El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado una ola de controversia con su plan para abrir el centro de detención de inmigrantes más grande de California en California City, condado de Kern. Con capacidad para 2,560 personas, la antigua prisión estatal, cerrada en marzo de 2024, será transformada en un centro de procesamiento migratorio bajo la gestión de CoreCivic, una empresa privada con un historial cuestionado. Este proyecto, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, ha generado protestas, críticas de activistas y preocupación entre los residentes, quienes temen el impacto en sus comunidades.
Un contrato millonario en el centro del debate
El acuerdo, firmado el 20 de junio de 2025, incluye un contrato inicial de 10 millones de dólares por seis meses con CoreCivic para renovar la California City Correctional Facility, según Los Angeles Times. La instalación, construida en 1998, se convertirá en el California City Immigration Processing Center, duplicando la capacidad de detención de inmigrantes en California, que actualmente alberga a 3,200 personas, según VisaVerge.com. El proyecto responde al objetivo de Trump de expandir la capacidad nacional de ICE de 41,500 a 100,000 camas, según The New York Times.
Por lo tanto, el condado de Kern se posicionará como un epicentro de detención migratoria, sumando este centro a los existentes Mesa Verde y Golden State Annex, operados por GEO Group. Sin embargo, la falta de un proceso de licitación pública y el uso de contratos de emergencia han levantado críticas por la falta de transparencia.
Protestas y oposición comunitaria
La comunidad de California City, donde el 40% de los residentes son latinos, ha respondido con manifestaciones y reuniones públicas. En un evento el 30 de julio, la Kern Rapid Response Network y la Dolores Huerta Foundation exigieron al ayuntamiento local rechazar el proyecto, argumentando que prioriza ganancias sobre derechos humanos. Marcela Hernández, de Detention Watch Network, declaró: “La detención migratoria desgarra familias y siembra miedo. Queremos inversión en educación, vivienda y salud, no en jaulas”.
En consecuencia, activistas como Rosa López de la ACLU de Southern California han cuestionado el historial de CoreCivic, señalando 13 muertes en sus centros en 2025, junto con denuncias de negligencia médica y condiciones insalubres, según South Kern Sol. Los residentes, como Sarah Rodríguez, insisten en que los fondos deberían destinarse a escuelas y programas juveniles en lugar de detenciones.
Promesas de empleo vs. preocupaciones éticas
El proyecto promete beneficios económicos, incluyendo 550 empleos y 2 millones de dólares anuales en impuestos, según el alcalde Marquette Hawkins. Hawkins reconoció la sensibilidad del tema, pero señaló que la ciudad carece de autoridad para detener un proyecto federal. “Hemos pedido supervisión para garantizar condiciones humanas”, afirmó, según The Bakersfield Californian. Sin embargo, críticos argumentan que estos beneficios son temporales y no compensan el daño a la comunidad latina.
Pese a todo, la oposición estatal crece. El fiscal general Rob Bonta ha criticado la proliferación de centros de ICE, mientras que Californians United for a Responsible Budget pide al gobernador Gavin Newsom desmantelar permanentemente prisiones cerradas para evitar su uso por ICE. Un fallo federal de 2023, que invalidó la prohibición estatal de prisiones privadas para fines federales, ha complicado estos esfuerzos, según KVPR.
Contexto nacional y tensiones legales
El centro de California City es parte de un plan más amplio de la administración Trump para aumentar la detención de inmigrantes, con proyectos similares en Texas y Michigan. En California, el cierre de prisiones estatales, impulsado por Newsom para ahorrar 900 millones de dólares anuales, dejó instalaciones como California City en un estado de “cierre cálido”, listas para ser reutilizadas, según California Globe. Esto ha generado críticas de que las políticas estatales han facilitado, sin querer, la expansión de ICE.
Por ahora, las protestas continúan. La Dolores Huerta Foundation y otros grupos exigen transparencia y un alto al proyecto, argumentando que convierte a comunidades rurales en “laboratorios del lucro carcelario”. Mientras el centro se prepara para abrir, con un letrero ya instalado y 50 vehículos en el lugar según Tehachapi News, la lucha entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y las autoridades federales promete intensificarse.
