Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco marcó un hito este miércoles al permitir que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta decisión, que revoca una orden previa de un tribunal inferior, representa un nuevo avance en la agenda migratoria de la Casa Blanca, enfocada en limitar los beneficios migratorios. Con esta medida, miles de personas enfrentan un futuro incierto, con plazos ajustados para abandonar su estatus legal en Estados Unidos.
El fallo, emitido por un panel unánime del Noveno Circuito de Apelaciones, suspende la orden de la jueza Trina Thompson, quien en julio había bloqueado la terminación del TPS al considerar que las decisiones del gobierno carecían de una evaluación objetiva de las condiciones en los países afectados. A continuación, exploramos las implicaciones de este fallo y su impacto en las comunidades migrantes.
Un golpe a la protección migratoria
El TPS, creado en 1990, permite a migrantes de países con condiciones peligrosas, como desastres naturales o conflictos políticos, residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal. En el caso de Honduras y Nicaragua, el programa se otorgó en 1999 tras el huracán Mitch, beneficiando a unos 51,000 hondureños y 2,900 nicaragüenses que han vivido en el país por más de 26 años. Para Nepal, la designación llegó tras los terremotos de 2015, amparando a unos 7,000 inmigrantes durante más de una década.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por la secretaria Kristi Noem, determinó que las condiciones en estos países han mejorado lo suficiente como para justificar la terminación del TPS. La subsecretaria Tricia McLaughlin defendió la medida, argumentando que el programa no fue diseñado como un sistema de asilo permanente y que su uso prolongado por administraciones anteriores desvirtuó su propósito original.
Impacto inmediato en miles de familias
El fallo tiene consecuencias directas para los beneficiarios. Los nepalíes perderán su estatus legal de inmediato, mientras que los hondureños y nicaragüenses tendrán hasta el 8 de septiembre de 2025 para regularizar su situación o enfrentar la deportación. Organizaciones como la Alianza Nacional TPS advierten que esta decisión afectará a más de 40,000 ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos hijos de beneficiarios, quienes podrían enfrentar la separación familiar o la pérdida de ingresos esenciales.
Por ejemplo, Jhony Silva, un beneficiario hondureño, expresó su angustia: “No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”. De manera similar, Sandhya Lama, una beneficiaria nepalí, destacó el impacto en sus hijos ciudadanos estadounidenses, quienes nunca han vivido en Nepal. Estas historias reflejan el temor generalizado entre las comunidades afectadas.
Acusaciones de motivaciones políticas
Los demandantes, representados por grupos como la ACLU y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), argumentan que la terminación del TPS no se basó en un análisis objetivo de las condiciones en Honduras, Nicaragua o Nepal, sino en promesas de campaña de Trump y posibles prejuicios raciales. La jueza Thompson había señalado en su fallo inicial que las decisiones de Noem parecían “preestablecidas” y carecían de fundamentos legales sólidos, una postura que el tribunal de apelaciones desestimó al conceder la suspensión de emergencia solicitada por el gobierno.
Por su parte, Jessica Bansal, abogada de NDLON, calificó el fallo como un “revés devastador” que causará dificultades económicas y emocionales a miles de familias. Emi MacLean, de la ACLU, subrayó que la eliminación del TPS forma parte de una campaña más amplia para despojar a los inmigrantes de estatus legal, afectando no solo a los beneficiarios sino también a las comunidades donde han echado raíces.
Una batalla legal en curso
Pese al fallo, la lucha por el TPS está lejos de terminar. La próxima audiencia está programada para el 18 de noviembre, y los demandantes planean continuar su batalla legal. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA, criticó la decisión del tribunal de apelaciones, afirmando que los beneficiarios “merecen algo mejor” y que el proceso ha ignorado las condiciones reales en los países de origen, como la violencia política en Honduras o la represión en Nicaragua.
Además, la administración Trump ha eliminado el TPS para otros grupos, incluyendo 350,000 venezolanos y 500,000 haitianos, lo que refleja una estrategia más amplia para restringir las protecciones migratorias. Mientras tanto, defensores como la Alianza Nacional TPS y líderes comunitarios como José Palma insisten en que seguirán luchando por una solución permanente, como la residencia legal para los beneficiarios de largo plazo.
