Desde el 6 de junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha arrestado a más de 5,000 inmigrantes indocumentados en Los Ángeles, marcando un hito en la intensificación de las redadas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump. Estas operaciones, lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han generado protestas y críticas por parte de líderes locales y defensores de derechos humanos, quienes denuncian tácticas agresivas y detenciones indiscriminadas.
Una ola de detenciones sin precedentes
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció el 26 de agosto que las agencias federales alcanzaron la cifra de 5,000 arrestos en Los Ángeles, enfocándose en lo que describen como “los peores criminales”. Sin embargo, datos del DHS revelan que el 70% de los detenidos no tienen condenas penales, y muchos solo enfrentan cargos por su estatus migratorio. Entre los arrestados hay ciudadanos de México, Guatemala, El Salvador, Vietnam, China y Eritrea, con mexicanos representando el 53% de los indocumentados en la ciudad, según el Instituto de Política Migratoria.
Por ejemplo, el Consulado General de México en Los Ángeles reportó que, de 641 mexicanos entrevistados en centros de detención entre junio y agosto, el 85% son hombres que han vivido en EE.UU. por más de una década, y el 40% tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Solo el 24% ha sido deportado, mientras que 20 personas obtuvieron la libertad tras decisiones judiciales.
Operativos que desafían órdenes judiciales
A pesar de una orden de restricción temporal emitida el 11 de julio por una jueza federal, ratificada el 1 de agosto por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, las redadas no han cesado. La orden prohíbe arrestos basados únicamente en raza, idioma o ubicación, tras denuncias de que agentes de ICE detuvieron a personas en sitios como Home Depot, lavados de autos y fábricas de ropa. La ACLU de California reportó casos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales detenidos por error, incluyendo a un niño de 4 años con cáncer deportado a Honduras.
Pese a todo, el DHS insiste en continuar los operativos. La portavoz Tricia McLaughlin afirmó que las acciones están dirigidas a “criminales peligrosos”, destacando arrestos de personas con antecedentes por homicidio, abuso sexual y tráfico de drogas. Sin embargo, datos del Cato Institute indican que el 65% de los detenidos desde octubre de 2024 no tienen condenas por delitos graves.
Impacto en las comunidades y protestas
Las redadas han transformado los vecindarios latinos de Los Ángeles. Calles vibrantes en áreas como MacArthur Park y Boyle Heights se han vaciado, con negocios locales reportando pérdidas significativas. Una redada en una fábrica de ropa el 6 de junio desató protestas masivas que se extendieron por días, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. El 7 de julio, el despliegue de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad, ordenado por Trump, intensificó las tensiones, según NBC News.
Además, el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass han condenado las tácticas federales, calificándolas de “desproporcionadas” y “aterrorizantes”. Bass celebró la orden judicial como “una victoria para el estado de derecho”, mientras que el congresista Alex Padilla exigió una investigación sobre posibles violaciones a los derechos civiles.
Perfiles de los detenidos y desafíos legales
El Consulado Mexicano señaló que muchos arrestados son trabajadores de la construcción, jardineros y obreros agrícolas, con un 13% detenidos en lavados de autos, un blanco frecuente de ICE. La mayoría ha residido en EE.UU. por años, algunos hasta 40, lo que subraya el impacto en familias establecidas. Organizaciones como la ACLU han establecido líneas directas para asistir a los afectados, mientras que el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error, ha reavivado el debate sobre la legalidad de estas acciones.
Por lo tanto, mientras Los Ángeles enfrenta las consecuencias de estas redadas, las comunidades migrantes viven con incertidumbre. Para más información o asistencia, contacte al 1-800-225-5324.
