El Departamento de Estado de Estados Unidos ha propuesto una nueva medida migratoria que podría exigir a solicitantes de visas de turismo y negocios pagar una fianza de hasta 15,000 dólares, una iniciativa que amenaza con limitar el acceso de muchos viajeros. Anunciada como un programa piloto de 12 meses, la medida apunta a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. A partir del 20 de agosto de 2025, esta fianza podría transformar el proceso de obtención de visas, generando preocupación entre viajeros y defensores de derechos migratorios.
Un programa piloto para frenar la permanencia ilegal
El programa, que comenzará 15 días después de su publicación oficial en el Registro Federal el 5 de agosto, busca garantizar que los visitantes cumplan con los términos de su visa, evitando que el gobierno asuma costos por incumplimientos. Según el aviso, los solicitantes de visas B1 (negocios) y B2 (turismo) de países con altas tasas de sobreestadía, sistemas de verificación documental deficientes o programas de ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia podrían pagar fianzas de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares. En la mayoría de los casos, se espera que la fianza mínima sea de 10,000 dólares, reembolsable si el viajero abandona EE.UU. dentro del plazo permitido.
Por su parte, el Departamento de Estado no ha especificado los países afectados, pero en 2023, naciones como Venezuela, con un 9.3% de sobreestadías (21,513 casos), y países africanos como Chad, Eritrea y Burundi encabezaron las listas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La lista oficial se publicará en el portal Travel.State.Gov antes de la entrada en vigor del programa, y las exenciones dependerán de las circunstancias individuales de cada solicitante.
Endurecimiento de los requisitos migratorios
Además, la propuesta se enmarca en un contexto de restricciones más amplias. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que los solicitantes de renovación de visas deberán someterse a entrevistas presenciales, un requisito eliminado anteriormente para agilizar trámites. También se exigirá un pasaporte válido para la Lotería de Visas de Diversidad, afectando a miles de aspirantes. Estas medidas reflejan la política de “tolerancia cero” de la administración Trump, que en 2020 intentó un programa piloto similar, frustrado por la pandemia, según un informe de la Associated Press.
En julio de 2025, el Congreso aprobó una “tarifa de integridad de visa” de 250 dólares para visas de no inmigrante, efectiva desde octubre, según el Registro Federal. Combinada con la fianza propuesta, el costo total de una visa B1/B2 podría superar los 15,435 dólares, frente a los 185 dólares actuales, según el Departamento de Estado. Esto podría impactar significativamente a viajeros de países en desarrollo, donde el ingreso promedio anual es menor a esta cantidad.
Excepciones y críticas a la medida
Pese a todo, los ciudadanos de los 42 países del Programa de Exención de Visas, como España, Chile y Japón, están exentos de la fianza, ya que pueden ingresar a EE.UU. por hasta 90 días sin visa. Argentina, que negocia su ingreso a este programa con un índice de rechazo de visas del 8%, también podría quedar excluida, según datos del Departamento de Estado. Sin embargo, la medida ha generado críticas por su potencial impacto económico. El turismo representa el 2.5% del PIB de EE.UU., con 79 millones de visitantes internacionales en 2023, según la Asociación de Viajes de EE.UU., y las fianzas podrían desalentar los viajes.
Por su parte, defensores de derechos migratorios, como el abogado Álex Gálvez, advierten que la fianza afectará a familias que buscan visitar a sus seres queridos. “Es una barrera más para comunidades ya vulnerables”, señaló. El Departamento de Estado justificó la medida bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite exigir garantías de salida. Aunque las fianzas se han considerado antes, su implementación fue desalentada por la complejidad administrativa y el riesgo de percepciones negativas. El programa piloto, gestionado por el Departamento del Tesoro, permitirá evaluar su viabilidad, pero ya genera debate sobre su impacto en las relaciones diplomáticas y el acceso equitativo a EE.UU.
