La administración del presidente Donald Trump ha desatado controversia al condicionar la ayuda federal para desastres a que estados y ciudades de Estados Unidos no boicoteen a empresas israelíes, una medida que vincula la financiación de emergencia a posiciones políticas. Anunciada el 1 de agosto de 2025, esta política ha generado críticas por su impacto potencial en comunidades vulnerables y por restringir la libertad de expresión. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que la medida esté activa, documentos iniciales de FEMA han avivado el debate, mientras defensores y opositores chocan sobre sus implicaciones en un país polarizado.
Una política que condiciona la ayuda federal
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció el viernes nuevas subvenciones. Estas incluyen una cláusula importante. Los solicitantes deben certificar que no cortarán relaciones comerciales con empresas israelíes o que operen en Israel. Esta condición afecta al menos 1,900 millones de dólares. Este dinero es para la preparación ante desastres. Incluye equipos de búsqueda y rescate. También se usan sistemas de energía de respaldo, según Reuters. Ciudades como Nueva York, que recibiría 92.2 millones de dólares para prevención del terrorismo, estarían obligadas a cumplir, según el análisis de riesgo de FEMA. La medida apunta al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que presiona a Israel por su ocupación de territorios palestinos.
El DHS negó el lunes a Newsweek que haya un requisito actual sobre Israel en las notificaciones de financiación de FEMA. “Ningún estado ha perdido fondos ni se han impuesto nuevas condiciones”, afirmó un portavoz. Sin embargo, el podcaster Saagar Enjeti mostró capturas de pantalla de términos anteriores que incluían la restricción, eliminada en una versión posterior. Esto ha causado confusión sobre la política. Esta política afecta programas importantes. Este año, huracanes e incendios forestales han causado daños de 45,000 millones de dólares, según la NOAA.
Críticas por restringir la libertad de expresión
La medida ha desatado críticas por su impacto en los derechos de la Primera Enmienda. Robert McCaw, del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), calificó la política como “inconstitucional y antiestadounidense”, argumentando que el derecho al boicot es fundamental. “Negar ayuda en desastres a estados que defienden los derechos humanos podría costar vidas”, afirmó. En mayo, la Cámara rechazó la Resolución 867. Esta resolución quería castigar el apoyo al BDS. La representante Marjorie Taylor Greene se opuso. Ella defendió la libertad de los estadounidenses a boicotear sin sanciones del gobierno.
Pese a todo, grupos pro-Israel, como el Comité Judío Americano, respaldan la medida. Holly Huffnagle, directora de política antisemita del grupo, afirmó que el BDS promueve el antisemitismo y que las políticas antidiscriminatorias son esenciales. En 2023, el movimiento BDS ganó fuerza después del ataque de Hamás a Israel. La ofensiva en Gaza dejó 43,000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Desde entonces, 35 estados han adoptado leyes anti-BDS, según el Jewish Virtual Library, aunque varias han sido cuestionadas en tribunales por violar derechos constitucionales.
Contexto de políticas migratorias y pro-Israel
Además, esta medida se suma a otras decisiones controvertidas de la administración Trump. En julio, FEMA pidió a los estados que usen fondos de prevención del terrorismo para detener migrantes. Esto, según el DHS, muestra las prioridades de seguridad de la Casa Blanca. En abril, el DHS prohibió a los beneficiarios de subvenciones boicotear a Israel, una política que ahora se extiende a la preparación ante desastres. En 2024, EE.UU. destinó 3,800 millones de dólares en ayuda militar a Israel, según el Departamento de Estado, consolidando su apoyo al aliado clave.
Por su parte, la amenaza de Trump ha generado reacciones mixtas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el DHS hará cumplir las leyes antidiscriminatorias, incluyendo aquellas contra el BDS. Sin embargo, críticos advierten que condicionar la ayuda en desastres naturales, que en 2024 benefició a 2.3 millones de hogares, según FEMA, pone en riesgo a comunidades afectadas por huracanes, inundaciones e incendios. Mientras el debate continúa, la administración enfrenta el desafío de equilibrar su agenda pro-Israel con las necesidades urgentes de los estadounidenses en un año marcado por desastres naturales y tensiones políticas.
