Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana terminó con un agente herido y un detenido enfrentando cargos de agresión. El incidente en Tullos ha reavivado el debate sobre la seguridad de los oficiales federales. También ha aumentado los ataques durante operativos migratorios en varias partes del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el inmigrante identificado como Maximiliano Pérez Pérez mordió a uno de los agentes en la mano cuando intentaba escapar. El ataque le causó heridas y sangrado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
El incidente en Tullos, Luisiana
De acuerdo con el informe oficial, los agentes intentaban detener a Pérez Pérez cuando este se resistió al arresto. Durante el forcejeo, el sujeto mordió al agente y trató de huir del lugar, pero fue detenido pocos minutos después.
El DHS describió la agresión como usar “los dientes como arma”. También dijo que el inmigrante fue acusado de agresión a un oficial federal. Además, los fiscales federales de Luisiana consideraron que la resistencia activa y la intención de infligir daño físico agravan los cargos.
Según los registros migratorios, Pérez Pérez se encuentra en el país de manera irregular. Las autoridades indicaron que ingresó sin pasar por un proceso de inspección ni recibir permiso legal de estancia, aunque no se ha precisado la fecha exacta de su entrada.
Los oficiales señalaron que, una vez procesado por los delitos federales, el inmigrante enfrentará también un procedimiento de deportación.
Aumento alarmante de ataques contra agentes federales
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que los incidentes de violencia contra agentes de inmigración están en aumento. La subsecretaria Tricia McLaughlin informó que las agresiones contra miembros del DHS se han incrementado un 1,150% en los últimos años, mientras que las amenazas de muerte se dispararon un 8,000%.
McLaughlin explicó que los agentes enfrentan cada día “una creciente hostilidad” en el cumplimiento de su trabajo, y lamentó que muchos migrantes recurran a la violencia para evitar su arresto. “Nuestros oficiales arriesgan su seguridad en cada operativo; merecen respeto y el pleno respaldo de la ley”, afirmó.
Además, la funcionaria señaló que ciertas políticas locales que limitan la cooperación con ICE “dificultan las operaciones” y “pueden alentar la evasión de la justicia”. La funcionaria aseguró que el DHS no permitirá actos de violencia contra sus agentes y perseguirá judicialmente todos los casos.
Riesgos crecientes en los operativos migratorios
Los operativos de ICE suelen implicar riesgos físicos, especialmente cuando los agentes realizan detenciones en zonas residenciales o rurales. En los últimos años, varios incidentes similares se han reportado en Texas, Arizona y California, donde los oficiales se han enfrentado a agresiones con armas blancas, mordeduras y ataques con vehículos.
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En Luisiana, las operaciones de control migratorio aumentaron desde mediados de 2024 como parte de la iniciativa federal “Border Action”, que busca localizar y detener a personas con órdenes de deportación vigentes o antecedentes criminales.
El caso de Pérez Pérez ocurrió en medio de un operativo más amplio dirigido a identificar a migrantes que, según ICE, “representan un riesgo para la seguridad pública por sus intentos reiterados de evasión”. El organismo reiteró que este tipo de hechos demuestra la peligrosidad de algunos arrestos y la necesidad de mantener el respaldo institucional hacia los cuerpos de seguridad.
ICE promete medidas más estrictas
El DHS informó que abrirá una investigación interna para revisar el uso de fuerza en el arresto y reforzar los protocolos de seguridad para los agentes. “No permitiremos que este tipo de ataques queden impunes. Garantizaremos que nuestros oficiales cuenten con la protección y los recursos necesarios”, señaló el comunicado.
ICE planea ampliar los programas de capacitación en manejo de situaciones de resistencia y promover nuevos equipos de protección para sus agentes. Según fuentes del organismo, el gobierno federal evalúa aumentar el presupuesto de seguridad operativa ante el incremento de incidentes violentos.
Por su parte, el agente lesionado se recupera favorablemente. Su identidad no fue revelada para proteger su privacidad, pero compañeros del cuerpo destacaron su rápida reacción, que evitó una situación más grave.
El inmigrante permanece bajo custodia federal mientras enfrenta sus cargos en los tribunales de Luisiana. Si se le declara culpable, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión antes de ser deportado a su país de origen.
