El Gobierno del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente de tensión con la Iglesia católica en Estados Unidos. Este viernes, Tom Homan, llamado el “zar de la frontera”, dijo que los líderes de la iglesia están “equivocados”. Esto es porque cuestionan las políticas de deportación y control migratorio del Gobierno actual.
“He sido católico toda mi vida, pero la Iglesia católica está equivocada”, declaró Homan ante la prensa a las afueras de la Casa Blanca. El funcionario dijo que las críticas de los obispos y otras organizaciones religiosas crean un “mensaje erróneo”. Este mensaje se refiere a cómo el Gobierno aplica la ley migratoria.
Según el asesor, “resguardar las fronteras salva vidas” y la Iglesia debería reconocer ese objetivo. “Ojalá comprendieran que lo que hacemos evita muertes en el desierto, porque sin control fronterizo serían muchas más”, agregó.
La polémica reacción de la Iglesia
La respuesta de los obispos católicos no tardó en llegar. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos expresó su oposición a las “deportaciones masivas e indiscriminadas” y rechazó el trato que reciben los migrantes dentro de los centros de detención del país.
Los religiosos manifestaron su preocupación por “la creciente denigración de los inmigrantes” y la falta de acceso a una atención pastoral adecuada en los recintos migratorios. El pronunciamiento se conoció luego de varios informes sobre el deterioro de las condiciones en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
De acuerdo con datos del grupo American Immigration Council, al menos 25 personas han muerto en 2025 dentro de centros de detención bajo supervisión de ICE. La mayoría habrían sido detenidas por infracciones migratorias menores.
Un año de récords en detenciones y deportaciones
En los primeros 11 meses del segundo mandato de Trump, más de 59,000 inmigrantes han sido detenidos en Estados Unidos. Según informes oficiales, más del 80% de estas personas no contaban con antecedentes penales ni enfrentaban cargos criminales.
El aumento de las redadas y deportaciones ha intensificado las tensiones entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos. Estas denuncian que muchas de las operaciones se realizan sin órdenes judiciales claras y con un uso excesivo de la fuerza en comunidades con alta población latina.
Sin embargo, la Administración Trump defiende sus acciones como parte de una “estrategia de seguridad nacional” destinada a reducir el tráfico de personas y los cruces irregulares. Según Homan, “no se trata de ser duros, sino de evitar tragedias”.
Críticas y respaldo desde el Vaticano
Las declaraciones también llegaron al Vaticano, donde el papa León XIV reiteró su postura crítica frente a las políticas migratorias de línea dura. En su más reciente audiencia con diplomáticos, el pontífice llamó a “buscar salidas humanitarias” antes que respuestas punitivas.
El Papa recordó que “ningún ser humano puede considerarse ilegal” y enfatizó la responsabilidad moral de los Gobiernos ante las crisis migratorias. Estas declaraciones retomaron el tono de su predecesor, el papa Francisco, quien durante su pontificado mantuvo una postura firme en defensa de los derechos de los migrantes.
Mientras tanto, sectores católicos conservadores en Estados Unidos sostienen que las declaraciones del Vaticano no reflejan completamente la situación en la frontera. Algunos argumentan que la prioridad es la soberanía nacional y que el Gobierno tiene el derecho de aplicar sus leyes de inmigración sin interferencias externas.
Un debate que divide también a los fieles
El enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Iglesia no solo tiene alcance institucional, sino también social. Diversas parroquias y ministerios católicos de frontera se han convertido en refugios improvisados para migrantes, brindando alimentos y alojamiento temporal a quienes esperan audiencias de asilo.
No obstante, algunos sectores afines a las políticas de Trump consideran que estas acciones podrían fomentar los cruces ilegales. La controversia ha abierto un debate interno dentro del catolicismo estadounidense sobre cómo equilibrar el mandato de caridad cristiana con el cumplimiento de la ley migratoria.
Con un contexto político polarizado, las declaraciones de Homan y la respuesta de los obispos consolidan un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y la Iglesia, que a lo largo de la historia ha tenido un rol determinante en la discusión sobre justicia social en Estados Unidos.
