George Retes, un veterano hispano del Ejército de 25 años, ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por su detención durante un operativo de inmigración en Glass House Farms, Camarillo, el 10 de julio de 2025. Este ciudadano estadounidense, quien sirvió en Irak, denuncia haber sido arrestado sin motivo, maltratado y privado de derechos básicos durante tres días. La acción legal, respaldada por el Instituto para la Justicia, busca responsabilizar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por violaciones constitucionales, en un caso que pone en el centro el trato a ciudadanos durante las redadas migratorias.
Un arresto violento en Ventura
El 10 de julio, Retes se dirigía a su trabajo como guardia de seguridad en Glass House Farms cuando se topó con un retén de ICE en medio de protestas. Según su relato, los agentes rompieron la ventanilla de su camioneta, lo rociaron con gas pimienta y lo sacaron a la fuerza, a pesar de que se identificó como ciudadano estadounidense. “Obedecí sus órdenes, pero no les importó”, afirmó Retes. Los agentes lo trasladaron a una base militar cercana y luego al Centro de Detención Metropolitano en Los Ángeles, donde permaneció tres días sin cargos, sin acceso a un abogado ni contacto con su familia.
Por su parte, Retes describe un trato inhumano: cubierto de irritantes químicos, no le permitieron ducharse ni cambiarse de ropa, y fue puesto en observación por angustia emocional tras perderse el tercer cumpleaños de su hija. “No me dieron ninguna explicación, ni una disculpa al liberarme”, declaró. Su caso, según el Instituto para la Justicia, evidencia cómo las redadas de ICE afectan incluso a ciudadanos estadounidenses, con más de 10 casos similares reportados en California en 2025.
Una demanda por justicia
Pese a todo, Retes no se ha quedado de brazos cruzados. Representado por las abogadas Marie Miller y Anya Bidwell, presentó una demanda bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite exigir compensación por daños causados por agentes federales. “George lucha por todos los que sufren estas injusticias”, afirmó Bidwell. Si las agencias federales no responden en seis meses, el caso pasará a tribunales federales. La acción legal busca no solo compensar a Retes, sino también establecer un precedente contra el uso excesivo de fuerza, que afectó al 15% de los detenidos en redadas de 2025, según datos de la ACLU.
Además, el caso ha ganado atención por las circunstancias del operativo en Camarillo, donde ICE y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a 361 personas, según el Departamento de Seguridad Nacional. La redada, que dejó un trabajador muerto tras caer de una estructura, desató protestas y críticas por detenciones basadas en apariencia racial.
Resistencia y apoyo comunitario
En este contexto, la demanda de Retes se suma a una creciente oposición a las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump. Una orden judicial del 11 de julio, ratificada por el Noveno Circuito el 1 de agosto, suspendió temporalmente las redadas en siete condados de California por perfilamiento racial. Sin embargo, el gobierno apeló ante la Corte Suprema, buscando reanudar los operativos que han detenido a más de 300,000 migrantes en 2025, según el Washington Times.
Por ahora, Retes ha creado una página en GoFundMe para cubrir gastos legales, recaudando más de $12,000 en una semana, según reportes locales. Organizaciones como la Unión de Campesinos han respaldado su lucha, calificándola como un “llamado a la justicia para todos los ciudadanos”. Mientras el caso avanza, Retes insiste en su compromiso: “Serví a este país en el Ejército, y ahora lo defiendo como civil contra abusos que no deberían ocurrir”.
