El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes el inicio de consultas para decretar un estado de conmoción exterior en Venezuela, en respuesta a lo que califica como “amenazas” de Estados Unidos por su despliegue naval en el mar Caribe. Esta medida, prevista en el artículo 338 de la Constitución de 1999, otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para enfrentar conflictos externos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Maduro la justifica ante un operativo estadounidense que involucra unos 4.000 marines y buques como el USS Iwo Jima, presentado por Washington como antinarcóticos pero visto por Caracas como provocación para un cambio de régimen.
Anuncio de Maduro y tensiones con EE.UU.
Durante su programa Con Maduro+, el mandatario mostró una carpeta roja con el borrador del decreto y enfatizó que busca “proteger nuestra paz y estabilidad”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que se activaría “de manera inmediata” ante cualquier agresión, criticando al secretario de Estado Marco Rubio como un “señor de la guerra” que viola la Carta de la ONU. Este paso sigue al despliegue iniciado en agosto de 2025, con destructores como el USS Gravely y submarinos nucleares en aguas cercanas a Venezuela.
Por lo tanto, Maduro convocó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y milicias para responder, recordando que el país ha resistido “agresiones económicas, psicológicas y políticas” durante décadas. La medida se enmarca en una escalada diplomática, con Maduro ordenando el alistamiento de 4,5 millones de milicianos el 19 de agosto.
¿Qué es el estado de conmoción exterior?
La conmoción exterior, uno de los cuatro estados de excepción en la Constitución venezolana, se declara ante conflictos externos graves que amenacen la nación, sus ciudadanos o instituciones. A diferencia del estado de alarma (30 días prorrogables por calamidades) o la emergencia económica (60 días por crisis financieras), dura hasta 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional. El artículo 338 permite restricciones temporales a garantías constitucionales, pero no a derechos intangibles como la vida, el debido proceso o la prohibición de tortura, según el artículo 337 y tratados internacionales.
Sin embargo, el decreto debe presentarse en ocho días a la Asamblea Nacional para aprobación y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para revisión de constitucionalidad. En la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción de 2001, se enfatiza que debe respetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Poderes especiales que otorga al presidente
Al activarse, Maduro ganaría facultades para movilizar la FANB en todo el territorio, tomar control militar de servicios públicos, hidrocarburos y empresas básicas, y activar planes de seguridad ciudadana. Además, podría cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas para resguardar la integridad territorial. Rodríguez detalló que esto garantiza el “pleno funcionamiento” de infraestructuras clave ante amenazas.
Pese a todo, la medida no interrumpe el funcionamiento de los poderes públicos, según el artículo 339. Organizaciones como Acceso a la Justicia alertan que, aunque protege derechos fundamentales, podría usarse para robustecer mecanismos de represión, como en estados de excepción previos.
Contexto del despliegue naval estadounidense
El operativo de EE.UU., ordenado por Trump el 14 de agosto de 2025, incluye el Grupo Anfibio Iwo Jima con buques de asalto, destructores Arleigh Burke y aviones P-8 Poseidon para combatir cárteles como el Tren de Aragua, vinculado a Maduro. Fuentes del Pentágono estiman unos 8.000 efectivos en dos olas, con submarinos como el USS Newport News. Washington niega intenciones de invasión, enfocándose en rutas de fentanilo que afectan comunidades estadounidenses.
En consecuencia, Venezuela denuncia esto como una “guerra no declarada”, citando ataques a embarcaciones en el Caribe que mataron a tres personas el 15 de septiembre. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López lo califica de violación a la soberanía, mientras Cuba y Colombia rechazan el despliegue por riesgos regionales.
Historia de estados de excepción en Venezuela
Venezuela ha usado estados de excepción con frecuencia desde 1999. En 2016, Maduro decretó uno por 60 días ante protestas, prorrogado indefinidamente hasta 2018, permitiendo restricciones a libertades. En 2017, durante manifestaciones masivas, se aplicaron tácticas similares sin formalizar conmoción interior, resultando en 125 muertes según la ONU. El estado de emergencia económica, vigente desde 2016, ha sido prorrogado 50 veces para manejar hiperinflación y sanciones.
Robert F. Kennedy Jr. revela que consumió cocaína de “asientos de inodoros”
RFK Jr. admite consumo extremo de drogas en inodoros, lo que ha causado polémica por...
Secretario de Energía de EE.UU. llega a Venezuela para impulsar “acuerdo histórico”
Wright aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, recibido por la encargada de negocios de...
Por otro lado, la conmoción exterior sería la primera formal desde la Constitución de 1999 por tensiones geopolíticas. Históricamente, equivalentes como el estado de sitio en Argentina o conmoción interior en Colombia responden a crisis graves, pero exigen aprobación legislativa estricta.
Reacciones internacionales y advertencias
La diáspora venezolana y ONGs como la Coalición por los Derechos Humanos urgen presión diplomática ante la ONU para denunciar abusos. Maduro advirtió que no se permitirá “apología de agresión” interna o externa, con juicios bajo la Constitución. Expertos como el constitucionalista Kelvi Zambrano temen que instrumentalice la disidencia, robusteciendo represión en un país con 7,7 millones de emigrantes desde 2014.
Además, aliados como Rusia y China respaldan a Maduro, mientras la UE y la OEA llaman a la desescalada. En Washington, Trump duplicó recompensas por información sobre Maduro a 50 millones de dólares, intensificando la confrontación.
