El presidente Donald Trump busca extender el control federal sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C., tras declarar una emergencia de seguridad pública el 11 de agosto de 2025. Durante un discurso en el Centro Kennedy, Trump afirmó que el plazo inicial de 30 días es insuficiente para combatir el crimen, prometiendo solicitar al Congreso una extensión a largo plazo. La medida, que incluye el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional, ha desatado tensiones con la alcaldesa Muriel Bowser y críticas por exagerar la crisis de seguridad en la capital, donde el crimen violento ha disminuido significativamente.
Un plan para mantener el control
Trump invocó la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973, que permite al presidente asumir el control del MPD durante emergencias por hasta 30 días, según CBS News. En su discurso, el presidente expresó confianza en que los republicanos, con mayorías en ambas cámaras del Congreso, aprobarán una resolución conjunta para extender esta autoridad. “Necesitamos extensiones a largo plazo, porque 30 días no bastan”, afirmó, añadiendo que el objetivo es hacer de D.C. un “modelo” para otras ciudades. Sin embargo, cualquier extensión requiere el apoyo de al menos siete demócratas en el Senado, donde se necesitan 60 votos para avanzar, según The Straits Times.
Por lo tanto, la administración ha intensificado sus esfuerzos. Desde el inicio del operativo el 11 de agosto, 1,450 agentes federales y efectivos de la Guardia Nacional patrullaron la ciudad, logrando 43 arrestos en una sola noche, incluyendo cargos por homicidio, narcóticos y posesión de armas, según un funcionario de la Casa Blanca. Trump también firmó una orden ejecutiva que autoriza al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, a coordinar con gobernadores para desplegar más tropas de la Guardia Nacional de otros estados, según USA Today.
Disputas con las cifras de crimen
A pesar de la narrativa de Trump, que describe a D.C. como una ciudad “fuera de control”, los datos cuentan otra historia. El Departamento de Justicia reportó que el crimen violento en la capital cayó un 26% en 2025, con homicidios reducidos en un 12% en los primeros seis meses, según EFE. Las estadísticas del MPD muestran que las agresiones con armas peligrosas y robos armados están en su nivel más bajo en 30 años, según PolitiFact. La alcaldesa Bowser calificó la intervención como “teatro político” y un “abuso de poder”, argumentando que D.C. no enfrenta una crisis que justifique la federalización, según NBC News.
En consecuencia, las tensiones entre Trump y Bowser han escalado. La alcaldesa, que no fue notificada antes de la orden ejecutiva, insistió en que cumplirá con la ley, pero abogó por la autonomía del Distrito. “Estamos reduciendo el crimen sin intervención federal”, afirmó en una conferencia el 11 de agosto. El senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, acusó a Trump de crear “caos innecesario” para desviar la atención de otros temas, según USA Today.
Críticas y preocupaciones legales
La jugada de Trump ha generado críticas de expertos legales. Joseph Nunn, del Brennan Center for Justice, afirmó que el presidente no puede extender el control sin la aprobación del Congreso, desmintiendo la sugerencia de Trump de declarar una “emergencia nacional” para eludir al legislativo, según Forbes. Organizaciones como el National Homelessness Law Center también han condenado la represión simultánea contra campamentos de personas sin hogar, que incluye multas y arrestos, según Mother Jones. Estas medidas, justificadas por Trump como parte de su plan para “embellecer” D.C., podrían violar derechos civiles, según ACLU.
Pese a todo, Trump insiste en que su estrategia es un éxito. En Truth Social, afirmó que los residentes “ya se sienten más seguros” y prometió eliminar el sistema de fianza sin efectivo, además de renovar parques y carreteras. La Casa Blanca planea presentar un proyecto de ley contra el crimen enfocado en D.C., que podría inspirar medidas similares en Chicago y Los Ángeles, según ABC News. Mientras tanto, la ciudad enfrenta un aumento en la vigilancia, con 24 armas incautadas y 100 arrestos desde el 7 de agosto, según datos oficiales.
