Una mujer con lazos familiares con Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de noviembre cerca de Boston. Bruna Caroline Ferreira, de origen brasileño, enfrenta ahora un proceso de deportación, según confirmó su abogado, Todd Pomerleau.
Un arresto que sorprende al círculo familiar
Ferreira es madre del sobrino de la portavoz y fue detenida el 12 de noviembre mientras conducía para recoger a su hijo en New Hampshire. Su abogado explicó que el menor, de 11 años, vive con su padre, Michael Leavitt, hermano de Karoline, desde su nacimiento. Además, señaló que Ferreira y la funcionaria no mantienen contacto desde hace varios años.
Pese a su conexión familiar con un alto cargo de la Casa Blanca, el caso ha seguido el curso normal del sistema migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que Ferreira estaba en el país de forma ilegal. Su visa de turista expiró en junio de 1999. La describió como “una inmigrante delincuente de Brasil” con un supuesto “arresto previo por agresión”.
Discrepancia entre DHS y la defensa de Ferreira
El abogado Pomerleau refutó las afirmaciones del DHS. “Rechazamos categóricamente que tenga antecedentes penales o algún historial de violencia”, aseguró. Explicó además que su clienta fue beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege de la deportación a migrantes traídos a Estados Unidos durante su infancia.
Durante la primera administración de Donald Trump, Ferreira no logró renovar su estatus debido a los intentos del Gobierno por cancelar DACA. Pomerleau añadió que actualmente su clienta se encuentra en medio de un proceso de inmigración legal para obtener la ciudadanía estadounidense, lo que, según él, debería detener su deportación.
Detenida lejos de su hogar
Tras su arresto, las autoridades trasladaron a Ferreira al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, ubicado en la localidad de Basile, a más de 2,400 kilómetros del lugar de su detención. Su abogado señaló que esta distancia ha dificultado la comunicación con su hijo y la organización de su defensa legal.
Michael Leavitt, hermano de la secretaria de prensa, describió para medios locales que la situación ha sido “emocionalmente devastadora” para su familia. Comentó que su hijo no ha hablado con su madre desde el arresto, y que espera que el caso se resuelva pronto para evitar más daños emocionales al menor.
Apoyo de la familia y recaudación de fondos
Mientras tanto, la familia de Ferreira ha lanzado una campaña para cubrir los gastos legales del proceso. Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, creó una página de donaciones validada por el abogado de la detenida. Según la última actualización, habían recaudado más de 15,000 dólares.
En la descripción de la colecta, su hermana explicó que Ferreira fue llevada a Estados Unidos por sus padres en 1998, cuando tenía solo ocho años. “Desde entonces ha hecho todo lo posible por construir una vida honesta aquí”, escribió. Además, subrayó que su hermana mantuvo su estatus legal mientras pudo renovar su protección bajo DACA.
El contexto migratorio bajo el Gobierno de Trump
Durante la primera presidencia de Donald Trump, DACA enfrentó múltiples intentos de cancelación, aunque la Corte Suprema intervino en 2020 para mantenerlo. El tribunal dictaminó que el Gobierno no había seguido los procedimientos administrativos adecuados para eliminar el programa, impulsado originalmente bajo la administración Obama.
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Sin embargo, las políticas actuales del Gobierno de Trump mantienen un enfoque más agresivo en la aplicación de la ley migratoria. De acuerdo con la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, quienes poseen estatus de DACA “no están automáticamente protegidos de las deportaciones”, recordando que el programa “no otorga residencia legal ni ciudadanía”.
Estas declaraciones muestran el contraste entre las políticas migratorias del Gobierno y los desafíos personales que enfrentan miles de familias, incluso aquellas con vínculos dentro de la propia administración federal. Por ahora, Ferreira continúa detenida en Louisiana a la espera de una audiencia que definirá su futuro en el país.
