El aumento récord de vuelos de deportación bajo el gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a las aerolíneas contratadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a adoptar medidas para ocultar sus operaciones. Activistas de derechos de los migrantes, como los de La Resistencia en Seattle, denuncian que aerolíneas como GlobalX, Eastern Air Express y Avelo Airlines están usando nombres operativos falsos y bloqueando números de cola de aviones en sitios de seguimiento público. Estas tácticas, reportadas desde abril de 2025, dificultan el monitoreo de los 5,962 vuelos registrados este año, un 41% más que en 2024. Mientras las comunidades buscan transparencia, las aerolíneas y el ICE evaden la divulgación, generando críticas por falta de rendición de cuentas.
Aerolíneas ocultan datos de vuelos
Desde marzo de 2025, las aerolíneas contratadas por ICE han intensificado esfuerzos para evitar el rastreo de sus vuelos. Según FlightRadar24, más de una docena de aviones, principalmente de GlobalX, Eastern Air Express y Avelo, fueron añadidos al programa de Limitación de Datos Mostrados de Aeronaves (LADD), que permite bloquear números de cola en sitios como FlightAware. De los 94 aviones de ICE Air monitoreados por La Resistencia, 40 ya no aparecen en listas públicas. Además, las aerolíneas han cambiado sus nombres operativos, como el uso del distintivo “Tyson” en lugar de códigos como GXA de GlobalX, lo que complica identificar los vuelos en tiempo real.
Por ejemplo, Tom Cartwright, activista de Witness at the Border, rastreó 1,214 vuelos relacionados con deportaciones en julio de 2025, el nivel más alto desde 2020. Su trabajo, ahora continuado por Human Rights First bajo el proyecto “ICE Flight Monitor”, revela que el 80% de estos vuelos son operados por las tres aerolíneas mencionadas, transportando migrantes a países de Centroamérica, México o a Guantánamo, Cuba, en 68 casos militares desde enero.
Cámaras y activistas desafían la opacidad
En el Aeropuerto Internacional del Condado King, también conocido como Boeing Field, activistas se reúnen regularmente para documentar vuelos de deportación. Cámaras instaladas por el condado en 2023, tras una orden del ejecutivo Dow Constantine, capturan imágenes de migrantes subiendo y bajando de aviones, a menudo encadenados en muñecas y tobillos. La Resistencia reportó 59 vuelos en Boeing Field y cinco en Yakima en 2025, superando los 42 de 2024. Estas imágenes muestran a personas trasladadas desde el centro de detención de Tacoma, con 1,023 llegadas y 2,279 salidas hacia la frontera.
Sin embargo, el uso de nombres operativos falsos y la eliminación de datos de seguimiento ha forzado a los activistas a depender de redes de intercambio de datos de código abierto y reportes de comunidades locales. “ICE está haciendo todo lo posible para que sus actividades sean indistinguibles de otros vuelos comerciales”, afirmó Guadalupe González, organizadora de La Resistencia.
Controversias y condiciones en los vuelos
Las operaciones de ICE Air han generado críticas por las condiciones a bordo. Un informe de ProPublica detalló incidentes en vuelos de GlobalX, como un caso en 2025 donde una niña colapsó por fiebre alta, atendida por una asistente de vuelo sin entrenamiento específico para migrantes encadenados. En 2017, un vuelo de CSI Aviation dejó a 92 somalíes encadenados durante 23 horas en una pista, según una demanda. Otro incidente de 2017 reportó humo en una cabina, dificultando la respiración de 129 pasajeros. Estas situaciones han avivado preocupaciones sobre la seguridad y el trato humano en los vuelos.
Pese a todo, el ICE defiende sus operaciones, afirmando que sigue “las mejores prácticas” para la seguridad y bienestar de los pasajeros, con personal médico a bordo. La falta de transparencia, sin embargo, ha llevado a protestas, como las dirigidas contra Avelo Airlines en Connecticut tras su contrato con ICE en mayo de 2025. Para información sobre derechos migratorios, contacte al 1-888-839-8682. Mientras las deportaciones alcanzan niveles históricos, los activistas y las comunidades afectadas continúan exigiendo visibilidad y justicia.
