Ruanda se convirtió esta semana en el tercer país africano en firmar un acuerdo con Estados Unidos para aceptar migrantes deportados. Este pacto marca una nueva fase en la estrategia del gobierno de Donald Trump para deportar extranjeros considerados peligrosos, especialmente aquellos cuyos países de origen se niegan a recibirlos de vuelta. La palabra clave objetivo es: pactos con países de África para deportaciones.
Pactos con países de África para deportaciones incluyen a Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini
El gobierno ruandés anunció el martes que acordó aceptar hasta 250 personas deportadas desde Estados Unidos. Aunque no se han revelado detalles clave como el cronograma, el tipo de migrantes o las condiciones del acuerdo, el anuncio ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos en migración internacional.
Según voceros en Ruanda, los deportados serán reasentados en el país con acceso a capacitación laboral, asistencia médica y apoyo para vivienda. Sin embargo, se desconoce qué recibió Ruanda a cambio del pacto. La administración Trump tampoco ha dado detalles sobre las negociaciones o sobre el costo que asumiría el gobierno estadounidense.
Este pacto ocurre tras el colapso de un acuerdo similar entre Ruanda y el Reino Unido, que fue declarado ilegal por la Corte Suprema británica en 2023. A pesar de haber invertido cerca de 1.000 millones de dólares, el Reino Unido no logró ejecutar el plan y terminó perdiendo alrededor de 300 millones que ya había transferido a Ruanda.
Vista de inmigrantes detenidos por las autoridades estadounidenses, en una fotografía de archivo. EFE/Allison Dinner
Estados Unidos ya deportó a migrantes a Sudán del Sur
Ruanda no es el primer país africano en colaborar con Estados Unidos bajo este esquema. A inicios de julio, ocho hombres fueron deportados a Sudán del Sur. Se trataba de personas originarias de Cuba, México, Laos, Vietnam, Myanmar y el propio Sudán del Sur. Habían sido detenidas en territorio estadounidense por delitos considerados violentos, pero sus deportaciones se habían retrasado debido a apelaciones legales.
Durante ese tiempo, fueron mantenidos en un contenedor en una base militar de EE.UU. en Yibutí, una situación que ha sido criticada por organizaciones humanitarias.
Una vez que Sudán del Sur tomó custodia de los deportados, prometió velar por su “seguridad y bienestar”. No obstante, no se ha informado públicamente sobre su ubicación actual, condiciones de detención o planes futuros.
Sudán del Sur, país que alcanzó su independencia en 2011, se encuentra sumido en conflictos internos y enfrenta un riesgo constante de guerra civil, lo que genera dudas sobre su capacidad para garantizar condiciones dignas a los migrantes deportados.
Esuatini también participa en pactos con países de África para deportaciones
Poco después del caso en Sudán del Sur, Estados Unidos envió a cinco personas más —provenientes de Yemen, Cuba, Vietnam, Laos y Jamaica— a Esuatini. Las autoridades estadounidenses aseguraron que se trataba de individuos con antecedentes penales graves y cuyos países de origen se negaron a recibirlos.
El año pasado, 60.000 africanos entraron en México de camino a Estados Unidos, frente a los menos de 7000 del año anterior. Foto: X/@federicorios
El Departamento de Seguridad Nacional explicó que estos individuos serían mantenidos en confinamiento solitario hasta que pudieran ser repatriados. Sin embargo, el proceso podría demorar hasta un año. Esta medida ha generado una demanda judicial en Esuatini por presunta violación de derechos humanos, al argumentar que los deportados no tienen acceso a representación legal y están siendo detenidos indefinidamente, a pesar de haber cumplido condenas en Estados Unidos.
Esuatini, una monarquía absoluta gobernada por el rey Mswati III desde 1986, ha sido criticada por su historial represivo. En el país están prácticamente prohibidos los partidos políticos, y las manifestaciones prodemocracia han sido reprimidas violentamente.
Qué buscan los países africanos al aceptar deportados de Estados Unidos
Analistas y expertos internacionales señalan que estos pactos con países de África para deportaciones no son simplemente acuerdos humanitarios. Muchos sospechan que los gobiernos africanos están negociando beneficios a cambio, como acceso preferencial a mercados estadounidenses, ayuda financiera, alivio de sanciones económicas e incluso cooperación en seguridad.
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Seguridad Nacional han respondido a solicitudes de información sobre los detalles de los acuerdos con Ruanda, Esuatini y Sudán del Sur.
La opacidad de estos convenios y la falta de supervisión internacional han generado preocupación sobre posibles violaciones a los derechos humanos y sobre la legalidad de las detenciones prolongadas sin debido proceso.
En el contexto de una política migratoria cada vez más restrictiva, estos acuerdos reflejan un esfuerzo de la administración Trump por encontrar terceros países dispuestos a colaborar, aun cuando sus propios antecedentes en materia de derechos humanos están bajo la lupa.
