El 22 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno federal adquirió un 10% de las acciones de Intel, el gigante de semiconductores, en un movimiento que ha desatado una tormenta de críticas dentro de su propio partido. La transacción, valorada en 8,900 millones de dólares, convierte al gobierno en uno de los mayores accionistas de la compañía, pero sin derechos de voto ni representación en la junta directiva. Mientras Trump defiende la medida como una victoria para los contribuyentes, figuras republicanas como el senador Rand Paul la califican como un “paso hacia el socialismo”, generando un debate sobre si este enfoque representa un cambio hacia el capitalismo de Estado.
Un acuerdo que desafía la ortodoxia republicana
La adquisición de la participación en Intel, financiada mediante la conversión de 8,900 millones de dólares en subsidios del CHIPS and Science Act de 2022 y 3,200 millones del programa Secure Enclave, marca una intervención significativa del gobierno en el sector privado. Trump celebró el acuerdo en Truth Social, afirmando que “no costó nada” y generó un aumento del 6% en las acciones de Intel tras el anuncio. “¡Más empleos para América!”, escribió. Sin embargo, críticos como el presentador conservador Erick Erickson acusan al presidente de contradecir los principios de libre mercado al intervenir en una empresa privada.
Por ejemplo, el senador Rand Paul, conocido por su postura libertaria, expresó en un comunicado que “si el socialismo es el gobierno controlando los medios de producción, poseer parte de Intel es un paso hacia el socialismo”. El analista Scott Lincicome, del Instituto Cato, advirtió que Intel podría tomar decisiones para complacer a Trump, como acelerar la construcción de una fábrica en Ohio, aunque sea poco viable, sacrificando la innovación por favores políticos.
Precedentes y críticas internas
La maniobra de Trump no es completamente nueva. Durante la crisis financiera de 2008-2009, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama adquirieron participaciones en General Motors, Citigroup y AIG para evitar colapsos económicos. Esas intervenciones, justificadas como emergencias temporales, contrastan con la estrategia de Trump, que parece apuntar a una política más permanente. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, defendió el acuerdo, argumentando que es “justo” que los contribuyentes obtengan un retorno por los subsidios otorgados a Intel, una empresa que ha perdido 22,000 millones de dólares desde 2023 tras quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial.
Pese a todo, la oposición dentro del Partido Republicano crece. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, expresó su incomodidad, comparando la medida con “empresas estatales al estilo de la URSS”. El exvicepresidente Mike Pence y el economista Larry Kudlow, exasesor de Trump, también cuestionaron la intervención, advirtiendo sobre el riesgo de que las decisiones empresariales se politicen. Incluso el senador Bernie Sanders, socialista declarado, apoyó la medida, argumentando que los contribuyentes merecen un retorno por los subsidios, lo que ha avivado las críticas de los conservadores que ven hipocresía en el silencio de muchos republicanos.
Hacia un fondo soberano de inversión
El acuerdo con Intel podría ser el primer paso hacia un fondo soberano de inversión, una idea promovida por el asesor económico de Trump, Kevin Hassett. “Habrá más transacciones en otras industrias”, afirmó Hassett, señalando a los contratistas de defensa como posibles objetivos. Lutnick destacó que empresas como Lockheed Martin, que obtiene el 97% de sus ingresos del gobierno, podrían ser candidatas. Este enfoque, inspirado en fondos soberanos de países como China y las monarquías del Golfo, contrasta con la tradición estadounidense de evitar la propiedad estatal de empresas privadas.
Además, Trump ha implementado medidas similares, como negociar una “acción de oro” en la compra de U.S. Steel por Nippon Steel y obtener un 15% de las ventas de chips de Nvidia y AMD a China. Estas acciones sugieren una estrategia más amplia de intervención económica, que el analista Tad DeHaven, del Instituto Cato, describe como “Trumpismo”: una mezcla de nacionalismo económico y control estatal que prioriza los intereses políticos sobre la eficiencia del mercado.
Preocupaciones por el futuro
La falta de supervisión legislativa preocupa a los críticos. Richard Stern, de la Heritage Foundation, señaló que ningún líder, por hábil que sea, puede gestionar eficazmente múltiples industrias sin el conocimiento especializado del sector privado. Además, la posibilidad de que un futuro gobierno demócrata use este precedente para imponer políticas como la tecnología verde o la diversidad corporativa inquieta a los conservadores. Mientras tanto, Intel advirtió en un comunicado que podría perder clientes internacionales reacios a negociar con una empresa parcialmente estatal, lo que plantea dudas sobre los beneficios a largo plazo de esta estrategia.
