Migración y fondos son el centro de una batalla legal que enfrenta al gobierno del presidente Donald Trump con un grupo de 21 estados y la ciudad de Washington D.C. La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Rhode Island, donde los fiscales generales de los estados acusan a la Administración de condicionar los recursos federales de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés) al cumplimiento de acciones migratorias contra indocumentados.
“El intento descarado de manipular fondos importantes para las víctimas de delitos es inaceptable. Esto se hace para presionar a los estados a que apoyen las políticas migratorias de la Administración. Este acto va en contra de dos principios básicos del gobierno estadounidense: la separación de poderes y el federalismo”, dice la demanda.
Los estados demandantes incluyen a Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y la capital estadounidense.
20 estados y DC demandan al Departamento de Justicia para detener los requisitos de inmigración sobre los fondos para víctimas. Foto: X/@NewsHeraldMI
Qué está en juego con los fondos de VOCA y la migración
El Congreso aprobó la VOCA hace más de 40 años para atender la desprotección que enfrentaban las víctimas en el sistema judicial. El Departamento de Justicia (DOJ) administra estos fondos. Ahora están bajo la fiscal general Pam Bondi. Se usan para servicios esenciales. Estos servicios incluyen atención médica, terapia psicológica y refugios de emergencia. También cubren transporte a audiencias judiciales, gastos funerarios y compensación por pérdida de ingresos.
Para este año, el presupuesto es de más de $1,400 millones de dólares. La demanda muestra que entre 2021 y 2024, estos fondos ayudaron a más de 8.5 millones de víctimas de delitos cada año. También se atendieron más de 200,000 reclamaciones por pérdidas sufridas.
Los demandantes argumentan que usar estos recursos como “moneda de cambio” en temas de migración pone en riesgo la recuperación de miles de víctimas en todo el país.
Migración y fondos: la postura de los estados demandantes
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la medida como un abuso de poder:
“El gobierno federal intenta utilizar los fondos para víctimas de delitos como herramienta de presión. Estas subvenciones se crearon para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse. Lucharemos para que cumplan con ese propósito. Los neoyorquinos merecen un sistema que priorice su seguridad. No cederemos al chantaje”.
“El gobierno federal está intentando utilizar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir sus órdenes en materia de control migratorio”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Solo en Nueva York, están en juego más de $212 millones de dólares de recursos de VOCA. Estos fondos apoyan más de 250 programas comunitarios. Incluyen refugios para víctimas de violencia doméstica y líneas telefónicas de emergencia. También ofrecen servicios para personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Además, brindan acompañamiento en los tribunales.
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Según el escrito legal, condicionar la entrega de los fondos a la cooperación con operativos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contradice directamente las leyes estatales y locales, especialmente en estados que han adoptado políticas “santuario”.
Migración y fondos: el choque con las políticas de la Administración Trump
El gobierno de Trump ha insistido en que los estados colaboren con ICE a través de acuerdos como el programa 287(g), que permite que policías locales trabajen con la agencia migratoria en la detención de indocumentados. Sin embargo, los estados demandantes sostienen que estas exigencias violan su autonomía y generan un ambiente de desconfianza que desincentiva a las víctimas a denunciar delitos por miedo a la deportación.
“Estas condiciones ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades. Las víctimas y testigos deben sentirse libres de acudir a las autoridades sin temor a ser entregados a inmigración”, señala la demanda.
El conflicto entre migración y fondos ha abierto un debate sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal para imponer sus prioridades en materia migratoria, especialmente cuando se trata de recursos creados originalmente para proteger a las víctimas de delitos.
