El intento del presidente Donald Trump de exigir prueba de ciudadanía para votar fue bloqueado por la justicia federal en 2025. Esta medida buscaba modificar las reglas electorales, pero ha sido considerada ilegal por varios tribunales.
Decisión judicial clave
La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, D.C., falló a favor de los grupos demócratas y de derechos civiles que demandaron al gobierno de Trump por su orden ejecutiva para reformar las elecciones en Estados Unidos.
La jueza dictaminó que la directriz de prueba de ciudadanía es una violación inconstitucional de la separación de poderes, asestando un golpe al gobierno federal y sus aliados, quienes han argumentado que tal mandato es necesario para restaurar la confianza pública de que sólo los estadounidenses están votando en las elecciones de Estados Unidos.
Límites constisucionales
Bajo la Constitución de Estados Unidos, la regulación de las elecciones es competencia de los estados y del Congreso, no del presidente. Por eso, el decreto de Trump, emitido por orden ejecutiva, enfrentó duras críticas y demandas judiciales que cuestionaron su validez. Los expertos legales coinciden en que el presidente no tiene autoridad para imponer estos requisitos. También señalan que no puede sancionar con recortes de fondos federales a estados que no los cumplan.
Motivos y críticas
Trump defendió la medida como un mecanismo para fortalecer la integridad electoral y evitar fraudes. Aseguró que sin estos controles la confianza en el sistema se ve afectada. Sin embargo, grupos progresistas, defensores de derechos civiles y varios estados denunciaron la acción. Argumentaron que es un intento de suprimir el voto de minorías, inmigrantes y jóvenes, quienes podrían enfrentar dificultades para obtener documentos oficiales.
Impacto en el voto adelantado
El decreto también quería limitar la recepción de votos por anticipado, un método ampliamente utilizado en EE.UU. La suspensión judicial mantiene vigente la posibilidad de contar estos votos siempre que se registren antes del día de las elecciones. Esta medida favorece la participación de grupos con limitaciones para votar presencialmente.
Y es así que el intento de Donald Trump de exigir prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales fue frenado por la justicia. La Constitución protege la autoridad de los estados y el Congreso en materia electoral. Impide al presidente imponer requisitos que podrían restringir el acceso al voto de millones de personas. Este fallo reafirma la importancia de proteger el derecho al voto frente a medidas restrictivas.
