Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump dejó claro que visualiza un rol protagónico para las empresas energéticas de Estados Unidos en Venezuela. En una conferencia, dijo que quiere que “las grandes compañías petroleras de EE. UU. entren y inviertan miles de millones de dólares”. También mencionó que estas empresas deben reparar la infraestructura petrolera del país sudamericano. Calificó esta infraestructura como un “fracaso total” tras años de mala gestión y baja producción.
La idea se apoya en un dato clave: Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo extrapesado del mundo, concentradas en la Faja del Orinoco, que la Agencia de Información Energética de EE. UU. estima en torno al 17% de las reservas mundiales. Antes de la crisis, el país llegó a producir cerca de 2,5 millones de barriles diarios, pero hoy su bombeo se mantiene alrededor de un millón de barriles por día, muy lejos de su potencial.
Las sanciones financieras y petroleras, sumadas a la salida de capital extranjero y a años de infraestructura deteriorada, redujeron la inversión privada al mínimo. Por lo tanto, un giro que abra la puerta a compañías estadounidenses marcaría no solo una ruptura con la etapa de nacionalizaciones de Hugo Chávez, sino también un rediseño profundo del mapa energético regional.
Producción actual y espacio para las petroleras de EE.UU.
Aun con sanciones, el petróleo venezolano sigue en el mercado global, aunque con otros destinos. Informes recientes indican que en noviembre se exportaron unos 921.000 barriles diarios. De estos, alrededor del 80% fue a China. Cerca del 16% fue comprado por Estados Unidos gracias a una licencia de Chevron. Una pequeña parte terminó en Cuba.
Además, el gobierno de Trump ordenó en diciembre un bloqueo a buques petroleros que entran o salen de Venezuela, lo que complicó aún más la logística de exportación. Sin embargo, analistas como Manuel Sutherland y Francisco Rodríguez dicen que, si hay un acuerdo, Caracas podría enviar petróleo a Estados Unidos. Hoy, envía volúmenes a Asia. Esto tendría menores costos de transporte y mejor compatibilidad con las refinerías estadounidenses que procesan crudos pesados.
Rodríguez menciona que la Constitución de Venezuela establece que el petróleo es del Estado. Esto significa que no se puede privatizar. Sin embargo, el Gobierno, ahora liderado por Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro, aún puede firmar acuerdos con empresas extranjeras. El chavismo controla tanto la Asamblea Nacional como el poder judicial, lo que facilita la aprobación rápida de contratos si considera que tienen un beneficio político y económico.
El gas natural como carta de futuro
Además del petróleo, Venezuela dispone de una de las mayores reservas de gas natural del continente. Estimaciones de la EIA indican que el país concentra unos 5,5 billones de metros cúbicos, alrededor del 73% de los yacimientos de Sudamérica. Buena parte de ese gas está asociado a la producción petrolera, pero el país explora poco y carece de infraestructura suficiente para aprovecharlo.
Expertos ven una oportunidad importante en proyectos como la plataforma Deltana, en el oriente de Venezuela. De hecho, Estados Unidos dio una licencia a Trinidad y Tobago y a la compañía Shell. Esta licencia es para desarrollar un campo de gas en Venezuela. Esto se hará en coordinación con PDVSA. Sin embargo, deben incluir empresas estadounidenses en la cadena de valor.
Hoy el gas no figura entre las prioridades inmediatas de la agenda energética de EE. UU., que cuenta con abundante producción interna. Sin embargo, un control más directo del sector venezolano permitiría diversificar fuentes y reforzar el abastecimiento regional, con el plus geopolítico de limitar la influencia de otros actores como Rusia o Irán en proyectos estratégicos.
Oro, minerales estratégicos y el Arco Minero del Orinoco
El tercer gran frente de interés se ubica lejos de los pozos, en las minas del sur de Venezuela. En 2016, el gobierno de Maduro declaró el Arco Minero del Orinoco como “zona de desarrollo estratégico” para explotar reservas de oro, coltán, hierro y bauxita. Desde entonces, el área concentra buena parte de las denuncias de minería ilegal, violencia organizada y destrucción ambiental.
Analistas como Sutherland y Rodríguez dicen que Venezuela podría tener una de las mayores reservas de oro del mundo. Sin embargo, destacan que faltan estudios técnicos actualizados para medir su valor con precisión. Hoy la extracción se realiza en gran parte de manera artesanal y bajo el control de grupos criminales vinculados a sectores de la Fuerza Armada, lo que complica cualquier intento de ordenamiento.
En cuanto a los llamados “minerales de tierras raras”, clave para la industria tecnológica global, los expertos admiten que el potencial existe, pero que el país aún se encuentra a años de desarrollar una producción significativa. La falta de inversión, tecnología y seguridad jurídica desalienta a las grandes compañías, que ven un riesgo elevado de expropiaciones, cambios de reglas y corrupción.
Geopolítica, sanciones y la competencia con China y Rusia
La dimensión geopolítica atraviesa toda la discusión. Para Washington, un mayor control sobre el sector energético y minero de Venezuela implicaría reducir la influencia de China, Rusia e Irán, socios clave de Caracas durante los años de sanciones. Sutherland apunta que la presión económica de Estados Unidos abrió la puerta a estos aliados, mientras que un cambio de política podría revertir parcialmente ese acercamiento.
Rodríguez, por su parte, subraya que la Casa Blanca actúa con una lógica “transaccional”, en la que los beneficios económicos pesan tanto o más que las consideraciones ideológicas. Recuerda que acuerdos similares ya se han dado en otros escenarios, como Ucrania, donde el apoyo estadounidense se vinculó a compromisos sobre recursos mineros y energéticos.
Sin embargo, los expertos dicen que hay problemas en Venezuela. Aunque haya un acuerdo entre Caracas y Washington, la inestabilidad política y la debilidad de las instituciones seguirán generando dudas. Esto afectará al mundo empresarial. El historial de sanciones, litigios y cambios abruptos de políticas obliga a cualquier inversor a calcular con cuidado los riesgos antes de apostar por el petróleo, el gas o el oro del país caribeño.
