El pequeño pueblo de Mason, Tennessee, aprobó el 12 de agosto de 2025 la conversión de la antigua West Tennessee Detention Facility en un centro de detención de inmigrantes operado por CoreCivic, una empresa privada, bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión, tomada en una tensa reunión pública, desató protestas de residentes y activistas que denuncian el historial de abusos de ICE y CoreCivic. La medida se alinea con las políticas de deportación masiva impulsadas por el presidente Donald Trump, generando un debate sobre sus implicaciones económicas y humanitarias en una comunidad de apenas 1,300 habitantes.
Aprobación en medio de controversia
En una reunión celebrada en el garaje de la estación de bomberos de Mason, el Consejo Municipal, liderado por el alcalde Eddie Noeman, votó 4-1 a favor del contrato con CoreCivic, con dos abstenciones, y 3-2 para el acuerdo con ICE, también con dos abstenciones. La West Tennessee Detention Facility, cerrada en 2021 tras la orden del entonces presidente Joe Biden de no renovar contratos con prisiones privadas, reabrirá para albergar hasta 600 inmigrantes, según AP. Trump revirtió esa orden en enero, permitiendo la reactivación de este tipo de instalaciones.
Por lo tanto, la decisión ha generado críticas por la falta de transparencia. Los contratos, finalizados solo un día antes de la votación, no fueron compartidos con el público, según Tennessee Lookout. Residentes como Christa Poindexter y Eloise Thompson protestaron frente al lugar, portando pancartas contra ICE y calificando el centro como un “campo de concentración”. La ACLU de Tennessee expresó preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas en el proceso.
Promesas de empleo frente a críticas éticas
El alcalde Noeman, un inmigrante egipcio-estadounidense, defendió la reapertura como una oportunidad económica para Mason, que enfrenta problemas financieros y de infraestructura. “No es nada personal contra ningún inmigrante; lo que busco es dar empleo a la gente”, afirmó ante abucheos. CoreCivic promete crear 240 empleos con salarios iniciales de $26.50 por hora, generar $325,000 en impuestos anuales y $200,000 en tarifas de impacto, según Fox 17. Cuando estaba operativa, la prisión era el mayor empleador del pueblo, ubicado a 40 millas de Memphis.
Sin embargo, la concejal Virginia Rivers se opuso, argumentando que la medida hace a Mason “cómplice del trato abusivo a inmigrantes”. Rivers señaló que muchos detenidos no tienen antecedentes penales y son separados de sus familias, lo que podría dañar a la comunidad y a las escuelas de Tennessee. “Deberíamos considerar el dolor que esto causará”, afirmó, según Daily Excelsior.
El historial cuestionado de CoreCivic
CoreCivic, antes conocida como Corrections Corporation of America, enfrenta un historial de controversias. Entre 2016 y 2024, la empresa pagó $4.4 millones para resolver 80 demandas por maltrato, incluyendo 22 muertes de reclusos en sus instalaciones en Tennessee, según AP. El Departamento de Correcciones de Tennessee impuso multas por $44.7 millones desde 2022 por violaciones como falta de personal. Auditorías estatales en 2017, 2020 y 2023 han sido críticas, aunque CoreCivic atribuye los problemas a dificultades generales de contratación en la industria.
En consecuencia, activistas como Charles Watkins denunciaron la explotación de comunidades negras como Mason, de mayoría afroamericana. “Nos abruman con migajas mientras se llevan las ganancias”, dijo Watkins, según WRAL. Los residentes temen que el centro refuerce una percepción de desatención histórica hacia el pueblo.
Conexión con la política migratoria de Trump
La reapertura se enmarca en las políticas migratorias de Trump, quien ha elogiado centros como el de Alligator Alcatraz en Florida, donde denuncias de maltrato han generado demandas de grupos de derechos civiles, según ABC News. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha propuesto ese centro como modelo para otros estados. En Mason, no se ha anunciado una fecha de reapertura, pero CoreCivic ya ha recibido 2,100 solicitudes para los empleos disponibles, según Talk-N West TN.
Pese a todo, la comunidad permanece dividida. Mientras algunos ven en el centro una oportunidad económica, otros temen que convierta a Mason en un símbolo de las duras políticas migratorias de Trump. Las protestas continúan, y la ACLU planea monitorear las operaciones del centro para garantizar el respeto a los derechos de los detenidos.
