La administración Trump puso en marcha el martes una operación inédita en Minneapolis-St. Paul para investigar mil casos de posible fraude migratorio. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), de los casos observados se identificaron 275 con sospechas de fraude. De ellos, 42 fueron referidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o recibieron notificaciones para comparecer ante cortes migratorias, y cuatro personas acabaron detenidas. No se presentaron cargos formales por ahora.
Redada federal y nuevas directrices
Joseph Edlow, director de USCIS, advirtió que se repetirán este tipo de operativos en otras ciudades próximamente. “Estamos declarando la guerra al fraude migratorio”, aseguró. Los agentes encontraron patrones de fraude matrimonial, documentos falsificados, estancias ilegales y solicitudes laborales ficticias. Incluso hubo casos en el programa Uniting for Ukraine, que ofrecía permisos temporales humanitarios a personas procedentes de Ucrania. En uno de los expedientes, un patrocinador intentó respaldar a más de cien ucranianos.
Para Joseph Edlow, el combate se intensificará, revisando beneficios ya otorgados y reanalizando residencias, ciudadanías o peticiones familiares que puedan haberse obtenido con fraude. Quienes violen la ley podrían perder sus beneficios y enfrentar procesos legales.
Fraudes detectados y repercusiones
Entre los casos detectados por USCIS destaca el de un migrante que presuntamente abusó de un ciudadano estadounidense de edad avanzada, y el de una mujer que admitió fraude matrimonial horas después de jurar la autenticidad de su relación ante funcionarios migratorios. La agencia también investiga solicitudes basadas en matrimonio y familia, permisos laborales, y solicitudes humanitarias.
De acuerdo con Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional, menos del 5% de los casos investigados acabaron ante ICE o frente a jueces migratorios. Trickler-McNulty cuestionó el uso eficaz de recursos, pues la redada movilizó personal mientras la agencia lidia con atrasos millonarios.
Además, advirtió sobre la existencia de fraudes cometidos por abogados falsos y personas que buscan estafar a migrantes desesperados por documentación.
Cambios estructurales en el USCIS
Recientemente, USCIS anunció la incorporación de agentes con capacidad de portar armas, investigar y ejecutar detenciones. También reanudó las «investigaciones de vecindad» para entrevistas con familiares, amigos y empleadores de los beneficiarios, una medida suspendida desde 1991.
Además, el manual de políticas de USCIS fue actualizado para considerar cualquier “ideología o actividad antiestadounidense”, incluyendo comentarios en redes sociales, al momento de decidir beneficios migratorios. Ahora, estas actividades pueden ser un factor negativo decisivo.
En agosto se implementaron reglas enfocadas en solicitudes de residencia por matrimonio y familia. Las nuevas directrices permiten que las autoridades migratorias inicien procesos de expulsión para inmigrantes sin estatus legal que soliciten residencia por vínculos familiares o conyugales. Esta política afecta solicitudes anteriores y nuevas, desde el 1 de agosto.
Impacto en migrantes y vías legales
Expertos señalan que estas medidas impactan no solo a quienes entraron sin autorización, sino también a quienes pierden su estatus durante el proceso de residencia. Los cambios afectan a beneficiarios de DACA y a cientos de miles de migrantes vulnerables tras la cancelación de programas temporales.
No se trata solo de endurecer la revisión, sino de sentar precedentes para que cualquier irregularidad pueda conducir a la revocación de beneficios y expulsión, incluso si la persona ya reside o trabaja legalmente en Estados Unidos.
La ofensiva del USCIS en Minneapolis pone de manifiesto el aumento de los operativos y el escrutinio sobre las vías legales para inmigrantes, y advierte sobre el futuro de los procesos migratorios bajo el gobierno actual. La vigilancia sobre fraudes, cambios de política y nuevas prácticas refuerza la postura de un sistema más estricto, donde cualquier fallo puede comprometer la permanencia en el país.
