El 4 de septiembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la creación de un cuerpo de agentes especiales armados, marcando un cambio histórico en su rol. Por primera vez, la agencia encargada de procesar visas, asilos y residencias permanentes tendrá autoridad para investigar, arrestar y presentar casos de fraude migratorio para procesamiento judicial. Esta medida, respaldada por el presidente Donald Trump, ha generado controversia. A continuación, los detalles de esta nueva política.
Un nuevo rol policial para USCIS
El USCIS, tradicionalmente una agencia administrativa, ahora tendrá agentes clasificados como 1811, el mismo estatus que los del FBI o la DEA. Estos oficiales, autorizados para portar armas y ejecutar órdenes de registro, investigarán fraudes en solicitudes de inmigración. La medida, efectiva desde el 5 de octubre, busca aliviar la carga de ICE, permitiéndole enfocarse en delitos transnacionales, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En 2024, USCIS identificó 12,000 casos de posible fraude, según datos internos.
Facultades ampliadas
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, delegó en mayo nuevas facultades al director de USCIS, Joseph Edlow. Estas incluyen ordenar deportaciones aceleradas y realizar investigaciones civiles y penales. Los agentes podrán actuar sin depender de Homeland Security Investigations, agilizando los casos. Edlow planea contratar a 200 agentes inicialmente, enfocados en patrones de fraude, como solicitudes idénticas o falsas discapacidades para evitar exámenes de ciudadanía, según el Wall Street Journal.
Enfoque en el fraude migratorio
En consecuencia, los agentes especiales priorizarán la desnaturalización de ciudadanos que mintieron en sus solicitudes y la investigación de fraudes en beneficios migratorios. Edlow afirmó que esto no afectará a solicitantes legítimos, sino que disuadirá aplicaciones fraudulentas. En 2023, USCIS denegó 15,000 solicitudes por irregularidades, según el Migration Policy Institute. Sin embargo, la presencia de agentes armados en entrevistas podría intimidar a los inmigrantes, reduciendo la confianza en el sistema, según exfuncionarios de la agencia.
Reacciones y preocupaciones
Por otro lado, la medida ha generado críticas. Organizaciones como el American Immigration Council advierten que los nuevos poderes podrían desalentar a inmigrantes elegibles de solicitar beneficios por miedo a represalias. En 2024, el 20% de los solicitantes abandonaron procesos por temor a la deportación, según un informe del Urban Institute. La abogada Miriam Airington-Fisher señaló que la falta de claridad sobre cómo operarán los agentes podría afectar los derechos al debido proceso, especialmente en comunidades vulnerables.
Contexto de la política migratoria
Pese a todo, esta iniciativa se alinea con la agenda migratoria de Trump. Desde enero de 2025, ICE y CBP han arrestado a 59,000 personas, un récord impulsado por el “One Big Beautiful Bill Act”, según el DHS. La creación de estos agentes responde a la promesa de Trump de “hacer América segura otra vez”, enfocándose en fraudes que, según el DHS, representan el 8% de las solicitudes de USCIS. Sin embargo, activistas temen que la medida intensifique el clima de miedo en comunidades migrantes.
Impacto en los inmigrantes
Además, la presencia de agentes armados podría cambiar la dinámica en las oficinas de USCIS. Hasta ahora, la separación entre USCIS y las agencias de enforcement como ICE fomentaba confianza para presentar solicitudes. En 2024, USCIS procesó 10.9 millones de aplicaciones, según datos oficiales. La nueva política podría reducir este número, afectando a inmigrantes que buscan legalizar su estatus. La comunidad venezolana, que representa el 15% de los solicitantes en Florida, expresó especial preocupación tras recientes restricciones al TPS.
Recursos para la comunidad
Para orientación, contacte al USCIS al +1-800-375-5283 o al American Immigration Lawyers Association al +1-202-507-7600. Mientras los nuevos agentes especiales de USCIS comienzan a operar, los inmigrantes y sus familias deben mantenerse informados sobre sus derechos y los cambios en los procesos migratorios para evitar complicaciones legales.
