La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva controversia tras la demanda presentada el 18 de agosto de 2025 por 20 estados y Washington, D.C., que acusan al Departamento de Justicia de retener ilegalmente fondos destinados a víctimas de crímenes para presionar a estados y ciudades a cooperar con las políticas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La acción legal, liderada por fiscales generales demócratas, denuncia que estas condiciones amenazan con desfinanciar programas esenciales que apoyan a sobrevivientes de violencia doméstica, agresiones y otros delitos. La disputa refleja la creciente tensión entre el gobierno federal y las jurisdicciones que limitan su colaboración con ICE.
Fondos para víctimas en riesgo
Los estados demandantes buscan que un juez federal en Rhode Island anule las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia sobre los fondos de la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA), que en 2024 distribuyó $1,900 millones para programas de compensación y asistencia a víctimas, según datos del gobierno. Estas subvenciones cubren gastos médicos, costos funerarios, asesoramiento y refugios de emergencia. Sin embargo, el Departamento de Justicia exige que los beneficiarios permitan el acceso de ICE a instalaciones, notifiquen sobre liberaciones de personas buscadas por su estatus migratorio y eviten políticas que “obstruyan” la aplicación de leyes migratorias. En 2025, estas condiciones afectan a más de 3,000 organizaciones en todo el país, según la Red Nacional de Servicios para Víctimas del Crimen.
Por su parte, los estados argumentan que estas exigencias violan la Constitución y la Ley de Procedimientos Administrativos, al exceder la autoridad del Ejecutivo y contradecir el propósito del VOCA, que no incluye requisitos migratorios. “Es cruel e ilegal usar a las víctimas como peones políticos”, afirmó el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en una conferencia de prensa el lunes, destacando que los fondos provienen de multas federales, no de impuestos.
Enfrentamiento con jurisdicciones santuario
La demanda se enmarca en la ofensiva de Trump contra las llamadas “jurisdicciones santuario”, que limitan la cooperación con ICE para proteger a comunidades inmigrantes. En agosto de 2025, la fiscal general Pam Bondi publicó una lista de 12 estados, 4 condados y 18 ciudades considerados santuario, incluyendo California, Nueva York y Chicago. El Departamento de Justicia ha iniciado al menos cinco demandas contra estas jurisdicciones desde enero, según reportes oficiales, buscando obligarlas a cumplir con las políticas federales. En 2024, ICE detuvo a 67,000 inmigrantes con antecedentes penales, un aumento del 15% respecto al año anterior, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Pese a todo, los estados demandantes sostienen que las condiciones de los fondos VOCA socavan la confianza entre comunidades inmigrantes y la policía, reduciendo la denuncia de crímenes. En California, por ejemplo, los reportes de violencia doméstica entre inmigrantes cayeron un 10% en 2024, según la Oficina del Fiscal General, un fenómeno atribuido al temor a la deportación.
Un debate nacional en aumento
La controversia llega en un momento de alta polarización. En 2025, las políticas migratorias de Trump han generado más de 20 demandas federales, incluyendo casos en Illinois y Los Ángeles, según datos judiciales. Los estados demandantes, que incluyen a Colorado, Connecticut, Massachusetts y Wisconsin, entre otros, argumentan que las condiciones del VOCA son un intento de “extorsionar” a gobiernos locales para que actúen como agentes migratorios, una función que consideran fuera de su jurisdicción. En 2023, los programas VOCA apoyaron a 7 millones de víctimas en EE.UU., según el Departamento de Justicia, y un recorte podría dejar a miles sin asistencia.
Además, la disputa subraya un conflicto más amplio sobre el poder federal versus estatal. La administración Trump, que en abril de 2025 clasificó a ciertas jurisdicciones santuario como “obstructivas” mediante una orden ejecutiva, defiende estas medidas como esenciales para la seguridad nacional. Mientras tanto, las protestas contra las políticas migratorias han crecido, con más de 15,000 manifestantes en Washington, D.C., en julio, según la policía local. A medida que el caso avanza en los tribunales, la atención pública se centra en cómo estas políticas afectan a las víctimas más vulnerables y en el futuro de la cooperación migratoria en EE.UU.
