El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) enfrenta una demanda presentada por una coalición de estados liderada por California, tras revelar que ha compartido datos de salud de pacientes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha generado alarma entre defensores de derechos civiles y organizaciones proinmigrantes.
La acción legal fue interpuesta este martes en un tribunal federal del norte de California. Según los demandantes, el Departamento de Salud rompió la confidencialidad médica que protege la ley federal Medicaid. Esto ocurrió al permitir que ICE accediera sin restricciones a la información personal de personas que reciben programas de salud pública.
El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo en un comunicado que la administración de Donald Trump está dañando las protecciones de privacidad. Esto sucede al permitir que se usen datos médicos sensibles para controlar la migración.
El Departamento de Salud en el centro del conflicto
La demanda dice que el Departamento de Salud ha trabajado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Han entregado registros médicos de beneficiarios de Medicaid, muchos de los cuales son inmigrantes. Esta entrega de datos, de acuerdo con los demandantes, no tiene una base legal clara y contradice los principios fundamentales del programa.
Una fotografía de archivo del Hospital Comunitario Martin Luther King Jr., en Compton, California (EE.UU.). EFE/EPA/ Etienne Laurent
Crearon Medicaid en 1965 para proporcionar atención médica a personas con bajos ingresos. El programa estipula que solo pueden compartir la información personal de sus beneficiarios en circunstancias limitadas, como en emergencias médicas o para investigaciones de salud pública, no para fines de control migratorio.
“La cultura del miedo que crea esta administración provocará que muchas personas no busquen atención médica por miedo a que los reporten o a que ICE los arreste”, advirtió Bonta.
Datos compartidos por el Departamento de Salud afectan a millones
En todo Estados Unidos, más de 78 millones de personas están afiliadas a Medicaid y al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP). El estado de California, por medio de su programa Medi-Cal, cubre a un tercio de su población. Esto incluye a millones de inmigrantes, sin importar su estatus migratorio.
Inmigrantes en Estados Unidos. Foto: EFE
Fondos estatales hacen posible eso, ya que permiten que inmigrantes indocumentados accedan a atención médica básica. Sin embargo, los recientes señalamientos hacia el Departamento de Salud han despertado temor entre las comunidades inmigrantes, quienes ahora dudan si podrían utilizar sus registros médicos en su contra.
El impacto va más allá de California. Los estados de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington también se han sumado a la demanda, mostrando un frente unido contra lo que consideran un abuso del poder federal.
El Departamento de Salud y la vigilancia migratoria
Esta no es la primera vez que el Departamento de Salud ha sido cuestionado por el uso indebido de datos. Diversas organizaciones han denunciado anteriormente que agencias como ICE acceden a bases de datos médicas y educativas para rastrear a inmigrantes, con consecuencias que van desde la negación de servicios hasta la deportación.
La administración Trump ha defendido su decisión asegurando que los datos son “necesarios para identificar amenazas” y que se utilizan “con criterios de seguridad nacional”. No obstante, los críticos aseguran que estos argumentos son una justificación para criminalizar a personas vulnerables.
“Estamos viendo cómo una institución creada para proteger la salud pública se está convirtiendo en una herramienta para castigar a los más desprotegidos”, manifestó Cynthia García, directora de la organización United We Dream.
El temor ahora es que este tipo de prácticas disuada a inmigrantes de acceder a servicios médicos esenciales, especialmente en casos de emergencia, por miedo a que las autoridades migratorias los detecten. “Nadie debería tener que elegir entre su salud o su seguridad migratoria”, añadió García.
Los estados demandantes buscan una orden judicial que prohíba al Departamento de Salud continuar compartiendo información con ICE y que garantice la destrucción de cualquier dato que ya hayan transferido.
El proceso legal podría tomar meses, pero sus resultados marcarán un precedente importante para la protección de datos personales de millones de beneficiarios de Medicaid en Estados Unidos.
