La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra las llamadas ciudades santuario, al publicar una nueva lista de jurisdicciones que, según autoridades federales, obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias de Estados Unidos.
El listado fue elaborado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14287, firmada por Trump el 28 de abril. Esta medida representa un nuevo intento por sancionar a gobiernos estatales y locales que se niegan a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Lista de ciudades y estados que, según el gobierno de Trump, obstaculizan a ICE
El DOJ publicó oficialmente los nombres de estados, condados y ciudades considerados como jurisdicciones santuario, es decir, aquellos que adoptan leyes o políticas que limitan la cooperación con ICE. La lista incluye a los siguientes estados:
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California
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Colorado
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Connecticut
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Delaware
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Distrito de Columbia
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Illinois
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Minnesota
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Nevada
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Nueva York
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Oregón
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Rhode Island
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Vermont
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Washington
Entre los condados mencionados figuran:
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Baltimore (Maryland)
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Cook (Illinois)
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San Diego (California)
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San Francisco (California)
Fotografía de archivo de inmigrantes marchando en la ciudad de Los Ángeles. EFE/ Ana Milena Varón
Y las ciudades identificadas como ciudades santuario son:
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Albuquerque (Nuevo México)
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Berkeley (California)
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Boston (Massachusetts)
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Chicago (Illinois)
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Denver (Colorado)
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East Lansing (Michigan)
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Hoboken (Nueva Jersey)
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Jersey City (Nueva Jersey)
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Los Ángeles (California)
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Nueva Orleans (Luisiana)
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Nueva York
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Newark (Nueva Jersey)
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Paterson (Nueva Jersey)
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Filadelfia (Pensilvania)
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Portland (Oregón)
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Rochester (Nueva York)
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Seattle (Washington)
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San Francisco (California)
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Algunas de estas ciudades han cuestionado su inclusión en la lista y afirman que sus políticas locales están diseñadas para proteger a sus comunidades y mejorar la seguridad pública, no para obstruir la labor federal.
Qué significa ser una ciudad santuario según el gobierno federal
El término ciudad santuario no tiene una definición legal única, pero en general se refiere a aquellas jurisdicciones que restringen la colaboración con las autoridades migratorias federales. Por ejemplo, muchas se niegan a retener a personas bajo detenciones solicitadas por ICE si no hay una orden judicial, o evitan compartir información sobre el estatus migratorio de sus residentes.
Bajo la Orden Ejecutiva 14287, el gobierno federal está obligado a publicar regularmente este listado. Además, la orden instruye a las agencias federales a identificar subsidios, contratos u otros fondos federales que podrían ser suspendidos o cancelados en caso de que una jurisdicción no modifique sus políticas.
Las reacciones a la medida: entre el respaldo y el rechazo
Las respuestas a esta política han sido polarizadas. Funcionarios de la administración Trump defienden la medida como una forma de restaurar la “ley y el orden” y garantizar que inmigrantes indocumentados con antecedentes penales no sean protegidos por autoridades locales.
Fotografía de archivo de de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles. EFE/EPA/David Maung
Pam Bondi, fiscal general, expresó en un comunicado:
“Las políticas santuario dificultan la labor de las autoridades y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses… El Departamento de Justicia continuará presentando demandas contra estas jurisdicciones y trabajará con el DHS para erradicar estas políticas”.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo:
“Los políticos que promueven las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales”.
Sin embargo, organizaciones proinmigrantes y líderes locales se oponen firmemente. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, sostuvo que la medida de Trump busca castigar a los gobiernos que protegen a sus comunidades:
“Este intento de intimidar a las ciudades que no colaboran con su agenda de deportación masiva es autoritario y peligroso”.
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David Chiu, fiscal de la ciudad de San Francisco, declaró:
“Trump no puede obligar a las ciudades a asumir responsabilidades del gobierno federal. Su orden ejecutiva es ilegal y nuestra demanda busca detenerla”.
Posibles consecuencias legales y económicas para las ciudades
Las jurisdicciones incluidas en la lista recibirán notificaciones oficiales del gobierno federal. Si no modifican sus políticas, podrían enfrentar sanciones como la pérdida de fondos federales, demandas judiciales e incluso la posibilidad de que sus funcionarios enfrenten cargos penales.
La Orden Ejecutiva también establece que el listado se actualizará de forma periódica y que las jurisdicciones podrán negociar con las autoridades federales para ser retiradas, siempre que cambien o eliminen sus políticas santuario.
En los próximos meses, se espera un incremento en los litigios entre el gobierno federal y estas ciudades, lo que intensificará aún más el debate nacional sobre las políticas migratorias.
