Trump informa al Congreso que EE.UU. está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga.
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En un giro que redefine la lucha contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump ha notificado al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, designados como organizaciones terroristas por su administración. Esta declaración, revelada en un documento del Pentágono entregado el miércoles y obtenido por CNN, marca un precedente histórico: los contrabandistas ahora son clasificados como “combatientes ilegales”, abriendo la puerta a operaciones militares letales sin el escrutinio tradicional del debido proceso.
La medida, que Trump anunció parcialmente en su red social Truth Social, responde a una escalada de violencia transnacional en el Hemisferio Occidental. “Estos cárteles no son solo criminales; son terroristas armados que atacan a nuestra nación”, escribió el mandatario, al detallar un reciente ataque a una lancha rápida en aguas internacionales que dejó tres “narcoterroristas” muertos. Esta ofensiva, según fuentes del Departamento de Defensa, forma parte de una estrategia más amplia para neutralizar amenazas que, de otro modo, perpetuarían la crisis de opioides y la inseguridad fronteriza en EE.UU.
De criminales a enemigos de guerra
El documento oficial, enviado al Congreso bajo el sello del Pentágono, detalla cómo Trump invocó el Artículo II de la Constitución para justificar el uso de la fuerza militar en “interés nacional”. No se trata de una guerra declarada –lo que requeriría aprobación legislativa–, sino de una campaña defensiva contra “grupos armados no estatales” con “capacidades paramilitares”. La notificación destaca que estos cárteles, “bien armados, organizados y violentos”, operan con impunidad gracias a sus recursos financieros y redes transnacionales, constituyendo un “ataque armado continuo” contra Estados Unidos.
CNN, que accedió al texto, reporta que la designación como terroristas –iniciada en mayo pasado– permite tratar a los miembros de los cárteles como combatientes enemigos bajo el derecho internacional. Esto implica la pérdida de derechos procesales: ya no son meros delincuentes perseguibles por la justicia civil, sino objetivos legítimos para strikes letales. The New York Times fue el primero en filtrar la existencia de esta notificación, subrayando su potencial para expandir operaciones en el Caribe y más allá.
Durante una sesión informativa cerrada el miércoles, el asesor general del Pentágono, Earl Matthews, y altos mandos uniformados explicaron a legisladores la base legal de estas acciones. Una fuente cercana a la reunión confirmó a CNN que la explicación coincidió con el escrito: “Aunque los ataques han sido limitados, las fuerzas estadounidenses están listas para eliminar amenazas y prevenir muertes de ciudadanos”.
Tres operaciones, 17 vidas y preguntas sin respuesta
En el último mes, las fuerzas armadas de EE.UU. han ejecutado al menos tres strikes contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, resultando en 17 muertes, según datos compilados por CNN. El documento al Congreso solo menciona uno: el del 15 de septiembre, contra un bote en el Caribe vinculado al Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que Trump ha calificado de “amenaza existencial”.
Trump detalló en Truth Social otro incidente reciente, donde un ataque similar acabó con tres presuntos narcos. “Golpeamos duro y sin piedad”, tuiteó el presidente, quien el 30 de septiembre se reunió con líderes militares en la Base de Quantico, Virginia, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth. Imágenes de Reuters capturan a Trump enfatizando la necesidad de “monitoreo serio” contra infiltraciones terrestres desde Venezuela.
Sin embargo, persisten interrogantes. CNN reveló que al menos una lancha atacada se alejaba de costas estadounidenses cuando fue interceptada, cuestionando si representaba una “amenaza inminente”. ¿Por qué el Pentágono omitió los otros dos strikes en la notificación? Fuentes anónimas sugieren que se busca evitar debates prematuros sobre escalada, pero críticos ven en ello un patrón de opacidad.
¿Defensa nacional o guerra encubierta?
La movida ha polarizado a Washington. El senador demócrata Jack Reed, ranking member de la Comisión de Servicios Armados del Senado, arremetió contra la administración en una declaración exclusiva a CNN: “Trump no ha presentado justificación legal creíble, evidencia ni inteligencia. Los cárteles son repugnantes y deben combatirse con fuerzas del orden, no con guerras secretas contra ‘enemigos indefinidos’ que él etiqueta unilateralmente”.
Reed alertó sobre el despliegue de miles de militares, destructores y F-35 en el Caribe –más de 4.000 efectivos–, comparándolo con una “maniobra inquietante” para reclutar generales a causas políticas. “Todo estadounidense debería alarmarse: el presidente libra batallas ocultas sin informar al Congreso o al público”, añadió.
Por su parte, aliados republicanos elogian la audacia de Trump. En un tuit, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, respaldó la designación: “Es hora de tratar a los narcos como al ISIS: con fuerza total”. Esta visión se alinea con advertencias previas de Trump a Venezuela, prometiendo “monitoreo muy serio” contra cárteles terrestres.
En América Latina, la tensión crece. El canciller cubano expresó “apoyo total” a Venezuela, aunque evitó compromisos militares. México, meanwhile, autorizó tropas especiales de EE.UU. en Veracruz para entrenamientos, avivando temores de soberanía erosionada. Colombia y Argentina observan con cautela, mientras informes de detenciones en Memphis –parte de operativos anti-crimen de la era Trump– ilustran la extensión doméstica de esta cruzada.
Una nueva era en la “guerra contra las drogas”
Clasificar el narcotráfico como conflicto armado no solo legaliza strikes letales, sino que podría justificar detenciones indefinidas u operaciones en suelo extranjero. Expertos en derecho internacional advierten riesgos: ¿extenderá esto a presuntos narcos dentro de EE.UU.? CNN reportó en mayo planes para aplicar el estatus de “combatiente enemigo” a objetivos domésticos, evocando debates post-11/S sobre Guantánamo.
En el contexto de la crisis de fentanilo –que mató a más de 100.000 estadounidenses en 2024–, la estrategia de Trump resuena con votantes hartos de la frontera porosa. Pero críticos como Reed la ven como un atajo autoritario, potencialmente violatorio de tratados como las Convenciones de Ginebra.
Mientras el Caribe hierve con presencia naval yanqui, y Venezuela acumula defensas modestas frente a la superioridad estadounidense, el mundo contiene el aliento. ¿Es esto el fin de la era punitiva contra las drogas, o el inicio de una guerra híbrida sin fin? Trump, fiel a su estilo, ya anticipa más acción: “Haremos América segura de nuevo, narco por narco”.
