El presidente Donald Trump desató una controversia nacional al anunciar este jueves una orden para realizar un nuevo censo “de alta precisión” que excluya a los inmigrantes indocumentados, utilizando datos de las elecciones de 2024. La medida, que busca influir en la redistribución de distritos electorales, ha generado críticas por su impacto en la representación política y su desafío a las normas constitucionales.
Un censo con fines políticos
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump instruyó al Departamento de Comercio a trabajar “de inmediato” en un censo que no contabilice a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., según estimaciones del Pew Research Center. “Las personas indocumentadas no serán contabilizadas”, afirmó, rompiendo con la tradición del censo, que históricamente incluye a todas las personas residentes, independientemente de su estatus migratorio. Este anuncio llega en medio de una agresiva política migratoria que incluye deportaciones masivas y restricciones al asilo, implementadas desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.
Por su parte, la Constitución de EE.UU. establece que el censo, realizado cada 10 años, es la base para asignar escaños en el Congreso y redistribuir distritos electorales. El último censo tuvo lugar en 2020, y el próximo está programado para 2030. Sin embargo, Trump busca un censo intermedio que, según expertos, podría beneficiar al Partido Republicano al reducir la representación en áreas con alta población inmigrante.
Controversia en Texas y más allá
La orden de Trump coincide con un esfuerzo de legisladores republicanos en Texas para redibujar el mapa electoral del estado, una iniciativa que añadiría cinco escaños republicanos a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026. Esta propuesta, respaldada por el gobernador Greg Abbott, ha generado un fuerte rechazo entre los demócratas texanos, quienes abandonaron el estado en julio para evitar que la legislatura alcance el quórum necesario para aprobar la medida. En respuesta, Abbott amenazó con arrestar a los legisladores ausentes, intensificando la polarización política.
Además, la redistribución a mitad de década es inusual, ya que los cambios en los distritos electorales suelen basarse en los datos decenales del censo. Según la Oficina del Censo, los resultados de 2020 determinaron la asignación de 435 escaños en la Cámara, y cualquier censo intermedio solo puede usarse con fines estadísticos, no para alterar la representación. La maniobra de Trump, sin embargo, busca desafiar estas normas, generando críticas de expertos legales como Michael Li, del Brennan Center for Justice, quien calificó la propuesta como “un intento descarado de manipular el poder político”.
Reacciones y posibles consecuencias
Por otro lado, estados liderados por demócratas, como California y Nueva York, han advertido que podrían iniciar procesos similares si el plan de Trump avanza. En California, donde los inmigrantes representan el 27% de la población, según datos del Migration Policy Institute, los legisladores locales han prometido defender la inclusión de todos los residentes en el censo. “Excluir a los indocumentados es un ataque a la democracia”, afirmó el senador estatal Alex Padilla, quien instó a acciones legales contra la orden de Trump.
La propuesta también enfrenta obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció que presentará una demanda, argumentando que el censo debe contar a todas las personas según el Artículo I de la Constitución. Un fallo de la Corte Suprema en 2020 ya rechazó un intento similar de Trump para excluir a los indocumentados, lo que sugiere que la nueva orden podría ser bloqueada en los tribunales.
Impacto en las comunidades inmigrantes
Mientras tanto, la orden ha generado temor en las comunidades inmigrantes. Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) advierten que excluir a los indocumentados podría reducir los fondos federales para estados con alta población migrante, afectando servicios como educación y salud. En 2020, el censo asignó más de 1.5 billones de dólares en fondos federales basados en la población total. La exclusión de millones de personas también podría disminuir la representación política de áreas urbanas, beneficiando a regiones rurales más conservadoras.
A medida que la administración Trump avanza con esta controvertida iniciativa, el debate sobre el censo y su impacto en el equilibrio de poder político en EE.UU. promete intensificarse, con implicaciones que podrían moldear el panorama electoral de la próxima década.
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