Mientras el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos cumple su quinta semana, millones de familias se preparan para enfrentar uno de los inviernos más duros sin apoyo para pagar la calefacción. La falta de fondos ha paralizado el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés), vital para el bienestar de casi 6 millones de hogares en todo el país.
El retraso en la entrega de recursos llega justo cuando las temperaturas comienzan a caer en gran parte del territorio, generando alarma entre expertos y organizaciones sociales. “El impacto será profundo si no resolvemos este problema”, advirtió Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, que representa a los estados encargados de administrar el programa.
Una ayuda esencial congelada por la crisis
El LIHEAP, dotado con más de 4,100 millones de dólares, asiste a familias de bajos ingresos en el pago de electricidad, calefacción y aire acondicionado. Su creación en 1981 respondió a una necesidad urgente: evitar tragedias durante el invierno en hogares sin recursos para costear los elevados precios del combustible o el gas doméstico.
La jubilada Jacqueline Chapman, de 74 años, vive en Filadelfia y depende de un cheque mensual del Seguro Social de 630 dólares. “Siento que vivo en tiempos aterradores. No hay mucho que pueda hacer”, relató. Como muchos beneficiarios, teme perder la ayuda energética que complementa sus gastos básicos.
El problema va más allá del frío. El cierre del Gobierno también ha afectado al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos. Al mismo tiempo, los precios de la energía se disparan, generando una tormenta perfecta de vulnerabilidad económica.
Estados advierten sobre los efectos inmediatos
Los gobiernos estatales han empezado a alertar a los solicitantes de posibles demoras o cancelaciones de ayuda. En Pensilvania, donde el programa financia calefacción para más de 300,000 hogares, el gobernador Josh Shapiro informó que no puede anticipar los 200 millones de dólares necesarios hasta que se apruebe el presupuesto federal.
En Minnesota, el Departamento de Comercio confirmó que el retraso podría extenderse al menos un mes, impidiendo el pago de facturas a unas 120,000 familias. “A medida que bajan las temperaturas, este retraso podría tener graves consecuencias”, señaló la agencia.
Mientras tanto, Connecticut cuenta con fondos suficientes para operar hasta finales de noviembre, pero advirtió que la crisis presupuestaria federal podría obligar al estado a utilizar reservas de emergencia. “La situación se volverá mucho más peligrosa conforme avancemos en la temporada”, dijo Rhonda Evans, directora de la Asociación de Acción Comunitaria del estado, que atiende a más de 100,000 hogares.
Trump promete reabrir el Gobierno, pero sin fecha definida
Desde Washington, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encargado del programa LIHEAP, responsabilizó al Congreso demócrata por la parálisis presupuestaria. “La Administración Trump se ha comprometido a reabrir el Gobierno lo antes posible”, afirmó el funcionario.
El Departamento subrayó que, una vez restablecida la actividad federal, la Administración para Niños y Familias acelerará la distribución de subvenciones atrasadas. Sin embargo, Wolfe advirtió que los efectos podrían prolongarse hasta enero de 2026, incluso después de reanudar operaciones. “Cuando se despide al personal encargado, las cosas se ralentizan. No hay manera de evitarlo”, afirmó.
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La incertidumbre provoca ansiedad entre los ciudadanos que dependen directamente de estos programas. Muchos temen quedarse sin combustible mientras esperan la aprobación de los fondos.
Historias de quienes ya sienten el impacto
En Bloomfield, Connecticut, Mark Bain, de 67 años, comparte una casa con su hijo universitario y recibe asistencia energética desde hace tres inviernos. “Recuerdo el primer año sin ayuda. Me quedé sin combustible y no sabía a quién acudir”, comentó.
Este año, Bain obtuvo una ayuda de 500 dólares, pero la entrega se retrasó y ahora teme quedarse sin gasóleo. “Podría arreglármelas bajando la calefacción y usando mantas”, dijo con resignación.
Según datos de la Asociación de Energía, el 9% de los beneficiarios del LIHEAP dependen de combustibles de entrega a domicilio como propano, queroseno o pellets de madera, opciones que no están cubiertas por las protecciones estatales. En estos casos, las pequeñas empresas proveedoras no pueden garantizar el suministro a crédito, lo que deja a miles en riesgo.
Un invierno incierto para los más vulnerables
Con las temperaturas cayendo y los costos energéticos subiendo, la situación amenaza con volverse crítica. Organizaciones comunitarias reclaman medidas de emergencia para suplir la falta de fondos federales y evitar cortes de energía durante el invierno.
“Estamos ante un desafío humanitario, no solo logístico”, advirtió Wolfe. “Las familias que ya viven al límite no pueden esperar indefinidamente a que el Congreso solucione sus disputas políticas”.
Mientras tanto, la realidad de personas como Chapman o Bain refleja la fragilidad del sistema de asistencia en un país donde millones dependen de programas como el LIHEAP para sobrevivir a los meses más fríos del año.
