El centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, enfrenta su cierre tras un fallo judicial que ha desatado una batalla legal y política. La jueza federal Kathleen Williams ordenó el 21 de agosto de 2025 desmantelar la instalación en un plazo de 60 días, citando daños ambientales irreparables al ecosistema y violaciones a los derechos de la tribu Miccosukee. Mientras grupos ambientalistas celebran, el gobernador Ron DeSantis y su administración prometen apelar y avanzan con un nuevo centro, el “Deportation Depot”, para mantener su ofensiva migratoria.
Una victoria para los ambientalistas
La orden de Williams, emitida tras una demanda de Friends of the Everglades, Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee, prohíbe el ingreso de nuevos detenidos y la construcción de infraestructura adicional en “Alligator Alcatraz”. El centro, levantado en solo ocho días en julio de 2025 sobre un antiguo aeropuerto en desuso, ha causado estragos en los humedales de los Everglades, hogar de 36 especies en peligro como panteras y caimanes. “Este es un triunfo histórico para los Everglades y para quienes creen que este ecosistema debe protegerse”, declaró Eve Samples, directora de Friends of the Everglades.
Por ejemplo, la jueza señaló que la construcción violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) al no realizarse evaluaciones ambientales adecuadas. También ordenó retirar cercas, generadores y sistemas de iluminación industrial dentro de los 60 días, garantizando el acceso de la tribu Miccosukee a sus tierras. El fallo responde a preocupaciones de larga data, ya que en los años 60 un proyecto similar en la zona fue descartado por su impacto ambiental.
Condiciones inhumanas bajo escrutinio
El centro, que albergó hasta 1,400 migrantes en carpas temporales, ha sido criticado por condiciones “inhumanas”. La representante Debbie Wasserman Schultz describió jaulas con 32 detenidos, tres inodoros pequeños que también sirven como lavabos, y reportes de heces esparcidas por instalaciones sanitarias defectuosas. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó las condiciones como una traición a los valores estadounidenses, destacando el impacto en comunidades locales y la tribu Miccosukee, cuyas tierras sagradas han sido afectadas.
Además, el congresista Maxwell Frost reportó que solo 336 migrantes permanecen en el centro, una reducción significativa tras traslados recientes. Esto sugiere que el estado anticipaba el fallo. Sin embargo, una demanda separada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) continúa investigando violaciones a los derechos humanos de los detenidos, incluyendo a 78 mexicanos, según el cónsul Rutilio Escandón.
La respuesta de DeSantis y el “Deportation Depot”
El gobernador DeSantis rechazó la orden, calificando a Williams de “jueza activista” y prometiendo una apelación. “No nos van a disuadir. Tenemos toda la razón en esto”, afirmó en una conferencia de prensa. El fiscal general James Uthmeier insistió en que “Alligator Alcatraz” seguirá operando para cumplir con la misión de detener y deportar migrantes. El estado presentó una apelación para suspender la orden, argumentando que el cierre perjudicaría la seguridad pública y la economía.
Pese a todo, DeSantis anunció un nuevo centro, el “Deportation Depot”, en la Institución Correccional Baker, cerca de Jacksonville, con capacidad para 2,000 detenidos. Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, indicó que estará listo pronto. Este modelo se replica en otros estados, con el “Speedway Slammer” en Indiana y el “Cornhusker Clink” en Nebraska, ambos respaldados por el Departamento de Seguridad Nacional.
Un futuro incierto para los Everglades
El jefe de la tribu Miccosukee, Talbert Cypress, celebró el fallo, reafirmando su compromiso con la protección de los Everglades. “Siempre defenderemos nuestra cultura y soberanía”, dijo. Sin embargo, expertos legales como Michael Romano, de Stanford, advierten que el proceso judicial podría prolongarse. “Una orden preliminar no es definitiva. La apelación determinará el futuro, pero la administración de Trump suele probar los límites de los tribunales”, señaló.
Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió el centro, argumentando que el terreno ya estaba urbanizado y que el fallo obstaculiza los esfuerzos de deportación. Mientras Florida acelera su “plan B” y el litigio continúa, el destino de “Alligator Alcatraz” y su impacto en los Everglades y los migrantes sigue en el centro del debate.
