El Gobierno de Estados Unidos alertó sobre presuntas amenazas contra agentes de inmigración y fronterizos atribuidas a organizaciones criminales mexicanas, aunque desde México se rechazó de manera enfática que existan recompensas o acuerdos para atacar a funcionarios estadounidenses. La información fue difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que asegura haber obtenido datos “creíbles” sobre un esquema de pagos para agredir o asesinar a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El informe del DHS sobre supuestas recompensas
De acuerdo con el comunicado oficial, las redes criminales han emitido “instrucciones explícitas” a presuntos simpatizantes en territorio estadounidense, incluidas pandillas locales de Chicago, para vigilar y hostigar a agentes federales. La alerta menciona específicamente la presencia de miembros vinculados a grupos como Latin Kings, quienes habrían sido identificados monitoreando movimientos de funcionarios de ICE y CBP en zonas donde operan oficinas migratorias.
Según el DHS, la estructura de pagos supuestamente ofrece distintas compensaciones según el nivel de participación o el cargo del oficial atacado. Las cifras mencionadas van desde los 2,000 dólares por recopilar información personal, hasta los 50,000 dólares, equivalentes a casi un millón de pesos, por ejecutar asesinatos de altos funcionarios. La información, señala el departamento, se basa en investigación de campo e inteligencia compartida entre agencias federales.
Esquema escalonado de pagos y vigilancia
El documento describe la existencia de una red de vigilancia con presencia activa en barrios de Chicago como Pilsen y La Villita. Los grupos utilizan azoteas y comunicaciones por radio para seguir los desplazamientos de unidades de ICE y CBP, implementando estrategias de coordinación dignas de una operación militar.
Además, los presuntos pagos estarían organizados en tres niveles:
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Recolección de información: Un pago inicial de alrededor de 37,000 pesos por identificar agentes o sus familiares.
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Ataques no letales: Entre 92,000 y 185,000 pesos por secuestrar o agredir sin causar muerte.
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Asesinatos de oficiales: Hasta un millón de pesos para cometer homicidios de mandos altos.
Sin embargo, el Gobierno mexicano negó completamente estas versiones y calificó los señalamientos como “infundados”. Autoridades federales dijeron que no existe evidencia verificable que vincule a cárteles mexicanos con pagadores dentro de Estados Unidos por este tipo de acciones.
“Una campaña de terror contra nuestros agentes”
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, condenó las amenazas y expresó apoyo total a los funcionarios en riesgo. “Estas redes criminales libran una campaña organizada de terror contra los hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras”, sostuvo en el comunicado. Además, enfatizó que sus investigadores enfrentan emboscadas con drones, amenazas de muerte y acoso sistemático.
La funcionaria añadió con firmeza: “No cederemos ante las intimidaciones. Todo delincuente, extremista o inmigrante ilegal involucrado en estas amenazas será confrontado con el peso total de la justicia estadounidense”. Según Noem, los operativos de seguridad se han intensificado en áreas fronterizas y en ciudades donde hay presencia de grupos coordinados con organizaciones internacionales.
México responde y rechaza la acusación
En respuesta, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó categóricamente las afirmaciones del DHS. Fuentes consultadas señalan que no hay indicios de un esquema organizado de recompensas provenientes de cárteles ni participación institucional en acciones violentas contra agentes estadounidenses.
Funcionarios mexicanos insistieron en que la cooperación bilateral en seguridad continúa activa y que ambos países comparten inteligencia para combatir el tráfico de personas, armas y drogas, pero nunca para promover agresiones a oficiales federales. Además, destacaron que las declaraciones del DHS podrían tener motivaciones políticas en medio del reforzamiento del discurso de seguridad de la administración del presidente Donald Trump.
El contexto de las designaciones terroristas
La alerta se produce meses después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera oficial la designación de varias organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas internacionales. Entre las entidades señaladas figuran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el conglomerado conocido como “Cárteles Unidos”.
La medida permite al Gobierno estadounidense aplicar sanciones más severas y ampliar su jurisdicción para operaciones de inteligencia y captura fuera del país. En consecuencia, el DHS ha intensificado su labor de vigilancia y coordinación con otras agencias en frontera y ciudades clave del centro del país.
Operativos federales y creciente tensión diplomática
En los últimos meses, las tensiones entre Washington y Ciudad de México han aumentado debido a la implementación de operativos unilaterales en la frontera sur. Los agentes de ICE y CBP han reforzado su presencia en puntos considerados estratégicos, mientras que los cárteles de tráfico de migrantes y drogas han diversificado sus rutas hacia Texas y Arizona.
Aunque el DHS sostiene que sus alertas buscan proteger vidas y garantizar la seguridad de sus funcionarios, analistas locales y diplomáticos advierten que este tipo de comunicados podría afectar la colaboración bilateral en temas de migración y combate al crimen organizado.
Por lo tanto, pese a las declaraciones y advertencias, la postura de ambos gobiernos refleja un equilibrio frágil entre cooperación e intercambio de inteligencia, justo en medio de un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo el mandato del presidente Trump.
