Una nueva instalación temporal para la detención de inmigrantes en Florida, apodada “Alligator Alcatraz“, ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos, legisladores y organizaciones migrantes. A pesar de que el centro aún no está completamente operativo, ya enfrenta duras críticas por su ubicación remota en los Everglades, la falta de supervisión pública y la posibilidad de que las autoridades detengan a menores de edad dentro del recinto.
Ubicado en el aeropuerto Dade-Collier Training and Transition, en la pequeña localidad de Ochopee, este centro recibió autorización federal la semana pasada para operar con miles de camas destinadas a personas indocumentadas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el plan contempla iniciar con una capacidad de entre 500 y 1,000 camas, con proyecciones de expansión hasta alcanzar 5,000.
Alligator Alcatraz podría albergar niños, aunque no está confirmado
Según un borrador del plan operativo obtenido por el Miami Herald, aunque no se especifica de forma directa que se detendrán niños en Alligator Alcatraz, sí se contemplan disposiciones logísticas para su transporte y vigilancia. El documento señala que el personal deberá transportar a los menores separados de adultos que no sean familiares, y deberá supervisarlos estrictamente.
Familias venezolanas alegan que sus hijos estan siendo secuestrados por el gobierno de EE.UU. al ser separados de ellos en la deportación. Foto: X/@dpiloncita
Además, se indica que durante los traslados se debe garantizar el suministro de agua y alimentos a menores, mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas. Estas menciones han causado preocupación entre grupos que defienden los derechos de los niños. Ellos creen que la instalación no tiene condiciones adecuadas para albergar a menores. Esto es especialmente cierto en un lugar tan aislado.
El DHS ha declarado que la instalación será “una solución eficiente y de bajo costo” para responder al aumento de operativos migratorios. Sin embargo, no ha confirmado si se detendrá oficialmente a menores de edad en el recinto.
Legisladores critican falta de acceso y denuncian violaciones a los derechos humanos
El martes pasado, cinco legisladores estatales demócratas intentaron visitar Alligator Alcatraz, pero se les negó la entrada. Los senadores Shevrin Jones y Carlos Guillermo Smith, junto con las representantes Anna V. Eskamani, Angie Nixon y Michele Rayner, hicieron un comunicado. En él, llamaron a la situación “un abuso claro de poder” y un intento de ocultar violaciones a los derechos humanos.
Algunos niños venezolanos deportados, tuvieron que viajar solos en el avión. Foto: X/@SonPolemicas
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“Si la instalación no es segura para que nosotros la visitemos, ¿cómo puede serlo para las personas que el personal está deteniendo ahí?”, cuestionó el senador Smith.
Lo que agrava aún más la polémica es que apenas dos días antes, el presidente Donald Trump y otros funcionarios republicanos visitaron el lugar sin ningún inconveniente.
Según los legisladores, negar el acceso va en contra de las leyes estatales. Estas leyes permiten a los miembros del Congreso local visitar instalaciones del estado sin aviso previo. La respuesta oficial del gobierno de Florida ha sido evasiva, limitándose a indicar que la prioridad es “la seguridad del personal y de los detenidos”.
Alligator Alcatraz: instalación temporal en medio del estado de emergencia migratoria
La División de Manejo de Emergencias de Florida está operando la instalación, bajo una orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia migratoria en el estado. Esto ha permitido movilizar recursos rápidamente, incluyendo la participación de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad y logística.
Para el acondicionamiento del centro, se han utilizado remolques de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), anteriormente empleados durante catástrofes naturales. Las primeras unidades son estructuras blandas y temporales, pero se contempla la construcción de edificaciones más permanentes en los próximos meses.
El costo de operación de Alligator Alcatraz se estima en unos 450 millones de dólares anuales. Mientras que el gobernador Ron DeSantis ha celebrado la medida como un “hito en la recuperación de la soberanía nacional”, organizaciones de derechos civiles advierten que esta expansión acelerada de centros de detención podría generar condiciones de hacinamiento, negligencia médica y violaciones al debido proceso.
En redes sociales, el nombre Alligator Alcatraz ya se ha convertido en símbolo de controversia. Algunos críticos lo consideran una alusión insensible al famoso presidio de alta seguridad, y un intento de normalizar la criminalización de los migrantes.
Por su parte, el DHS ha reiterado que el centro está diseñado para albergar “a lo peor de lo peor” de los detenidos, aunque no ha ofrecido detalles sobre los perfiles de quienes el DHS trasladará ahí bajo el programa federal 287(g), que permite a las autoridades locales colaborar con el ICE.
La implementación de este centro se da en medio del que la administración Trump ha descrito como “el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia del país”. Grupos de defensa legal y activistas han prometido monitorear de cerca las condiciones del lugar, especialmente si se confirma la detención de menores de edad.
