La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus acciones contra figuras clave que lo han investigado o enfrentado en los tribunales. Ahora, el Departamento de Justicia dirige su atención hacia Letitia James, fiscal general de Nueva York, para determinar si vulneró los derechos civiles del mandatario en la demanda civil por fraude que interpuso y ganó, lo que derivó en una sanción millonaria para el republicano. Este movimiento se suma a la reciente investigación federal contra Jack Smith, fiscal especial que lideró causas judiciales contra Trump.
La demanda por fraude contra Donald Trump
La primera citación emitida contra James está vinculada al sonado caso civil de fraude en el que se acusó al presidente Trump de inflar artificialmente su patrimonio con el fin de engañar a prestamistas. El proceso concluyó en febrero de 2024 con una multa inicial de 355 millones de dólares, que ya supera los 500 millones debido a los intereses acumulados.
Al tratarse de un juicio civil, no hubo penas de prisión, pero el impacto económico y mediático fue considerable. Desde el inicio, Trump ha sostenido que el caso fue una “caza de brujas” motivada políticamente por la fiscal James, a quien acusa de parcialidad y de utilizar su cargo para perjudicarlo.

El presidente de EE.UU. Donald J. Trump, en una fotografía de archivo. EFE/Erin Schaff/Pool
Investigaciones contra la Asociación Nacional del Rifle
La segunda citación federal hace referencia a otro caso emblemático impulsado por la oficina de James: la demanda presentada en 2020 contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una de las organizaciones más influyentes en la defensa del derecho a portar armas en Estados Unidos y tradicional aliada del Partido Republicano.
James acusó a la NRA de prácticas corruptas, lo que provocó la renuncia de su líder histórico, Wayne LaPierre, y redujo drásticamente el poder del grupo. Posteriormente, LaPierre fue declarado culpable de corrupción, y en 2021 la NRA se declaró en bancarrota.
Ante la investigación federal, la oficina de James ha denunciado que se trata de un claro ejemplo de represalia política por parte de la Administración Trump. Abbe Lowell, abogado de la fiscal, calificó la medida como “el acto más flagrante y desesperado” en la campaña de venganza contra quienes se han enfrentado al presidente.
En un comunicado, la oficina aseguró que “cualquier uso del sistema judicial como arma debería alarmar a todos los estadounidenses” y reafirmó su compromiso con la defensa de sus casos exitosos contra la Organización Trump y la NRA, así como la protección de los derechos de los neoyorquinos.
La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, en una fotografía de archivo. EE/EPA/Justin Lane
Una enemistad que lleva años
Letitia James ha sido una de las adversarias más visibles de Donald Trump desde que asumió el cargo de fiscal general en 2018. Su relación con el mandatario se tensó aún más en 2022, cuando presentó la demanda civil por fraude. Ese mismo año, Trump respondió con una contrademanda para frenar la investigación, aunque sin éxito.
En diciembre de 2021, James anunció su candidatura a gobernadora de Nueva York, pero se retiró poco después para centrarse en su labor como fiscal. Esta decisión no mitigó la hostilidad del presidente, que ha mantenido una postura de confrontación abierta contra ella.
Contexto político y jurídico
Las investigaciones contra James y Smith se basan en la supuesta violación de los derechos civiles de Donald Trump, un argumento legal poco habitual que normalmente se utiliza en casos de discriminación racial, religiosa o sexual. Esta misma estrategia legal ha sido invocada por la Casa Blanca en su ofensiva contra varias universidades del país, acusándolas de vulnerar ciertas disposiciones de la ley federal.
Además, la tensión política se intensifica con el inminente calendario electoral, en el que Trump busca consolidar su poder y neutralizar a sus opositores. Informes recientes del diario The New York Times señalan que el presidente evalúa involucrarse en la contienda por la alcaldía de Nueva York para frenar la candidatura de Zohran Mamdani, un aspirante respaldado públicamente por James.
El enfrentamiento entre Donald Trump y Letitia James ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un símbolo de la polarización política en Estados Unidos. Mientras los aliados del presidente lo presentan como víctima de una persecución, sus detractores sostienen que se enfrenta a las consecuencias legales de sus actos.
Lo cierto es que la investigación federal contra James marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el mandatario y sus críticos más persistentes, en un escenario donde las fronteras entre política y justicia parecen cada vez más difusas.
La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, en una fotografía de archivo. EE/EPA/Justin Lane