busca resguardar personal y propiedades federales, siguiendo protocolos establecidos. Por lo tanto, los efectivos llegarán en los próximos días, posiblemente federalizados contra la voluntad del estado.
Protestas en las calles: Residentes rechazan las redadas
En barrios predominantemente latinos, donde el 29% de la población de Chicago es hispana –principalmente de origen mexicano–, la resistencia ha sido inmediata y organizada. Redes de respuesta rápida, como la del Southwest Side, documentan incursiones con videos y alertas en tiempo real, coordinando apoyo legal a través del National Immigration Justice Center. El sábado pasado, cientos marcharon por Michigan Avenue, coreando “No somos criminales” frente a un convoy de vans del ICE.
Una de las detenciones más controvertidas ocurrió el 27 de septiembre cerca de un Home Depot en el suroeste, donde capturaron a Laura Murillo, una vendedora de tamales y madre de cuatro hijos sin antecedentes penales. Su familia contrató un abogado mientras ella permanece en el centro de procesamiento de Broadview, un sitio que ya vio protestas violentas la semana pasada. Además, un incidente fatal en Franklin Park –donde un hombre arrastró a un agente con su vehículo, resultando en un tiroteo– ha elevado la temperatura, con la policía local investigando si fue un intento de fuga o pánico.
El alcalde Brandon Johnson, aliado de Pritzker, denunció la falta de notificación previa sobre la operación, argumentando que viola los derechos de una ciudad santuario. En consecuencia, concejales han impulsado resoluciones para limitar la cooperación con federales, aunque la ley federal prevalece en temas de inmigración.
Pritzker al frente: “No es seguridad, es intimidación”
El gobernador JB Pritzker, heredero de la fortuna Hyatt y posible aspirante presidencial en 2028, ha convertido esta crisis en un frente de batalla contra Trump. En una rueda de prensa el 29 de septiembre, acusó al DHS de “sembrar caos” al no enfocarse en criminales violentos, sino en trabajadores comunes. “No se trata de combatir la delincuencia, se trata de sembrar el miedo y la intimidación entre los estadounidenses. Se trata de consolidar el poder en manos de Donald Trump”, declaró, flanqueado por líderes sindicales y pastores evangélicos.
Pritzker, quien activó la Guardia Nacional durante las protestas de 2020 por George Floyd, enfatizó que Illinois no enfrenta una emergencia que justifique tropas federales. “Lo que he advertido se está haciendo realidad. Nada de lo que Trump hace hace a Illinois más seguro”, añadió, refiriéndose a despliegues previos en Los Ángeles y Washington D.C. Sin embargo, el Pentágono insiste en que el envío es defensivo, citando agresiones a agentes en Broadview, donde manifestantes arrojaron objetos durante una protesta en 1930 Beach Street.
Por lo tanto, el gobernador ha instruido a la policía estatal a no asistir en redadas, priorizando la soberanía local. Organizaciones como la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights reportan un aumento del 40% en llamadas de pánico desde el inicio de la blitz, con familias hispanas y afroamericanas –que juntas superan el 45% de la población– temiendo separaciones.
Detenciones controvertidas: De jornaleros a ciudadanos erróneos
La Operación Midway Blitz, supervisada por la secretaria Kristi Noem, ha neteado arrestos por crímenes graves como asalto sexual infantil, robo armado y batería doméstica, según el DHS. El 10 de septiembre, ICE anunció capturas de “pedófilos, abusadores y matones violentos” en la ciudad santuario. No obstante, abogados del NIJC han presentado demandas alegando detenciones sin causa probable, incluyendo allanamientos violentos con armas de largo alcance en zonas residenciales.
En el centro de Chicago, agentes de la Patrulla Fronteriza patrullaron el río con botes por primera vez, deteniendo a varios en River North. Un testigo del raid en Home Depot describió a 20 agentes en equipo militar “como en una zona de guerra”, cuestionando la proporcionalidad. Pese a todo, el DHS celebra el operativo como un “éxito inicial”, con más recursos de la Border Patrol de California, liderados por Gregory Bovino.
Comunidades afroamericanas, que representan el 29% de los residentes, se suman al rechazo, viendo paralelismos con perfiles raciales históricos. Líderes como el reverendo Jesse Jackson han llamado a boicots contra negocios que cooperan con ICE, amplificando la solidaridad interétnica.
El pulso de la ciudad: ¿Escalada o contención?
Mientras convoys federales circulan por Humboldt Park, residentes instalan “zonas seguras” en iglesias para asesoría gratuita. El 30 de septiembre, una vigilia en Daley Plaza reunió a 500 personas, con carteles que decían “Chicago resiste”. Pritzker ha prometido demandas federales si las tropas interfieren con la policía local, argumentando violación a la 10ma Enmienda.
Además, el despliegue coincide con un descenso del 15% en crímenes violentos en Chicago este año, según datos de la policía, desmintiendo narrativas de “caos” promovidas por la Casa Blanca. En respuesta, Johnson ha solicitado fondos estatales para defensores inmigrantes, cubriendo al menos 200 casos pro bono.
La tensión crece con rumores de más raids en cortes como la de Cook County, donde ICE ha acechado audiencias. Mientras el sol se pone sobre el skyline, sirenas lejanas recuerdan que la Ciudad de los Vientos no cede fácilmente, tejiendo su historia de resiliencia en medio de la tormenta federal.
