Una coalición de 16 estados liderada por California ha presentado una demanda contra la administración de Donald Trump por restringir los derechos trans de menores en Estados Unidos. La acción legal, presentada el 1 de agosto de 2025 en un tribunal de Boston, Massachusetts, desafía una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025. Esta orden califica los tratamientos de afirmación de género, como los bloqueadores de pubertad y las terapias hormonales, como una forma de “mutilación química y quirúrgica”. La demanda argumenta que estas restricciones violan los derechos constitucionales de los jóvenes transgénero, limitando su acceso a atención médica esencial.
La orden de Trump instruye al Departamento de Justicia a investigar a clínicas y médicos que ofrecen estos tratamientos, incluso en estados donde son legales. Esto ha generado un efecto disuasorio, con varios centros de salud suspendiendo servicios por temor a represalias legales. Según el fiscal general de California, Rob Bonta, estas políticas amenazan la salud y el bienestar de adolescentes vulnerables, privándolos de tratamientos que mejoran su calidad de vida. La batalla legal podría escalar hasta la Corte Suprema, marcando un momento clave para los derechos trans en el país.
Derechos trans bajo amenaza
La orden ejecutiva de Trump, emitida el 28 de enero de 2025, prohíbe el financiamiento federal para tratamientos de afirmación de género en menores de 19 años. Esto afecta programas como Medicaid y TRICARE, que cubren servicios médicos para familias de militares en algunos estados. La medida también ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos emitir nuevas directrices que prioricen enfoques alternativos para tratar la disforia de género. Según el Instituto Williams de la Universidad de California, aproximadamente 1.6 millones de personas mayores de 13 años se identifican como transgénero en Estados Unidos, y los tratamientos de afirmación de género han demostrado reducir significativamente las tasas de depresión y suicidio en este grupo.
En estados como Nueva York y Massachusetts, los proveedores de salud han cancelado citas médicas relacionadas con la transición de género, dejando a muchas familias sin opciones. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que estas políticas atacan a jóvenes que ya enfrentan grandes barreras para ser aceptados. La demanda sostiene que las acciones de Trump violan la Quinta Enmienda, al interferir con los derechos de los padres a decidir sobre la atención médica de sus hijos, y la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que prohíbe la discriminación por sexo.
La lucha en los tribunales
La coalición de estados, que incluye a California, Nueva York, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Pensilvania, Rhode Island, Wisconsin y el Distrito de Columbia, busca una orden judicial que declare ilegal la política de Trump. Los demandantes argumentan que la orden ejecutiva carece de base legal y crea un ambiente de miedo que limita el acceso a la atención médica. En febrero de 2025, un juez federal en Maryland emitió una orden de restricción temporal que mantuvo el financiamiento federal para estos tratamientos, un pequeño triunfo para los defensores de los derechos trans. Sin embargo, la batalla legal está lejos de terminar.
El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, ha defendido la orden, argumentando que protege a los menores de procedimientos que considera irreversibles. Bondi ha emitido más de 20 citaciones a médicos y clínicas, intensificando la presión sobre los proveedores de salud. Esta postura refleja la retórica de Trump durante su campaña, donde prometió combatir la “ideología woke” y limitar los derechos trans, ganando apoyo entre sectores conservadores. Sin embargo, la Asociación Médica Estadounidense respalda los tratamientos de afirmación de género, destacando su importancia para la salud mental de los jóvenes trans.
Impacto de las políticas
Las políticas de Trump no solo afectan a los menores, sino que también envían un mensaje más amplio sobre el reconocimiento de las personas transgénero. En su primer día en el cargo, el presidente firmó otra orden ejecutiva que establece que el gobierno federal solo reconocerá dos géneros: masculino y femenino. Esto elimina la opción de marcar “X” en pasaportes para personas no binarias y obliga a las personas trans a usar instalaciones como baños o prisiones según su sexo asignado al nacer. Estas medidas han generado preocupación entre defensores de los derechos trans, quienes temen un retroceso en las protecciones logradas en las últimas décadas.
En estados como Tennessee, donde las prohibiciones de tratamientos para menores trans ya están en vigor, las familias deben viajar a otros estados para acceder a atención médica. La Academia Americana de Pediatría señala que los tratamientos de afirmación de género, cuando son supervisados por profesionales, son seguros y efectivos para menores con disforia de género. La demanda presentada en Boston busca garantizar que los jóvenes trans puedan acceder a estos tratamientos sin miedo a represalias legales, un paso crucial para proteger sus derechos en un contexto político cada vez más hostil.
A medida que el caso avanza, las familias y los defensores de los derechos humanos esperan que los tribunales actúen como un freno a las políticas de Trump. La resolución de esta demanda podría definir el futuro de los derechos trans de menores en Estados Unidos, especialmente para los jóvenes que dependen de la atención médica para vivir de acuerdo con su identidad. Mientras tanto, la coalición de estados demócratas promete seguir luchando para garantizar que los menores trans tengan acceso a los cuidados que necesitan.
