Desde marzo de 2021, el estado de Texas implementa la Operación Lone Star, cuyo objetivo es frenar la migración ilegal a través del Río Bravo. Esta estrategia incluye un muro de contenedores, cercas, boyas con cuchillas y un fuerte despliegue militar. El gobernador republicano Greg Abbott ha utilizado esta operación para reforzar el control en la frontera y promover un discurso antiinmigrante. Sin embargo, esta política ha aumentado los riesgos para las personas que intentan cruzar, incrementando los casos de ahogamientos en esta peligrosa zona fronteriza.
Cooperación y vigilancia intensa
Recientemente, un helicóptero estadounidense apoyó a agentes mexicanos del Instituto Nacional de Migración (INM) en rondas de vigilancia en el Río Bravo. Desde el aire, el operativo buscaba localizar a presuntos traficantes de personas y drogas en la zona. Este tipo de colaboración binacional refleja una mayor presión para controlar el flujo migratorio en la frontera norte de México, imponiendo severas restricciones y acciones policiacas.

Lanzan operativo antiinmigrante en Río Bravo: Consecuencias y riesgo para migrantes
El endurecimiento de las medidas ha llevado a que los migrantes opten por rutas más peligrosas, incrementando riesgos y muertes. En 2022, tres de cada diez ahogamientos ocurrieron cerca de Piedras Negras, justo en el área más vigilada por la Operación Lone Star. La militarización intensiva y las barreras físicas han provocado que muchos migrantes enfrenten condiciones extremas, dificultando su tránsito seguro y aumentando la vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos.

Contexto político y social
La ley SB4 firmada por Abbott en 2023 amplió las facultades de las autoridades locales para detener y deportar personas que no presenten documentación migratoria. Esta norma, considerada una de las más duras en décadas, está vigente desde marzo de 2025 y ha generado críticas por su carácter represivo y sus efectos en comunidades fronterizas. Mientras el gobernador defiende estas políticas como una defensa frente a la supuesta desatención del gobierno federal, grupos de derechos humanos advierten que incrementan la crisis humanitaria.
El operativo antiinmigrante en Río Bravo ejemplifica el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera México-Estados Unidos. Esta estrategia, liderada por Texas con apoyo estadounidense, busca frenar el flujo migrante pero ha generado un ambiente peligroso y más mortal para quienes intentan cruzar. La militarización y las leyes restrictivas colocan a miles en riesgo, evidenciando una crisis humanitaria que requiere atención y soluciones integrales para respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad de las personas migrantes.