Activistas, organizaciones comunitarias y ciudadanos se movilizaron en Los Ángeles para exigir el cese de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y demandar acceso a servicios de salud para poblaciones vulnerables, incluidas las personas indocumentadas.
Las manifestaciones se extendieron por distintos puntos de la ciudad, con marchas que partieron de barrios con alta población inmigrante hacia edificios públicos y oficinas federales, portando pancartas con mensajes como “ICE fuera de nuestras calles” y “Salud es derecho, no privilegio”.
Denuncias contra las tácticas de ICE
Según los manifestantes y testigos, las redadas se han intensificado recientemente y muchas de ellas se realizaron sin orden clara ni aviso previo. Se reportaron operativos en negocios, zonas residenciales y centros laborales. Las comunidades denunciaron un ambiente de terror y hostigamiento constante.
Los organismos de derechos humanos han dicho que en protestas pasadas en Los Ángeles, la policía usó demasiados gases lacrimógenos. También usaron balas de goma, granadas aturdidoras y proyectiles directos. Esto afectó no solo a los manifestantes, sino también a periodistas y a personas que no estaban en la movilización.
Además, abogados que asistieron a personas detenidas en operaciones pasadas informaron condiciones precarias en los lugares de detención: falta de agua, ventilación insuficiente y raciones mínimas de comida, incluso para niños y familias.
Exigencia de acceso a salud
Un componente central de las protestas es la demanda de acceso universal a servicios de salud, independientemente del estatus migratorio. Los manifestantes dicen que muchas personas indocumentadas no pueden acceder a programas públicos. Esto las deja sin protección en emergencias de salud, enfermedades crónicas y situaciones que necesitan atención rápida.
Respuestas de autoridades y riesgos de escalada
Las autoridades locales han reaccionado con cautela. La alcaldesa de Los Ángeles ha solicitado diálogo con los organizadores y reiterado que la ciudad no cooperará con operativos que violen derechos constitucionales. Los funcionarios federales, por su parte, han defendido las acciones de ICE argumentando que apuntan a individuos con antecedentes penales y que las redadas son una herramienta legal de control migratorio.
Human Rights Watch y otras organizaciones han advertido que la militarización de los operativos en zonas urbanas podría generar una espiral de confrontación y agravar tensiones entre la ciudadanía y el gobierno.
