El caso de Gregorio Córdova Murrieta, un mexicano de 48 años originario de Teziutlán, Puebla, ha encendido las alarmas entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Córdova fue detenido en Hawái luego de que agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) rastrearan sus envíos de remesas, un hecho inédito que ha generado preocupación sobre la privacidad de millones de personas que utilizan estos servicios.
Córdova enfrenta una posible deportación o encarcelamiento por reingresar de forma irregular a Estados Unidos hace 17 años. Pero lo que más preocupa a expertos y defensores de inmigrantes es que su arresto vino de información de MoneyGram. Esta información fue compartida con autoridades federales a través de una base de datos poco conocida.
Las remesas bajo vigilancia del gobierno de Estados Unidos
El caso reveló que la organización Transaction Record Analysis Center (TRAC), con sede en Arizona, tiene acceso a millones de registros de transferencias internacionales. Esta base de datos, creada en 2014 tras un acuerdo judicial con Western Union para combatir el narcotráfico, recopila nombres completos de remitentes y destinatarios, montos, direcciones y detalles de transacciones.
Actualmente, más de 600 agencias locales, estatales y federales pueden consultar esa información sin necesidad de supervisión judicial. Según documentos de HSI, hasta 2024 TRAC almacenaba datos de 337 millones de operaciones de remesas, incluyendo transferencias hacia México, Centroamérica, Asia y otros destinos clave.

Billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Ana González
Esto ha causado preocupación entre grupos que defienden a los migrantes. Las herramientas que se crearon para luchar contra el lavado de dinero ahora se usan para vigilar a inmigrantes. Estos inmigrantes solo envían dinero a sus familias.
Opiniones divididas sobre la vigilancia de remesas
MoneyGram respondió a cuestionamientos afirmando que solo entrega datos cuando la ley lo exige. Los expertos en derechos civiles dicen que no hay suficiente transparencia sobre el acceso a esta información. Esto puede llevar a abusos y discriminación. Las comunidades inmigrantes son las más afectadas.
“Yo dudo de la legalidad de la vigilancia del gobierno de Estados Unidos. Esto sucede cuando enviamos dinero a nuestras familias”, dijo Rafael Pérez, un inmigrante de Jalisco que envía dinero a su hija.
Carmen Mercado, de Zacatecas y viviendo en Estados Unidos por más de 30 años, dijo: “Me preocupa que rastreen las remesas. También me preocupa el trato inhumano que el gobierno da a los inmigrantes”.
Organizaciones como El Rescate dijeron que si MoneyGram compartió información sobre Córdova, otras empresas también lo harán. Esto incluye a Western Union y RIA Financial. Esto podría afectar la confianza de los usuarios en todo el sistema.
Un local de remesas, en Chicago (EE.UU.) , en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Mederos
Posibles consecuencias económicas de vigilar las remesas
Las remesas representan una fuente vital de ingresos para millones de familias en América Latina, Asia y África. Solo México recibió más de 65,000 millones de dólares en 2024, mientras que India superó los 100,000 millones, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.
Expertos en economía señalan que si la gente percibe que sus envíos están siendo rastreados, podría buscar alternativas fuera del sistema financiero tradicional, como giros postales, encomiendas familiares o incluso mecanismos informales. Esto no solo reduciría la confianza en compañías de transferencias, sino que impactaría en la economía estadounidense.
El abogado Alex Gálvez advirtió que “las deportaciones y el miedo a ser rastreados están golpeando al 70% de la economía del país, porque está basada en el consumo. Las compañías de envío de dinero van a sufrir porque la gente no querrá usar sus servicios si sabe que los vigilan”.
Además, defensores de derechos de los inmigrantes consideran que el actual clima político bajo el presidente Donald Trump ha endurecido las políticas de control y vigilancia, extendiendo el uso de herramientas financieras a casos que antes no estaban en la mira del gobierno.
La batalla legal por la privacidad en las remesas
El tema también ha llegado a los tribunales. El medio de investigación The Intercept demandó al TRAC para que haga públicos los registros sobre esta vigilancia masiva de transferencias, argumentando que millones de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses están siendo monitoreados sin su conocimiento ni autorización.
Heather E. Murray, directora asociada de la Clínica de la Primera Enmienda en la Universidad de Cornell, que representa a The Intercept en la demanda, señaló que “el público tiene derecho a saber sobre la vigilancia masiva que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos”.
La discusión sobre si la vigilancia de remesas es una medida legítima de seguridad nacional o una violación a la privacidad apenas comienza. Mientras tanto, casos como el de Gregorio Córdova Murrieta envían un mensaje preocupante para quienes dependen de enviar dinero a sus seres queridos desde Estados Unidos.