Una jueza federal en Washington D.C. puso freno este 29 de agosto a las deportaciones rápidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. La medida, que permitía expulsar a migrantes indocumentados sin audiencia judicial, fue cuestionada por violar el debido proceso. La decisión de la jueza Jia Cobb responde a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Make The Road New York. Estas organizaciones argumentaron que la política afecta los derechos de miles de personas en el interior del país.
La política de deportaciones exprés, restablecida en enero de 2025, se enfocaba en migrantes que no pudieran probar dos años continuos en EE.UU. El fallo marca un revés para la campaña de Trump, quien prometió deportaciones masivas. La jueza criticó la rapidez del proceso, que podría llevar a errores graves.
Un golpe a la política migratoria
El dictamen de 48 páginas de la jueza Cobb no cuestiona la legalidad de las deportaciones rápidas usadas históricamente en la frontera sur. Sin embargo, rechaza su expansión a comunidades del interior del país. “El gobierno debe garantizar un proceso justo”, afirmó Cobb, destacando la importancia de la Quinta Enmienda. Esta enmienda protege el derecho a un juicio equitativo, algo que la política de expulsión inmediata no aseguraba.
La ACLU celebró la decisión, señalando que protege a migrantes que han vivido años en EE.UU. La política de Trump, aplicada desde su regreso a la presidencia, ha generado controversia. Muchos temen que las deportaciones rápidas afecten a personas con raíces profundas en el país.
Su impacto en México
El fallo tiene implicaciones para México, principal origen de muchos migrantes afectados. En la frontera, las deportaciones rápidas han sido una práctica común para quienes ingresan recientemente. Sin embargo, extenderlas al interior de EE.UU. ponía en riesgo a comunidades establecidas. La jueza Cobb señaló que el gobierno no puede ignorar los derechos de estas personas, muchas de las cuales enfrentan detenciones sin previo aviso.
En San Diego, grupos comunitarios han organizado patrullas para alertar sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión judicial podría dar un respiro a estas comunidades, que viven con el temor constante a la deportación.
En el centro del debate
La política migratoria de Trump ha sido un tema candente desde su campaña de 2024. Su promesa de deportar a 11 millones de indocumentados generó críticas y movilizaciones. El fallo de Cobb refuerza la necesidad de un proceso legal justo, especialmente para quienes han construido sus vidas en EE.UU. La jueza advirtió que ignorar la Quinta Enmienda pone en riesgo no solo a migrantes, sino a todos los ciudadanos.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones rápidas como una forma de agilizar la aplicación de la ley migratoria. Sin embargo, la decisión judicial destaca que la rapidez no puede estar por encima de los derechos. Mientras el debate continúa, la ACLU y otras organizaciones seguirán luchando por los derechos de los migrantes. Este fallo, aunque temporal, es un paso hacia la protección de comunidades vulnerables en EE.UU.
