En un vecindario de Virginia, a pocos kilómetros de Washington, familias inmigrantes enfrentan una dura realidad: el miedo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) las ha llevado a evitar incluso la asistencia alimentaria. Mientras los camiones de distribución de alimentos llegan dos veces al mes, las filas, antes extensas, se han reducido drásticamente debido a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
Una comunidad bajo presión
Cada dos semanas, organizaciones no gubernamentales y activistas locales organizan jornadas de distribución de alimentos en el condado de Fairfax, un área con alta población inmigrante. Alicia Vásquez, una residente, espera su turno para recibir una bolsa que alivia el peso de los altos costos de la comida. “En una bolsita se van hasta doscientos dólares en la tienda, y con esto nos ayudamos bastante”, dice. Sin embargo, el miedo a ser detenidos por ICE ha cambiado la dinámica de estas jornadas, con muchas familias enviando a una sola persona para recoger los víveres y regresar rápidamente a casa.
Por su parte, Brenda, una inmigrante guatemalteca que llegó a Estados Unidos hace dos años, relata cómo dejó de acudir por temor a las redadas. “Hubo un tiempo en que la gente ya no vino porque decían que habría operativos”, explica. Este temor ha llevado a que alimentos donados por iglesias y supermercados se echen a perder, según John Cano, del Centro de Ayuda y Asistencia Legal, que coordina estas distribuciones.
Redadas que transforman la vida diaria
La intensificación de las redadas de ICE en 2025, parte de la agresiva campaña de deportación de la Administración Trump, ha generado un clima de desconfianza. Cano reporta que unas 40 personas han sido detenidas en el área, lo que ha disuadido a muchos de buscar ayuda legal o médica ofrecida por el condado. Aunque Fairfax es un condado santuario, donde la policía local no colabora con ICE, los residentes siguen temiendo salir de casa. “Ahora no tocan las puertas; esperan a que salgas, camino al bus o a tu carro”, señala Cano.
Además, la policía local ha trabajado para diferenciarse de los agentes federales, organizando campañas educativas sobre sus roles y uniformes. Estas iniciativas han ayudado a que algunos vecinos regresen a las distribuciones, pero las filas siguen siendo más cortas que antes. Una encuesta reciente indica que el 59% de los estadounidenses desaprueba la detención de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, reflejando el malestar de comunidades como esta.
Historias de lucha y sacrificio
Un hondureño, que prefirió mantenerse anónimo, comparte su experiencia tras cruzar la frontera hace cinco años. Trabajando en jardinería y restaurantes, enfrentó cuatro meses de desempleo antes de conseguir un empleo parcial cortando vegetales. “Deudas por todos lados”, dice, aunque logró enviar dinero para construir una casa para sus padres en Honduras. A pesar de las dificultades, no planea irse. “Si no nos va bien, tocará buscar la salida voluntaria”, añade.
Por su parte, Damaris, otra hondureña, describe el impacto en sus hijos. “He tenido temor de mandarlos a la escuela”, confiesa, atrapada entre protegerlos y cubrir gastos como la renta. Brenda, madre de un bebé ciudadano, también considera regresar a Guatemala, aunque su motivación es asegurar un futuro mejor para su hijo. “Venimos por un estudio más avanzado para ellos”, afirma.
Un futuro incierto
Mientras las familias se reúnen bajo el calor del verano, el miedo persiste. Alicia Vásquez, bolsa en mano, expresa la frustración de la comunidad: “Todos estamos preocupados, con papeles o sin ellos. He visto a varios con residencia que se los han llevado”. Sus vecinas asienten, reflejando el sentir colectivo. En Fairfax, la asistencia alimentaria sigue siendo un salvavidas, pero el temor a ICE ha convertido incluso este acto de solidaridad en un riesgo que muchos no están dispuestos a tomar.
