La detención de José Contreras Cervantes, un inmigrante de 33 años diagnosticado con leucemia, ha generado fuertes críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A pesar de que su enfermedad es grave, las autoridades no han permitido su liberación. Dicen que tiene un proceso de deportación pendiente.
El caso se volvió público luego de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan presentara una moción para solicitar una audiencia de fianza. El objetivo es que Contreras pueda volver con su familia en el área de Detroit y continuar su tratamiento médico, mientras avanza su proceso en un tribunal de inmigración. Actualmente permanece recluido a más de tres horas de su hogar, lo que ha complicado su atención.
Entre la enfermedad y la detención
Contreras Cervantes vive en Estados Unidos desde hace casi dos décadas, aunque no cuenta con un estatus legal. Fue detenido el 5 de agosto durante una parada de tráfico en el condado de Macomb, cerca de Detroit, y desde entonces se encuentra bajo custodia. Según su abogada, Miriam Aukerman, no tenía antecedentes criminales ni procesos abiertos en su contra.
El inmigrante fue diagnosticado en 2022 con leucemia mieloide crónica, un cáncer que afecta la médula ósea y que compromete seriamente su estado de salud. Su esposa, Lupita Contreras, explicó que los médicos advirtieron que su expectativa de vida podría ser de apenas “cuatro a seis años” si no continúa con la medicación correcta. Por lo tanto, la falta de atención especializada puede poner en riesgo su supervivencia inmediata.
Falta de medicamentos y traslados constantes
Uno de los puntos más criticados es el trato médico que ha recibido desde su detención. Según su familia, Contreras fue trasladado en varias ocasiones entre centros de detención en Michigan y Ohio. Durante ese proceso, pasó más de 20 días sin recibir los medicamentos prescritos para su tratamiento.
Actualmente se encuentra en el Centro de Procesamiento North Lake, una instalación privada ubicada en Baldwin, Michigan. Sin embargo, de acuerdo con la ACLU, lo que recibe son medicamentos sustitutos, no el fármaco específico recomendado por sus médicos en Detroit. Esta situación ha generado alarma entre defensores de inmigrantes y grupos de derechos civiles, quienes señalan que negar un tratamiento adecuado puede tener consecuencias irreversibles para su salud.
Un cambio en la política de detención
La ACLU dice que la detención de Contreras Cervantes muestra un cambio en las políticas migratorias. Estas políticas han eliminado la opción de audiencias de fianza. Esto afecta a quienes entraron al país sin permiso, incluso si no tienen antecedentes penales. Antes, era común que los jueces de inmigración evaluaran caso por caso y determinaran si una persona podía afrontar su proceso en libertad.
“Los jueces deben decidir quién permanece en la cárcel, no las agencias de inmigración”, remarcó la abogada Aukerman. En su opinión, la política actual convierte la detención en un castigo indefinido que puede extenderse durante meses o incluso años, lo que afecta no solo a los detenidos, sino también a sus familias.
Este debate ya ha llegado a otros tribunales. Esta misma semana, una corte en Washington falló contra la práctica de negar audiencias de fianza de forma automática. Ese precedente podría influir en el caso de Contreras y de otros inmigrantes en circunstancias similares.
Una lucha legal en marcha
La ACLU de Michigan presentó una moción ante un tribunal federal en Detroit, solicitando que se ordenen audiencias de fianza no solo para Contreras Cervantes, sino también para otras siete personas en condiciones parecidas. La organización argumenta que el derecho al debido proceso debe respetarse para todos, sin importar su estatus migratorio.
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“Lo que el gobierno está haciendo es tratar de doblegar a las personas, hacer que se rindan y acepten la deportación”, expresó Aukerman. “Nosotros decimos que no. Ellos tienen derecho a defenderse, a estar con sus familias y a recibir atención médica adecuada”.
El silencio de ICE
Hasta el momento, ICE no ha emitido comentarios sobre este caso en particular. No obstante, el organismo fue cuestionado en repetidas ocasiones por la falta de transparencia respecto a las condiciones en los centros de detención y el acceso a servicios médicos para las personas bajo su custodia.
