Agentes federales irrumpieron el 6 de agosto de 2025 en un Home Depot en el barrio Westlake de Los Ángeles, utilizando un camión de mudanzas como señuelo en la llamada “Operación Caballo de Troya”. Esta redada, que resultó en la detención de 16 migrantes, ha generado críticas por violar una orden judicial que prohíbe arrestos indiscriminados, intensificando el temor en la comunidad inmigrante de la ciudad.
Una táctica controvertida en Westlake
El operativo comenzó al amanecer, cuando un camión de alquiler de la compañía Penske se estacionó en el aparcamiento del Home Depot, cerca del Parque MacArthur, un punto neurálgico para la comunidad inmigrante centroamericana. Según testigos, un conductor hablando en español fingió buscar trabajadores, atrayendo a jornaleros que ofrecían sus servicios. De repente, seis agentes enmascarados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) salieron del vehículo y persiguieron a los presentes, deteniendo a 16 personas de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Un video de la Unión del Barrio capturó a los agentes regresando al camión tras las detenciones.
Por su parte, Penske emitió un comunicado desvinculándose del operativo, afirmando que desconocía el uso de su vehículo y que prohíbe estrictamente transportar personas en el área de carga. “No autorizamos esto y tomaremos medidas para evitarlo en el futuro”, señaló la empresa. Sin embargo, la táctica ha sido ampliamente cuestionada por activistas, quienes la califican de “despiadada” y diseñada para sembrar miedo.
Desafío a la justicia federal
La redada ocurre en un contexto de tensión legal. El mes pasado, un juez federal emitió una orden de restricción temporal en el Distrito Central de California, ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones el 1 de agosto, que prohíbe a ICE y CBP realizar detenciones basadas únicamente en raza, etnia, acento o lugar de trabajo. Esta medida respondió a denuncias de perfilamiento racial, incluyendo casos de ciudadanos estadounidenses arrestados por error. Pese a ello, el fiscal federal interino Bill Essayli defendió el operativo en redes sociales, declarando que “la aplicación de la ley federal no es negociable” y negando la existencia de “ciudades santuario”.
El DHS afirmó que el objetivo era capturar a presuntos miembros de la pandilla MS-13, pero no proporcionó pruebas de vínculos criminales de los detenidos. Mark Rosenbaum, abogado de Public Counsel, acusó al gobierno de mentir al público al presentar estas redadas como operaciones contra delincuentes peligrosos. “En Los Ángeles, se está atacando a trabajadores, no a criminales”, afirmó, señalando que la mayoría de los arrestados son jornaleros sin antecedentes penales.
Una comunidad bajo presión
Las redadas han transformado la vida en Westlake, donde los jornaleros y vendedores ambulantes, muchos de ellos indocumentados, enfrentan un clima de miedo constante. Desde junio, ICE ha arrestado a casi 3,000 migrantes en el sur de California, según datos del DHS, con operativos en Home Depots, fábricas y granjas. La administración Trump, bajo la dirección del jefe de gabinete Stephen Miller, ha establecido una meta de 3,000 detenciones diarias a nivel nacional, movilizando a agencias como el FBI y los U.S. Marshals para apoyar a ICE.
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó las tácticas como “antiestadounidenses” y anunció que la ciudad evalúa opciones legales para proteger a sus residentes. “Estas acciones siembran terror y no las aceptaremos como la nueva normalidad”, afirmó. Organizaciones como la Unión del Barrio han intensificado patrullas comunitarias, alertando sobre vehículos sospechosos como el camión Penske utilizado en el operativo.
Llamados a la resistencia
Activistas como Ron Gochez, de la Unión del Barrio, instaron a la comunidad a mantenerse vigilante. “No podemos confiar en que este presidente respete las órdenes judiciales. Solo el pueblo organizado puede defenderse”, declaró. La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes reportó que muchos jornaleros han dejado de acudir a Home Depot por temor, afectando su sustento. “Estas son personas que solo buscan trabajar para pagar la renta y alimentar a sus familias”, dijo un voluntario de la Unión de Inquilinos de Los Ángeles, quien grabó el operativo.
Mientras las protestas persisten y las demandas legales avanzan, la comunidad inmigrante de Los Ángeles enfrenta una incertidumbre creciente, con el espectro de más redadas ensombreciendo su día a día.
